La UCO de la Guardia Civil cumple 25 años en la élite

La Jefatura de Policía Judicial

Al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar la investigación y persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica llevando a cabo las funciones de Policía Judicial específica de la Guardia Civil. Así como la colaboración en dichas materias y en su propio ámbito corporativo, con otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros.
De la Jefatura de Policía Judicial dependen:
  • Unidad Central Operativa (UCO): Como Unidad específica de Policía Judicial, tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica, internacional y aquella otra cuyas especiales características así lo aconsejen; así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales.
  • Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ):Tiene como misión el asesoramiento técnico al mando de la Jefatura de la Policía Judicial en sus funciones, y como Unidad específica de Policía Judicial, centralizar la información sobre delincuencia y la de interés tanto para la acción de mando en este ámbito, como para la operatividad de las Unidades de Policía Judicial territoriales, ubicadas a nivel provincial. De igual forma elaborará las normas técnico-operativas de funcionamiento, centralizará la gestión de los sistemas de información de apoyo para las investigaciones o relacionados con la delincuencia, y materializará la cooperación e intercambio de información con otros organismos afines, nacionales y extranjeros. Asimismo, encuadra a efectos administrativos al personal del Cuerpo de la Guardia Civil destinado en Interpol, Europol, Sirene y demás órganos compartidos con policías nacionales y extranjeras.
  • Servicio de Criminalística:Tiene como misiones coadyuvar al esclarecimiento de los hechos penales, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos científicos especiales, elaborar los informes periciales y técnicos que demanden los Órganos Judiciales y las Unidades de Investigación. Identificar personas en sucesos con víctimas múltiples, prestar los apoyos técnicos operativos que se le ordenen y la investigación científica en su ámbito.

Dependen técnicamente de la Jefatura de la Policía Judicial, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial territoriales, que tienen como misión desarrollar las funciones específicas de Policía Judicial por razón del territorio o especialización técnica. Dicha dependencia será sin perjuicio de la funcional que estas unidades tengan respecto de los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal.

La Unidad Central Operativa (U.C.O.), es el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil de España, encargada de la investigación y persecución de la más graves formas de delincuencia y crimen organizado ya sea nacional o internacional, así como el apoyo a Unidades Territoriales de Policía Judicial, que por falta de personal, medios, o porque el ámbito delincuencial sea interprovincial, requieran del apoyo de esta Unidad. https://youtu.be/XdEcU37bY-A La UCO de la Guardia Civil cumple 25 años en la élite

Origen: La UCO de la Guardia Civil cumple 25 años en la élite

La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Avances contra #Daesh en Libia

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El nombramiento y toma de posesión de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es el tema de portada y la principal información del número de noviembre de la Revista Española de Defensa que incluye sus primeras palabras al frente del Departamento así como un recorrido por su trayectoria política y profesional.

La sección de misiones internacionales se dedica en exclusiva a la operación que desarrollan las tropas españolas en Irak, fundamentalmente a la labor de adiestramiento de las seis brigadas y el personal de operaciones especiales que intervienen en la batalla para reconquistar Mosul. Sobre el futuro del Daesh, una vez que sea expulsado de dicha ciudad iraquí, escribe el coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús A. Núñez Villaverde. La Revista incluye una entrevista con el jefe de la base de Besmayah, coronel Vázquez de Prada.

El espacio dedicado a las Fuerzas Armadas ofrece un reportaje sobre el ejercicio multinacional Ángel Guardian desarrollado en Bétera y en el que han participado más de 500 policías militares españoles y alrededor de 100 extranjeros.

Industria y tecnología se centra en la situación actual de los programas tecnológicos asociados a las fragatas F-110 y los vehículos 8×8.

El número también incluye una crónica de los actos centrales del Día de la Fiesta Nacional celebrados en Madrid el 12 de octubre y un recorrido por la trayectoria de la Unidad de Verificación Española que acaba de cumplir 25 años supervisando el cumplimiento de los tratados de control de armamento.

La Revista de noviembre ofrece un extenso reportaje sobre el Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera donde nacen, crecen y se reproducen caballos de pura raza española y árabe. La sección de internacional, por su parte, incluye un análisis sobre la nueva ruta de la seda con la que China trata de controlar el comercio en su entorno asiático, Europa y África. También ofrece una crónica de la última reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas y un análisis del asesor político del Cuartel General del Eurocuerpo, Mario Laborie, sobre las relaciones de cooperación entre la OTAN y la Unión Europea.

El apartado dedicado a la cultura se centra en el papel de la Armada como garante del Patrimonio Subacuático español, e incluye un extracto de la conferencia “La Contra Armada” del historiador Luis Gorrochategui, dedicada al desastre naval inglés en 1588.

Noviembre. Número 333

María Dolores de Cospedal, nueva ministra de Defensa

El número de noviembre 2016 de la Revista Española de Defensa dedica su portada y tema de apertura a la toma de posesión de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. La información se completa con un recorrido por la carrera política y profesional de la responsable del Departamento y con una crónica sobre la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Estos son sus principales contenidos:

  • Información sobre la labor de adiestramiento que llevan a cabo las tropas españolas en Irak, especialmente de las seis brigadas y personal de operaciones especiales que intervienen en la batalla por reconquistar Mosul.
  • El coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús A. Núñez Villaverde, analiza cuál podría ser el futuro de Daesh una vez derrotado en esta ciudad iraquí.
  • Entrevista con el jefe de la base de Besmayah y del contingente español en Irak, coronel Vázquez de Prada.
  • Ejercicio multinacional Ángel Guardián desarrollado en Bétera en el que han participado más de 500 policías militares españoles y alrededor de 100 extranjeros.
  • Situación en la que se encuentran los programas tecnológicos de las fragatas F-110 y los vehículos 8×8.
  • Actos centrales del Día de la Fiesta Nacional celebrados en Madrid el 12 de octubre.
  • Un recorrido por la trayectoria de la Unidad de Verificación Española que lleva 25 años supervisando el cumplimiento de los tratados de control de armamento.
  • Reportaje del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera y donde nacen, crecen y se reproducen caballos de pura raza española y árabe.
  • Información sobre la llamada “nueva ruta de la seda” con la que China trata de controlar el comercio en su entorno asiático, Europa y África.
  • Crónica de la última reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas en la que se apostó por estrechar lazos con la Unión Europea.
  • Análisis del asesor político del Cuartel General del Eurocuerpo. coronel Mario Laborie, sobre las relaciones de cooperación entre la OTAN y la Unión Europea.
  • Reportaje en torno a la labor de la Armada como garante del Patrimonio Subacuático español.
  • Extracto de la conferencia “La Contra Armada”, del historiador Luis Gorrochategui, dedicada al desastre naval de Inglaterra en 1588.
  • Participación del patrullero Centinela en el homenaje a la Gran Armada que se ha celebrado en Irlanda.

El pasado mes de junio ha sido protagonista de uno de los mayores avances contra Daesh en Libia, donde tropas del Gobierno de Acuerdo Nacional y milicias afines han conseguido tomar importantes posiciones de la organización en Sirte y en todo su entorno, incluyendo puntos estratégicos como el puerto.

Por otro lado, y varios miles de kilómetros al sur, hay que volver a subrayar los violentos asaltos de la organización Boko Haram contra varias poblaciones ribereñas del lago Chad, los cuales se cobraron la vida de varias decenas de personas a comienzos de mes.También en esas fechas, un ataque del grupo Al Mourabitoun, vinculado a AQMI, atacó a la misión de Naciones Unidas en Mali, asesinando a un “casco azul” chino y tres civiles que trabajaban para la MINUSMA. Junio ha sido un mes especialmente intenso en cuanto a violencia en dicho Estado saheliano, aunque no siempre vinculada a grupos denominados yihadistas, sino en relación con otra serie de actores no estatales que mantienen vivo el conflicto.

Por último, destacar las numerosas operaciones contraterroristas llevadas a cabo en Túnez y Argelia, que reflejan el pulso mantenido contra el terrorismo en toda la región analizada.

El Director de seguridad es técnico competente para elaborar Planes de Autoprotección

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El Director de seguridad es técnico competente para elaborar Planes de Autoprotección

Màs información en la pagina web Segurpricat

01. Qué técnicos son competentes para elaborar Planes de Autoprotección?

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE Nº 72 del 24 de marzo de 2007), por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades  que puedan dar origen a situaciones de emergencia, dispone, tanto en el artículo 4.b) del Real Decreto como en el apartado 3.3.1. de la Norma Básica de Autoprotección, que el Plan de…

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Qué técnicos son competentes para elaborar Planes de Autoprotección?

INFORME UCSP Nº: 2013/097 – Policía

 b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico … redactado y firmado por técnico competente, pero también dice que los …

01. Qué técnicos son competentes para elaborar Planes de Autoprotección?

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE Nº 72 del 24 de marzo de 2007), por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades  que puedan dar origen a situaciones de emergencia, dispone, tanto en el artículo 4.b) del Real Decreto como en el apartado 3.3.1. de la Norma Básica de Autoprotección, que el Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad.

Corresponde a la Administración Pública competente determinar el perfil o la titulación del redactor del Plan de Autoprotección a la vista de su trayectoria profesional o formativa. Los órganos competentes de las Administraciones Públicas que informen o reciban la documentación del Plan de Autoprotección de las actividades, centros, establecimientos o instalaciones señaladas en el Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, son los que deben determinar si el redactor del Plan es un técnico competente.

02. ¿A qué órgano de las Administraciones Públicas debe remitirse el Plan de Autoprotección?

De acuerdo con el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE Nº 72 del 24 de marzo de 2007), por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades  que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.Esdecir, debe presentarse al órgano de la Administración Pública competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad.

03. ¿Deben contar con Plan de Autoprotección actividades secundarias que se encuentran físicamente dentro de un centro, espacio, instalación o dependencia que sí debe disponer de él?

Según el artículo 4.d) del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE Nº 72 del 24 de marzo de 2007), por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades  que puedan dar origen a situaciones de emergencia, los centros establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección deberán integrar en su plan los planes de las distintas actividades que se encuentren físicamente en el mismo, así como contemplar el resto de actividades no incluidas en la Norma Básica de Autoprotección.

Asimismo el artículo 4.e) del citado Real Decreto, dispone que en los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del apartado anterior se podrá admitir un plan de autoprotección integral único, siempre que se contemple todos los riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan.

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Julián Flores Garcia | URL: http://wp.me/p2mVX7-Gb

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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

El Técnico Competente dentro de la Norma Básica de Autoprotección (II)

Siguiendo con los argumentos mencionados en la primera parte de este artículo, decidí buscar una respuesta en las CC.AA. Realicé una búsqueda de normativas relacionadas con la seguridad, las emergencias, la autoprotección y los espectáculos públicos, en mi creencia de que sería aquí donde encontraría una respuesta clarificadora. Como resultado y en términos generales, varias normativas encontradas no definían específicamente al “TC” y otras me remitían al RD393/2007, volviendo otra vez al punto de partida. Fue en el País Vasco y Cataluña donde encontré algo de luz al respecto.

Normativa de Autoprotección de Cataluña

En línea con sus normativas autonómicas y sus competencias en materia de Seguridad y Emergencias, Cataluña tiene aprobada su propia normativa autonómica en materia de Autoprotección (Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección), junto con la Orden IRP/516/2010, de 8 de noviembre, sobre el procedimiento de acreditación del “TC” para la elaboración de planes de autoprotección en el ámbito de la protección civil. Permitiendo además el registro electrónico Planes de Autoprotección mediante la Orden INT/193/2011, de 28 de julio. En Cataluña pueden obtener la acreditación para elaborar planes de autoprotección como Técnico Competente:

  • Personal con titulación universitaria con experiencia justificada. […]
  • Personal con titulación universitaria que supere un curso de formación o supere un examen. […]
  • Personal que haya prestado servicios como técnico/a en la dirección general (min. 3 años). […]
  • Los técnicos/as de protección civil de los municipios, de los consejos comarcales o de otros entes supramunicipales. […]

Otro aspecto diferenciador y único en materia de Autoprotección lo encontré en la sectorización de las actividades obligadas a contar con un Plan de Autoprotección que aparece en el Anexo I del Decreto 82/2010, y que establece tres epígrafes, para los cuales, cada titulado con las características formativas antes mencionadas, puede acreditarse en el epígrafe correspondiente a tenor del Art. 2.2 de la Orden IRP/516/2010.

Normativa de Autoprotección del País Vasco

Fue en esta Comunidad Autónoma donde al igual que Cataluña cuentan con diferentes normativas que han marcado un antes y un después en materia de Autoprotección siendo los primeros en aprobar la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, que ya en su Art. 14.1 y 15.2 comenzaba a hablar del Técnico Competente.

Años después, con el Art. 8 del Decreto 277/2010 de actividades, centros o establecimientos, se establecieron unos criterios mínimos, diferentes a todos los publicados para la elaboración de un plan, marcando umbrales entorno a los aforos o almacenamiento de productos. Dos años después entró en vigor la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, que regula la acreditación del “TC” para la elaboración de planes de autoprotección. Una mirada rápida a su Art. 2 me hizo ver similitudes con los requisitos de Cataluña, pero existía una diferencia importante; se incluyen nuevas titulaciones universitarias, tales como; grado en seguridad y emergencias, master en gestión del riesgo y emergencias, u otros grados o masters que les sean asimilables, así como otras titulaciones de seguridad o prevención de riesgos reconocidas conforme a la normativa vigente que les cualifiquen del mismo modo.

Llegado a este punto no tuve más remedio que analizar aquellas titulaciones o habilitaciones que más se acercaban a los conceptos de Seguridad (Safety y Security). Así que me puse a ello.

Análisis de Titulaciones Técnicas

Siguiendo la línea marcada por las Normativas Autonómicas mencionadas anteriormente, seleccioné Titulaciones Universitarias acorde a su carácter técnico, dado que es indispensable que el responsable de la realización y aplicación de los planes de autoprotección, tenga ciertos conocimientos técnicos relacionados con: ingeniería, planimetría, arquitectura, protección civil, análisis de riesgos, seguridad, prevención, previsión de procedimientos y gestión de recursos entre otros. Sin olvidar aspectos psicosociales que le permitan realizar una buena praxis, actuando eficazmente en situaciones de crisis, dado de alto estrés que en ellas se padece.

La ausencia de una serie de conocimientos transversales, ha hecho que existan, por un lado, profesionales con formación exclusiva no universitaria, y por otro, titulados específicos, tales como; ingenieros o arquitectos, que por su naturaleza académica, eran los perfiles más propicios para las necesidades en materia de autoprotección, evidenciando con el paso de los años las carencias en materia de seguridad y emergencias que actualmente, las universidades, conscientes de esta necesidad, han resuelto con la creación de grados universitarios que especializan en esta materia. Así pues me centré en siete titulaciones, basándome exclusivamente en las competencias curriculares:

Arquitectos / Arquitectos Técnicos e Ingenieros / Ingenieros Técnicos

Para entender mejor las atribuciones que se les confiere a estos titulados, en primer lugar hay que esclarecer las diferencias entre especialidades dentro del sector de la edificación, empezando por el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, donde encontré que estos titulados tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica, considerando como especialidad cada una de las enumeradas en su texto.

En lo que respecta a las atribuciones que se les concede a estos profesionales, repasé la Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos (Ley 12/1986), fruto de las modificaciones y correcciones sentenciadas por el Tribunal Supremo, sentándose como doctrina jurisprudencial el criterio de que las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos serán plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra imitación cualitativa que la que se derive de la formación y los conocimientos de la técnica de su propia titulación y sin que, por tanto, puedan válidamente imponérseles limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones de dependencia en su ejercicio profesional respecto de otros técnicos universitarios.

Otra normativa que me aportó más luz, fue la Ley38/1999 sobre la Ordenaciónde la Edificación, también conocida como LOE, que desarrolla a la Ley 12/86 sobre atribuciones de los ingenieros y arquitectos técnicos, y establece las facultades y competencias de los técnicos en la redacción de proyectos.

Ingenieros e Ingenieros Técnicos:

Fue en el análisis de estas dos titulaciones donde encontré mayor controversia por cuanto estas no serían equiparables entre sí en términos de contenidos curriculares, ya que los Ingenieros (también llamados Superiores) tienen un plan de estudios de 5 ó 6 años, mientras los Ingenieros Técnicos estaban considerados como Diplomaturas, por sus 3 años de estudio.

En términos de conocimiento, esta situación controvertida parece haberse resuelto con la entrada en escena de los Graduados en Ingeniería por cuanto observé como dentro de sus actuales planes de estudio se incluyen esas materias que en el formato anterior no se daban. Aun así, recordemos que los Ingenieros Técnicos desde el punto de vista legal, tienen las facultades y atribuciones que les confiere la mencionada Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica, además de contar con ciertas competencias según la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Directores de Seguridad Privada

Esta habilitación surge en base al Reglamento de Seguridad Privada, teniendo en cuenta que no es hasta la publicación del Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994), cuando el Director de Seguridad es reconocido como una categoría independiente del personal de seguridad privada, puesto que, hasta entonces, sólo era una especialidad del Jefe de Seguridad.

Sus funciones a desempeñar están contempladas en los artículos 95.2, 97 y 98 del Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994), y están condicionadas a la existencia de un Departamento de Seguridad dentro de la propia empresa, pudiendo ser de carácter obligatorio o voluntario, no estando contemplado en la vigente normativa, ni explícita ni implícitamente, la posibilidad de actuar como asesor profesional externo en materia de seguridad, puesto que esas funciones recaen en las empresas de seguridad privada (Art. 5.1.g, Ley 23/1992). Por tanto su liberalización profesional como asesor de seguridad en cualquier modalidad contractual de prestación de servicios no parece posible. Las funciones que encontré son:

  • El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.
  • La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.
  • La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.
  • La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.
  • Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

Desde su aparición, varios han sido los intentos por darle más contenido a esta habilitación del Ministerio del Interior, que nació como refugio para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tras su labor policial pasasen a una merecida segunda actividad, la obtención de esta habilitación solo precisa de lo siguiente:

  • Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida, a estos efectos, por el Ministerio del Interior.
  • Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o de seguridad privada y superar las correspondientes pruebas a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

Dicha “titulación se seguridad reconocida”, no es más que un título de extensión universitaria o posgrados, programado e impartido por centros universitarios y centros de formación públicos o privados, adscritos a éstos, y reconocidos oficialmente por el propio Ministerio del Interior, para lo cual sus materias deben alcanzar un mínimo de cuatrocientas horas (Art. 6, Orden INT/318/2011).

Este aumento en la carga formativa con respecto a exigencias de años anteriores, y que en la práctica tampoco profundiza en materias específicas convenientemente cursadas y ejercitadas por otras titulaciones ya señaladas, no alcanza la categoría de titulación universitaria, como ocurre con las extintas Licenciaturas o Diplomaturas, actualmente denominados Graduados. Son estas condiciones las que provocaron que pronto se convirtiera en una titulación ofertada por multitud de universidades que la proponían bajo convenios con otros centros formativos, sin apenas rigor formativo, perjudicando así a otras universidades y centros con una trayectoria claramente definida y respaldada por grandes profesionales que dignifican esta profesión como ha sido Belt Ibérica o la propia UNED, y que han venido demostrando su formación en la planificación de la seguridad como elemento integrador con otras disciplinas dentro de las empresas españolas.

Bien es cierto que el propio Reglamento de Seguridad Privada (RD 4/2008) establece en su Art. 95.2 y 116 las funciones propias del Director de Seguridad, pero en él se puede interpretar que su actuación y responsabilidad se limita a las actuaciones en caso de producirse la emergencia, permitiéndonos considerarlo como el profesional mejor capacitado en la gestión y coordinación de los recursos intervinientes en materia de Protección Civil dentro de su actividad, ya que ambas normativas (Reglamento de Seguridad Privada y NBA) parten del Ministerio del Interior (competente en materia de Protección Civil).

Por último, y mientras me encontraba recabando información sobre este análisis de las titulaciones, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que había sido aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 14 de junio de 2013. Sin entrar a analizar dicho Proyecto de Ley, el cual no es objeto de este artículo, cabe destacar, en lo concerniente al tema que nos ocupa, que el Director de Seguridad pudiera necesitar estar en posesión de un título universitario de grado en el ámbito de la seguridad, al hilo de lo que se entiende tras la lectura del Art. 29.1.b salvo error u omisión en el propio texto del Proyecto de Ley.

Cambiarían también las funciones del Director de Seguridad mencionadas anteriormente, donde llama la atención la ausencia a cuestiones relacionadas con la Protección Civil, si bien, profundiza en materia de análisis y evaluación de riesgos, sin especificar si se trata en exclusividad del entorno de la Seguridad o también se incluye el ámbito de las Emergencias y la Protección Civil. Mención especial merece la redacción del Art. 7 del mencionado Proyecto, cuya redacción se me hizo demasiado enrevesada, dejando en manos del lector la interpretación del mismo.

Técnico Superior de Riesgos Laborales

Estos profesionales, autodenominados “Prevencionistas” dedican sus esfuerzos a la prevención de los riesgos en el ámbito laboral, sin embargo sus facultades previsoras no quedan del todo asumidas, ya que estas atribuciones prevencionistas supeditadas a tres niveles de titulación, a tenor del art. 34 del REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siendo estos: Técnico Básico, Técnico Intermedio y Técnico Superior.

Lo primero que me planteé fue descartar los dos primeros niveles, motivado por su carga lectiva, prestando más atención a la especialidad de Técnico Superior. Siguiendo lo establecido por este Reglamento de los Servicios de Prevención, me encontré con cuatro especialidades posibles dentro de la modalidad de Técnico Superior en Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo, quedando esta última descartada por estar reservada a personal sanitario (Médicos y ATS/DUE).

En cuanto a las materias contenidas en cada una de las tres restantes especialidades, tras una revisión más rigurosa de su plan formativo que aparece en el propio Reglamento, observé que ninguna de ellas guarda relación directa con materias relacionadas con la seguridad y las emergencias salvo la especialidad de Seguridad en el Trabajo, donde encontré unos contenidos mínimos, que no son otros que la obligación de que los Técnicos de Nivel Superior conozcan los conceptos referidos a los Planes de Emergencia y Autoprotección, lo que me lleva a dudar si efectivamente esos contenidos son los adecuados y con el nivel suficiente para acometer la redacción de un Plan de Autoprotección conforme a las exigencias de la Norma Básica de Autoprotección. Así que para poder solventar esta duda, tomé como ejemplo los manuales de contenidos formativos para la modalidad de Seguridad en el Trabajo del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Plan 2010, No presencial), encontrando solo dos Unidades Didácticas que acometen aspectos relacionados conla Autoprotección.

Más en profundidad, podemos decir que un Técnico Superior en prevención de Riesgos Laborales debe elaborar las evaluaciones de riesgos relacionados con cada puesto de trabajo dentro de una empresa, llevando a cabo todas aquellas medidas correctoras que sean necesarias según su criterio. Es el responsable de planificar la actividad preventiva, preparar y proporcionar formación a los trabajadores e informarles de los riesgos intrínsecos que conlleva su puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas y equipos de protección individual que deben usar, sirviendo en algunos casos, de interlocutor entre el trabajador y la dirección de la empresa, la cual está obligada a proporcionar dichas medidas y equipos de protección individual. También es el responsable de elaborar los planes de actuación en caso de emergencias y los planes de evacuación (por ejemplo en caso de incendio), estableciendo los protocolos a seguir para una correcta evacuación de las instalaciones, pero sin entrar a valorar las medidas a tomar o la forma de actuar sobre la propia gestión de la emergencia; es decir, no establece como solventar la emergencia, sino como protegerse de ella.

En este sentido la responsabilidad en estas actuaciones es muy elevada, por cuanto hablamos de la vida de los trabajadores, con una clara responsabilidad penal y/o civil al respecto en sus diversas variables; in vigilando e in eligendo (Art.1101, Art. 1902 del C. Civil) o in operando e in omittendo por su propia negligencia (C. Penal). De ahí la importancia de ser escrupuloso en las responsabilidades y funciones de dejar evidencia escrita de todo lo que son obligaciones por parte del técnico y la empresa en esta área.


Graduados en Seguridad y Control de Riesgos
Por último, les hablaré de una titulación de reciente creación; el Título de Grado en Seguridad y Control de Riesgos, adscrito ala Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y perteneciente a la Universidad de Las Palmas de G.C., cuyas asignaturas se han desarrollado, adaptando el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales actuales, con una mejora en su calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje.

Módulo Jurídico

Este módulo consta de una formación básica en materia jurídica, adscrita a la materia: Derecho de la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Su estructura permite al graduado adquirir competencias relacionadas con la deontológica y criminológica desde un punto de vista jurídico. Su estructura permite conocer la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos y la organización de los cuerpos y fuerzas de Seguridad (Estatales, Autonómicas y Municipales), obteniendo una visión amplia de los delitos, su impacto y su relación con la ciudadanía, así como elementos básicos de formación para la seguridad y las emergencias.

Contenidos en Seguridad

El módulo de seguridad engloba asignaturas básicas, obligatorias y optativas, buscando alcanzar los aspectos más relevantes de un campo muy extenso y global. Partiendo de la visión generalista de la titulación de grado, se han estructurado materias de carácter amplio, que van desde los medios y modelos de protección de personas, instalaciones y bienes, hasta los campos de la seguridad operacional, la seguridad del entorno y la gestión de recursos humanos en materia de seguridad, aportando una visión global de la seguridad en todos sus aspectos (Safety & Security), donde a través de las asignaturas optativas, el alumno puede configurar y ampliar sus campos de conocimiento con materias más específicas dentro de la propia seguridad pública o privada.

Contenidos en Control de Riesgos

La gestión de las situaciones de riesgo y las contingencias de diferentes índoles, junto con su aplicación en el terreno, son los objetivos de este módulo, siendo estas situaciones de emergencias, su análisis y su control de riesgos, el denominador común que abarca el extenso conocimiento de la Protección Civil; su normativa, sus responsabilidades, fórmulas de gestión y análisis de los riesgos en materia de autoprotección, etc. Con este módulo el graduado está ampliamente capacitado para aplicar estos conocimientos, necesarios para el manejo de crisis en diferentes niveles; locales, insulares, autonómicas, nacionales e internacionales.

Contenidos Psico-sociales

Dado el carácter humanocéntrico de la titulación, no se podía obviar la formación psicológica y sociológica. Este módulo de carácter mixto, engloba diferentes disciplinas y materias básicas, obligatorias y optativas, que permiten al graduado estructurar sus conocimientos técnicos bajo el paraguas de un campo filosófico y social que complementa esta formación más técnica, potenciando el pensamiento y razonamiento; crítico y analítico, imprescindibles para desarrollar su actividad laboral dada su proyección humano-céntrica.

Contenidos Técnicos y Logísticos

La tecnología y la logística son dos áreas del conocimiento imprescindibles para la seguridad y las emergencias. Al ser éstos campos de características muy diversas, se ofertan asignaturas que permitan al estudiante disponer de formación necesaria para hacer frente a los requerimientos técnicos y logísticos que demandan las empresas y organismos del sector, cubriendo las áreas tecnológicas y de organización; con conocimientos concretos en materia de análisis de riesgos, planificación y gestión de emergencias.

Todos estos contenidos forman un marco formativo que trata de completar todas aquellas áreas no incluidas en el resto de titulaciones mencionadas anteriormente, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades profesionales que demanda la sociedad actual, más enfocada hacia la Seguridad Humana.

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Julian Flores Garcia
Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad

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Julian Flores Garcia
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Qué técnicos son competentes para elaborar Planes de Autoprotección?

INFORME UCSP Nº: 2013/097 – Policía

 b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico … redactado y firmado por técnico competente, pero también dice que los …

01. Qué técnicos son competentes para elaborar Planes de Autoprotección?

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE Nº 72 del 24 de marzo de 2007), por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades  que puedan dar origen a situaciones de emergencia, dispone, tanto en el artículo 4.b) del Real Decreto como en el apartado 3.3.1. de la Norma Básica de Autoprotección, que el Plan de…

Origen: El Director de seguridad es técnico competente para elaborar Planes de Autoprotección

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Ventajas de Segupricat Siseguridad Hoteles Consulting como Consultoria de seguridad privada

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Texto completo de Ley de seguridad Privada 5/2014, de fecha 4 de abril, publicada en el BOE nueva ley de Seguridad Privada

Normativa – Página oficial de la DGP-Comisaría General de …
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Ley de Seguridad Privada 5/2014, aprobatoria de la misma (BOE Nº 83 de ..entrada en vigor el 05 de Junio.

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La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos nacionales e internacionales y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

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PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Este servicio de seguridad integral pasa por la constitución de un Departamento de seguridad sirve para establecer las pautas para conseguir y mantener una organización de seguridad eficaz, definiendo con precisión funciones, actividades, tareas, atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles del componente humano de la seguridad privada establecida, de la mano de la prevención de riesgos laborales

Además, el plan de Seguridad Integral indica los elementos técnicos y de centralización necesarios, y los estructurales y organizativos precisos, para la oportuna información y toma de decisiones por parte de la Dirección de Seguridad de la empresa ante situaciones de contingencia o crisis como el Plan Seguridad de la Información TIC,s dirigido a la empresa gestionando las amenazas para los sistemas de información de la misma.Los sistemas de información se han convertido en algo fundamental para las empresas , y no nos podemos imaginar una empresa que no utilice en absoluto por su actividad

 

Otro de los objetivos principales, es elaborar normas generales y sus procedimientos de aplicación de modo que los cambios que se produzcan en los medios humanos de la organización no afecten a la eficacia del sistema.

El Plan de Seguridad Integral engloba los siguientes contenidos:

Establecimiento de Criterios y Política de Seguridad de la Organización.

Estudio de la Organización: Actividades/ Departamentos/ Organigrama/ Instalaciones.

Auditoria de Seguridad: evaluación y análisis de Riesgos como Vulnerabilidades

Planes Específicos de Seguridad:

– Control de Accesos / Intrusión.

– Vigilancia / Protección de personas.

– Protección de la Información / Comunicaciones.

 

Manuales de Procedimientos Operativos

Plan de actuación ante emergencias.

Plan de Contingencias. Gestión de Crisis.

Mantenimiento del plan.

 

 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Disponer de un documento que integre los distintos planes específicos de seguridad.

Disponer de una visión global de la seguridad de su organización. Dirección y Gestión de Recursos.

APLICACIONES:

Grandes clientes, con estructura propia de seguridad y con desarrollos muy amplios en la protección de determinadas áreas de actividad, pero que necesitan una visión integradora y global de la misma.

Clientes, que comienzan a desarrollar áreas nuevas de negocio (bien por actividad, área geográfica o contratos especiales (UTES)), que necesitan que les acompañemos en el diseño de su seguridad desde el principio y usando el PSI como herramienta de desarrollo y planificación.

 

PLANES DE AUTOPROTECCION

Un Plan de Autoprotección establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de Protección Civil.

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

Un Plan de Autoprotección se estructura de la siguiente forma:

Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

Programa de mantenimiento de instalaciones.

Plan de actuación ante emergencias.

Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

Implantación del Plan de Autoprotección .

Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

Anexo. I. Directorio de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.

Anexo III. Planos.

MEDIOS TÉCNICOS

 

  VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Cumplimiento de la normativa legal y garantía de una intervención eficaz e inmediata por parte del personal y las ayudas exteriores, en el caso de una emergencia.

APLICACIONES:

Cualquier instalación susceptible de sufrir un siniestro o emergencia ,  satisfacemos con este servicio cualquier tipo de demanda del cliente y logra la excelencia al establecer estrictos controles para alcanzar los objetivos de calidad deseados.

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD

Una Auditoria de Seguridad permite comprobar la adecuación del sistema a los riesgos y del cumplimiento de la normativa legal. Supone optimizar el sistema en sus aspectos organizativos, técnicos y económicos permitiendo la organización del personal de Seguridad.

Además, establece un análisis de manera general del grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

DESCRIPCIÓN:

Organización del personal de seguridad.

Revisión de Planes y Procedimientos.

Sistemas Técnicos de Seguridad y Protección.

Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad.

Adecuación a la Normativa.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Permite conocer y analizar de manera general el grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

APLICACIONES:

Clientes que necesitan conocer la adecuación de sus sistemas, servicios y procedimientos de seguridad a la normativa vigente.

FORMACION DE SEGURIDAD : Formación en el cliente

Segurpricat Consulting diseña, implementa y desarrolla distintas acciones formativas en función de las necesidades de la organización y las características de los participantes. Estas iniciativas permiten una exhaustiva gestión del conocimiento, formación y autoprotección personal, dirigida principalmente a directivos y una formación en materias específicas atendiendo a las particularidades de cada cliente.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Gestión del conocimiento y necesidades de formación adaptada a las necesidades del cliente.

APLICACIONES:

Clientes con necesidades de formación en Seguridad privada para sus empleados.

 

La Ley de seguridad privada 05/2014 aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo http://wp.me/p2n0XE-29b @juliansafety @segurpricat
Julian Flores Garcia siseguridad

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

  • Publicado en: «BOE» núm. 83, de 5 de abril de 2014, páginas 28975 a 29024 (50 págs.)
  • Sección: I. Disposiciones generales
  • Departamento: Jefatura del Estado
  • Referencia: BOE-A-2014-3649

Descargar PDF completo: BOE-A-2014-3649 – Ley de seguridad Privada 2014

 

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.

Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.

No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad.

En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.

La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la configuración de aquéllos como un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido amplio.

II

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de orientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavía incipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptación de la sociedad española.

Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, ha supuesto un gran avance para la evolución de la seguridad privada en España, e incluso ha constituido un modelo para procesos normativos análogos en otros Estados de la Unión Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que dé solución a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria de servicios española que tanto ha contribuido a la seguridad.

En efecto, la regulación del año 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido mantener su vigencia hasta el momento actual.

Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado, fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.

Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión a tener en cuenta tanto en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no podía contemplar.

Pasados veinte años desde su promulgación, ante un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del año 1992, es necesario aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos décadas pasadas.

Este fenómeno de insuficiencia de regulación se da aún más, si cabe, con las actividades de investigación privada y los detectives privados, cuya inserción tangencial en la Ley 23/1992, de 30 de julio, vino a abundar en el problema expuesto. En efecto son muy escasas las prevenciones sobre dichas actividades y personal no sólo en sede legal, sino también reglamentaria, por lo cual esta ley afronta de manera decidida y completa, en lo que le corresponde, la definición de su contenido, perfiles, limitaciones y características de quienes, convenientemente formados y habilitados, la desarrollan. De esta manera la regulación de las actividades y el personal de investigación privada pasa a constituir uno de los elementos fundamentales de la nueva ley, abandonando la presencia colateral que tiene en la vigente normativa.

III

Al contrario de la anterior regulación, la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

En consecuencia, es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira el preámbulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público.

Es por eso que la nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.

Se aborda, así, una reforma en profundidad de la regulación legal hasta ahora vigente que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada, se realiza una adecuación de la normativa que permita su adaptación y dé respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública.

En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigación privada. En este punto, el legislador, como en las restantes actividades contempladas en la ley, tiene que hacer compatible ese enfoque positivo con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artículo 18 de la Constitución.

IV

Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un fenómeno de mayor calado, pues a las comunidades autónomas con competencia estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas cuyos nuevos estatutos de autonomía reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos con sujeción a lo que el Estado regule de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.

Así, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situación y contemplar el fenómeno de una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles competenciales en función de las previsiones estatutarias.

Para que la actuación de las distintas administraciones públicas sea coherente con el mantenimiento de la armonía del sistema, es fundamental incidir en los principios de coordinación y cooperación interadministrativa.

Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las comunidades autónomas.

V

Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de sistematicidad normativa a lo largo de sus siete títulos, con un desglose de materias que abarcan desde lo más general hasta lo más específico.

Así, en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica.

En esta línea, por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.

Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.

Además, se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.

La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Igualmente, en la línea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afección a esta última, y mediatamente a la seguridad pública, no es directa.

También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.

En el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información siempre con todas las garantías legales, y la apuesta decidida por unos órganos de encuentro que han de ser mucho más proactivos que hasta el momento.

En el título II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.

Además, se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.

En línea con el favorecimiento de la actividad económica, la ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.

En el título III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan sólo se ocupaba de las funciones de los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.

La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.

Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no contienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento de sistemas), o no contienen regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

En este título resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

En el título V se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

En el título VI se da solución a algunas de las principales carencias de la anterior legislación referidas al régimen sancionador. Así, se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.

Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la graduación de las infracciones y a los criterios para determinar la imposición de las correspondientes sanciones, con el objetivo básico de garantizar la mayor individualización de aquéllas.

Por último, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para garantizar una transición correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de julio, a la nueva legislación, sobre todo hasta que ésta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta ley se entiende por:

1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.

2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.

3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.

4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.

5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos.

6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.

8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.

9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.

10. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.

11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.

12. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.

13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma técnica al efecto.

14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito.

2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los servicios de seguridad privada, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, a los operadores de seguridad, a los profesores de centros de formación, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática, a las centrales receptoras de alarmas de uso propio y a los centros de formación de personal de seguridad privada.

3. El régimen sancionador y las medidas provisionales, así como el ejercicio de las facultades de inspección, serán también aplicables a aquellas empresas y personal que presten servicios o ejerzan funciones de seguridad privada sin estar autorizadas o haber presentado declaración responsable, o sin estar habilitados o acreditados para el ejercicio legal de los mismos.

Artículo 4. Fines.

La seguridad privada tiene como fines:

a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.

b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.

c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.

g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) del apartado anterior.

3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.

Artículo 6. Actividades compatibles.

1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades:

a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.

b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.

c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.

d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.

2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y funciones:

a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.

b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio.

c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.

d) Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar su conservación y funcionamiento.

Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.

3. El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.

5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.

6. A las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a las actividades de seguridad informática, entendida como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aquéllos prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, se les podrán imponer reglamentariamente requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que presten.

Artículo 7. Actividades excluidas.

1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Cuando los interesados tengan el carácter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada.

2. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.

Artículo 8. Principios rectores.

1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades.

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aquéllas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.

4. Las empresas, los despachos y el personal de seguridad privada:

a) No podrán intervenir ni interferir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales.

b) No podrán ejercer ningún tipo de control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni proceder al tratamiento, automatizado o no, de datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión o creencias.

c) Tendrán prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier información que conozcan en el desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con éstos, así como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad o investigación estuvieran encargados.

5. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del órgano autonómico competente prohibirá la utilización en los servicios de seguridad privada de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

6. Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente.

Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios.

1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.

3. La comunicación de contratos de servicios de investigación privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, excluidos los de carácter personal.

Artículo 10. Prohibiciones.

1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes:

a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional.

c) La prestación de servicios de seguridad privada incumpliendo los requisitos o condiciones legales de prestación de los mismos.

d) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medios o medidas de seguridad no homologadas cuando sea preceptivo, o de medidas o medios personales, materiales o técnicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, o cuando incumplan las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, relacionado con dichos delitos.

3. Las empresas de seguridad no podrán realizar los servicios de investigación privada propios de los despachos de detectives privados, y éstos no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada.

Artículo 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.

1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, el personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas.

Igualmente, se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un ámbito territorial distinto al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

2. En los registros de las comunidades autónomas, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

Igualmente, se inscribirán en dichos registros las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial propio de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

3. En el referido Registro Nacional, además de la información correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia en la materia.

A tales efectos, los órganos competentes de las mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así como sus modificaciones y cancelaciones.

4. En los mencionados registros, nacional y autonómicos, se anotarán también los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración y reciprocidad necesarios para permitir su interconexión e interoperabilidad, la determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.

6. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales estén autorizadas o hayan presentado la declaración responsable las empresas de seguridad privada, despachos de detectives, centros de formación del personal de seguridad privada y centrales de alarmas de uso propio.

7. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas

Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:

a) La autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas.

b) La recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, así como su inspección y sanción, cuando el ejercicio de estas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

c) La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, y la determinación del armamento, documentación, uniformidad, distintivos y medios de defensa de dicho personal, así como la acreditación, en todo caso, de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad y de los operadores de seguridad.

d) La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos específicos de formación del personal de seguridad privada que no sean de la competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social.

e) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas, así como la acreditación, en todo caso, de su profesorado.

f) La autorización, inspección y sanción de los servicios de protección personal, cuando no sea competencia de las comunidades autónomas, y de aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las empresas y el personal de seguridad privada.

g) La autorización de los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que se presten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada, así como la inspección y sanción de estos servicios en aquella parte de los mismos que se realice fuera del territorio de dichas comunidades autónomas.

h) La determinación reglamentaria de las características técnicas y de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad privada.

i) La determinación reglamentaria de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, así como la fijación del tipo y alcance de las medidas obligatorias que ha de cumplir cada tipo de establecimiento.

j) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios que estén obligados a adoptar medidas de seguridad, cuando el ejercicio de esas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

k) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Corresponde a la Dirección General de la Policía el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones.

b) Corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil el ejercicio de sus competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada, así como el control de los guardas rurales y sus especialidades. Sin afectar a las competencias que corresponden a la Dirección General de la Policía podrá participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada, que preste servicios en su ámbito de competencias.

Artículo 13. Competencias de las comunidades autónomas.

1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:

a) La autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La autorización de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma cuando requieran de la misma o de control previo.

c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que realicen su actividad en la comunidad autónoma.

d) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.

e) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en la comunidad autónoma con los de la policía autonómica y las policías locales.

f) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad autónoma que estén obligados a adoptar medidas de seguridad.

2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:

a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior.

TÍTULO I

Coordinación

Artículo 14. Colaboración profesional.

1. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de legalidad y se basará exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.

2. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran datos de carácter personal sólo podrán facilitarse en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales.

Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

2. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de esta ley se someterán a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. La comunicación de buena fe de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por las entidades y el personal de seguridad privada no constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

Artículo 16. Coordinación y participación.

1. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se constituirán comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, con el carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.

3. En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir órganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se determine.

TÍTULO II

Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados

CAPÍTULO I

Empresas de seguridad privada

Artículo 17. Desarrollo de actividades.

1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.

2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.

3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada.

Artículo 18. Autorización administrativa.

1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1.f).

3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.

Artículo 19. Requisitos generales.

1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, que se limitará a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.

g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.

3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1.a), f) y g), podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.2 y 3.

4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.

5. A los efectos previstos en el apartado 1.e) y f), de este artículo se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de avales o seguros de caución.

6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad privada y su ámbito de actuación limitado a dicho territorio, en el registro autonómico correspondiente, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.

8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la extinción de la autorización o al cierre de la empresa, en el caso de presentación de declaración responsable, y, en ambos casos, a la cancelación de oficio de la inscripción de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.

Artículo 20. Inscripción registral.

1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.

2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 21. Obligaciones generales.

1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida o en la declaración responsable que hayan presentado.

b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito territorial de actuación, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variación que sobrevenga en la composición de los órganos de administración, gestión, representación y dirección de las empresas.

Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o autonómico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.

d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados.

e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.

Artículo 22. Representantes legales.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.

2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.

3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada serán responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.

Artículo 23. Consideración de sector específico.

1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relación con lo establecido en el artículo 21.1.c).

4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea.

CAPÍTULO II

Despachos de detectives privados

Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados.

1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1.h).

2. Los despachos de detectives privados se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente, previa presentación de declaración responsable en la forma que reglamentariamente se determine, para lo cual deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener por objeto de su actividad profesional la realización de los servicios de investigación privada a que se refiere el artículo 48.1 y conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta ley en materia de prohibiciones.

b) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro público correspondiente, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19.1.g) y h).

c) Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se llevará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de los informes de investigación.

d) Facilitar una relación nominal de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes del mismo.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de los despachos.

g) Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación profesional.

h) Contar con las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

3. La validez de la declaración responsable necesaria para la apertura de los despachos de detectives y de sus sucursales será indefinida.

4. Los despachos de detectives podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo, en ambos casos, cumplir la totalidad de requisitos y obligaciones previstos en este capítulo para los despachos de detectives.

5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente.

Artículo 25. Obligaciones generales.

1. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente en la forma que reglamentariamente se determine. Dicha obligación subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre despachos.

b) Llevar un libro-registro, con el formato que reglamentariamente se determine, en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado.

c) Informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado, con entrega, en su caso, del informe de investigación elaborado.

d) Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relación con su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo.

e) Acudir, cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, y facilitar las informaciones de que tuvieren conocimiento en relación con las investigaciones que tales organismos se encontraran llevando a cabo.

f) Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus informes de investigación hayan sido aportados, para la prestación de testimonio y ratificación, en su caso, del contenido de los referidos informes de investigación.

g) Asegurar el archivo y conservación de la documentación relativa a su ejercicio profesional, especialmente de los contratos, informes, libros y material de imagen y sonido obtenido.

h) Comunicar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente todo cambio que afecte a su forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.

i) Presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, una memoria anual de actividades del año precedente, con la información que se determine reglamentariamente, que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

j) Depositar, en caso de cierre del despacho por cualquier causa, la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente.

2. Los titulares de despachos de detectives responderán civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives privados dependientes o asociados.

TÍTULO III

Personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada.

1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad.

Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

3. Para la prestación de servicios en infraestructuras críticas y en aquéllos que tengan el carácter de esenciales para la comunidad, así como en aquéllos otros que excepcionalmente lo requieran en función de sus características específicas, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal de seguridad privada encargado de su realización.

4. Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la exclusión de los requisitos de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada.

5. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente.

Artículo 27. Habilitación profesional.

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá la tarjeta de identidad profesional, que incluirá todas las habilitaciones de las que el titular disponga.

La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones profesionales.

3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.

4. El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente las funciones para los que se encuentre habilitado.

5. Reglamentariamente se determinará el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Artículo 28. Requisitos generales.

1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir, los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.

b) Ser mayor de edad.

c) Poseer la capacidadfísica y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones.

d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el artículo 29.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.

i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal de seguridad privada habrá de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos que reglamentariamente se determinen en atención a las funciones que haya de desempeñar.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional.

4. Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada, los funcionarios públicos en activo y demás personal al servicio de cualquiera de las administraciones públicas, excepto cuando desempeñen la función de director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de servicio activo, siempre que en los dos años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios.

5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

d) Los previstos en los párrafos b), e), f), g) y h) del apartado 1.

6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio en España de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 29. Formación.

1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:

a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada que haya presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

b) Para los jefes y directores de seguridad, en la obtención bien de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.

c) Para los detectives privados, en la obtención bien de un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.

2. Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en la forma que reglamentariamente se establezca, el grado y experiencia profesionales que acrediten su cualificación para el desempeño de las diferentes funciones de seguridad privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

3. En relación con lo dispuesto en el apartado 1, la formación previa del personal comprendido en su párrafo a) que no posea la titulación correspondiente de formación profesional, o los certificados de profesionalidad, así como su actualización y especialización se llevará a cabo en los centros de formación de seguridad privada que hayan presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. y por profesores acreditados por el citado Ministerio.

4. Los centros de formación del personal de seguridad privada requerirán, para su apertura y funcionamiento, de la presentación de la correspondiente declaración responsable ante el Ministerio del Interior u órgano autonómico competente, debiendo reunir, entre otros que reglamentariamente se establezcan, los siguientes requisitos:

a) Acreditación, por cualquier título, del derecho de uso del inmueble.

b) Licencia municipal correspondiente.

c) Relación de profesores acreditados.

d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines.

5. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios, en materia de seguridad privada en los dos años anteriores.

6. Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de formación y actualización para personal de seguridad privada perteneciente o no a sus plantillas, en los términos previstos en el apartado 4.

7. El Ministerio del Interior elaborará los programas de formación previa y especializada correspondiente al personal de seguridad privada, en cuyo contenido se incluirán materias específicas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación.

Artículo 30. Principios de actuación.

Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:

a) Legalidad.

b) Integridad.

c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.

d) Corrección en el trato con los ciudadanos.

e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.

g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

h) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando.

Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.

Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CAPÍTULO II

Funciones de seguridad privada

Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.

1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

Además, también podrán realizar las funciones de recepción, verificación no personal y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el artículo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.

2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas.

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en empresas de seguridad, la función de protección del almacenamiento, transporte y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios, en relación con explosivos u otros objetos o sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen.

Será aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigilantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestación del servicio.

Artículo 33. Escoltas privados.

1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultare imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona o personas protegidas o a los propios escoltas, debiendo, en tal caso, poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

3. Para el cumplimiento de las indicadas funciones será aplicable a los escoltas privados lo determinado en el artículo 32 y demás preceptos concordantes, relativos a vigilantes de seguridad, salvo lo referente a la uniformidad.

Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.

1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas.

Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la especificidad de que no podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo 32.1.e).

2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el apartado anterior para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial.

3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el apartado 1 para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.

4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Artículo 35. Jefes de seguridad.

1. En el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados, corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto se produzca la inspección y autorización, en su caso, por parte de la Administración.

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.

h) La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la empresa a la que pertenezca, de acuerdo con la normativa de armas y con lo que reglamentariamente se determine.

2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será obligatoria siempre que éstas se dediquen a todas o algunas de las actividades previstas en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 5.1.

En función de la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse la existencia de un jefe de seguridad específico para algunas de dichas actividades de seguridad.

3. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los jefes de seguridad en los términos que reglamentariamente se dispongan.

Artículo 36. Directores de seguridad.

1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.

4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.

5. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente se disponga.

Artículo 37. Detectives privados.

1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas.

2. En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendrán obligados a:

a) Confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos que tuvieren encargados.

b) Asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

c) Ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.

3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.

4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.

TÍTULO IV

Servicios y medidas de seguridad

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.

1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada.

2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad privada.

4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.

5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.

6. Los guardas rurales podrán desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, cuando se trate de servicios de vigilancia y protección de explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.

7. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.

Artículo 39. Forma de prestación.

1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y distintivos no podrán inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán a las características que reglamentariamente se determinen.

2. El personal de seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus especialidades, prestará sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, que no incluirán armas de fuego.

Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo.

3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo se desarrollarán con armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el artículo 40 y los que reglamentariamente se determinen.

Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad sólo se podrán portar estando de servicio, con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine reglamentariamente atendiendo a las especiales características de determinados servicios de seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones en el interior de los inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.

5. El personal de seguridad privada, durante la prestación de los servicios de seguridad privada, portará la tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la documentación correspondiente al arma de fuego.

CAPÍTULO II

Servicios de las empresas de seguridad privada

Artículo 40. Servicios con armas de fuego.

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen:

a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos.

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.

d) Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas.

2. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo, peligrosidad, nocturnidad, zonas rústicas o cinegéticas, u otras de análoga significación, podrá autorizarse la prestación de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego.

Asimismo, podrá autorizarse la prestación de los servicios de verificación personal de alarmas portando armas de fuego, cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto de la protección o a otras circunstancias que incidan en aquélla.

3. El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca lo contrario. Reglamentariamente podrán establecerse excepciones para supuestos determinados.

4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio serán las que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.

b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías.

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes.

2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones:

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso común.

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de estos servicios.

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.

Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada.

2. No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.

3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas, no requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización.

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podrán destinarse a un uso distinto del de su finalidad. Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales.

5. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 43. Servicios de protección personal.

1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad física de personas o grupos de personas determinadas.

2. La prestación de servicios de protección personal se realizará con independencia del lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito o circulación por las vías públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación, o detenciones, salvo en caso de flagrante delito relacionado con el objeto de su protección.

3. La prestación de estos servicios sólo podrá realizarse previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, conforme se disponga reglamentariamente.

Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.

1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan, así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos.

2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.d), estarán a cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán obligatoriamente cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de acuerdo con la normativa específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades competentes en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.

Artículo 45. Servicios de transporte de seguridad.

Los servicios de transporte y distribución de los objetos y sustancias a que se refiere el artículo anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad específicos homologados para el transporte, y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 46. Servicios de instalación y mantenimiento.

1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.

2. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 47. Servicios de gestión de alarmas.

1. Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de operadores de seguridad, consistirán en la recepción, verificación no personal y, en su caso, transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

2. Los servicios de respuesta ante alarmas se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:

a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal de alarma verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central de alarmas.

b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a la verificación personal de la alarma recibida.

c) Facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga.

3. Cuando los servicios se refirieran al análisis y monitorización de eventos de seguridad de la información y las comunicaciones, estarán sujetos a las especificaciones que reglamentariamente se determinen. Las señales de alarma referidas a estos eventos deberán ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del órgano competente, por el propio usuario o por la empresa con la que haya contratado la seguridad.

CAPÍTULO III

Servicios de los despachos de detectives privados

Artículo 48. Servicios de investigación privada.

1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.

c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra.

3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.

4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados.

6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Artículo 49. Informes de investigación.

1. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados del asunto deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.

2. En el informe de investigación únicamente se hará constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada, sin incluir en él referencias, informaciones o datos que hayan podido averiguarse relativos al cliente o al sujeto investigado, en particular los de carácter personal especialmente protegidos, que no resulten necesarios o que no guarden directa relación con dicho objeto y finalidad ni con el interés legítimo alegado para la contratación.

3. Dicho informe estará a disposición del cliente, a quien se entregará, en su caso, al finalizar el servicio, así como a disposición de las autoridades policiales competentes para la inspección, en los términos previstos en el artículo 54.5.

4. Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos, durante tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. En todo caso, el tratamiento de dichas imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, especialmente sobre el bloqueo de datos previsto en la misma.

5. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales, en este último supuesto únicamente para una investigación policial o para un procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.

Artículo 50. Deber de reserva profesional.

1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador se podrá acceder al contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados.

CAPÍTULO IV

Medidas de seguridad privada

Artículo 51. Adopción de medidas.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán dotarse de medidas de seguridad privada dirigidas a la protección de personas y bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.

2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso.

3. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan.

El órgano competente formulará la propuesta teniendo en cuenta, además de su finalidad preventiva de hechos delictivos y de evitación de riesgos, la naturaleza de la actividad, la localización de los establecimientos o instalaciones, la concentración de personas u otras circunstancias que la justifiquen y, previa audiencia del titular u organizador, resolverá motivadamente.

Cuando se considerase necesaria la implantación de dichas medidas en órganos u organismos públicos, el órgano competente formulará la correspondiente propuesta y, previo acuerdo con el órgano administrativo o entidad de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de protección, dictará la resolución procedente.

4. Las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada vinculadas a la operativa de seguridad y los despachos de detectives privados y sus sucursales estarán obligados a adoptar las medidas de seguridad que se establezcan reglamentariamente.

5. La celebración de eventos y la apertura o funcionamiento de establecimientos e instalaciones y de empresas de seguridad y sus delegaciones y despachos de detectives y sus sucursales, mencionados en los apartados 2 y 3, estará condicionada a la efectiva implantación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

6. Los órganos competentes podrán eximir de la implantación de medidas de seguridad obligatorias cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

7. Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y sus delegaciones, así como de los despachos de detectives privados y sus sucursales y los organizadores de eventos, serán responsables de la adopción de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

Las empresas de seguridad encargadas de la prestación de las medidas de seguridad que les sean contratadas, serán responsables de su correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir sus empleados o los titulares de los establecimientos, instalaciones u organizadores obligados, si cualquier anomalía en su funcionamiento les fuera imputable.

8. Quedarán sometidos a lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo los usuarios que, sin estar obligados, adopten medidas de seguridad, así como quienes adopten medidas de seguridad adicionales a las obligatorias, respecto de éstas.

Artículo 52. Tipos de medidas.

1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes:

a) De seguridad física, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas.

b) De seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación de cualquier tipo de dispositivos electrónicos.

c) De seguridad informática, cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la información en ellos contenida.

d) De seguridad organizativa, dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas; tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras de similar naturaleza que puedan adoptarse.

e) De seguridad personal, para la prestación de servicios de seguridad regulados en esta ley, distintos de los que constituyen el objeto específico de las anteriores.

2. Las características, elementos y finalidades de las medidas de seguridad de cualquier tipo, quien quiera que los utilice, se regularán reglamentariamente de acuerdo con lo previsto, en cuanto a sus grados y características, en las normas que contienen especificaciones técnicas para una actividad o producto. Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma deberán contar con la evaluación de los organismos de certificación acreditados en el momento de su instalación y tendrán vigencia indefinida, salvo deterioro o instalación de un nuevo sistema, que deberá ser conforme a la homologación que le resulte aplicable.

TÍTULO V

Control administrativo

Artículo 53. Actuaciones de control.

1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos a los que se refieren los artículos 12 y 13.

2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, en los términos del artículo 55.

3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión de una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho delictivo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.

4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada podrá denunciarlas ante las autoridades o funcionarios competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanción correspondientes.

5. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de control se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma.

Artículo 54. Actuaciones de inspección.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes anuales de inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.

2. Al margen de los citados planes de inspección, cuando recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada procederán a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada, los centros de formación, las centrales de alarma de uso propio y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en los informes de investigación y en los libros-registro, en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Las actuaciones de inspección se atendrán a los principios de injerencia mínima y proporcionalidad, y tendrán por finalidad la comprobación del cumplimiento de la legislación aplicable.

5. Cuando las actuaciones de inspección recaigan sobre los servicios de investigación privada se tendrá especial cuidado en su ejecución, extremándose las cautelas en relación con las imágenes, sonidos o datos personales obtenidos que obren en el expediente de investigación. Las actuaciones se limitarán a la comprobación de su existencia, sin entrar en su contenido, salvo que se encuentre relacionado con una investigación judicial o policial o con un expediente sancionador.

6. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán por el Cuerpo Nacional de Policía; por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus especialidades y centros y cursos de formación relativos a este personal; o, por el cuerpo de policía autonómica competente.

7. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspección, extenderá el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracción, se dará cuenta a la autoridad competente.

8. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de inspección se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma.

Artículo 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento.

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podrán acordar excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, así como de los instrumentos y efectos de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes.

b) La suspensión, junto con la intervención u ocupación de los medios o instrumentos que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando sin las preceptivas garantías y formalidades legales o sin contar con la necesaria autorización o declaración responsable, o cuando puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados por empresas, centrales de alarma de uso propio o despachos de detectives, no autorizados o que no hubieran presentado la declaración responsable, o por personal no habilitado o acreditado para el ejercicio legal de los mismos.

d) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate que los centros que la imparten, no hayan presentado la declaración responsable o el profesorado no tuviera la acreditación correspondiente.

e) La desconexión de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios a la seguridad pública o molestias a terceros. Cuando se trate de establecimientos obligados a contar con esta medida de seguridad, la desconexión se suplirá mediante el establecimiento de un servicio permanente de vigilancia y protección privada.

f) La retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad o de la acreditación al personal acreditado, cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos.

g) La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de quince días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. El órgano competente para ratificar, revocar o modificar las medidas provisionales será el competente para incoar el procedimiento sancionador.

3. La duración de las medidas contempladas en el apartado 1, que deberá ser notificada a los interesados, no podrá exceder de seis meses.

4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes se harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al respecto en la normativa de armas.

TÍTULO VI

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones

Artículo 56. Clasificación y prescripción.

1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.

3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.

4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de alarma de uso propio.

Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable prevista en el artículo 18.1 y 2 para la prestación de los servicios de que se trate.

b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente.

c) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigación hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito y salvo que sean constitutivas de infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

d) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros-registro o el acceso a los informes de investigación privada.

f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación.

g) La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo dispuesto en esta ley.

h) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

i) El incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo 22.3.

j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales.

k) El incumplimiento de las condiciones de prestación de servicios establecidos por la autoridad competente en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6.

l) El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad el artículo 19. 1, 2 y 3, y el artículo 35.2.

m) El incumplimiento de los requisitos que impone a los despachos de detectives el artículo 24. 1 y 2.

n) La falta de transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las mismas, cuando estas conductas no estén justificadas.

ñ) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2, empleando personal no habilitado que utilice armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada.

o) La realización de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un interés legítimo en el asunto.

p) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos.

q) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medidas o de medios personales, materiales o técnicos de forma que se atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, siempre que no constituyan delito.

r) La falta de comunicación por parte de empresas de seguridad informática de las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea preceptivo.

s) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

t) La prestación de actividades ajenas a las de seguridad privada, excepto las compatibles previstas en el artículo 6 de la presente ley.

2. Infracciones graves:

a) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.

b) La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias.

c) La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración responsable para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén autorizados o se haya presentado la declaración responsable, o careciendo de la autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas, o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del servicio.

d) La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada, o de la acreditación del personal acreditado.

e) La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.

f) La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.

g) La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.

h) La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima de un año en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine.

i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución en los términos establecidos en el artículo 19.1.e) y f) y 24.2.e) y f), así como la no presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el artículo 21.1.e), o la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.1.i)

j) La comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.

k) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria o sin haber presentado la declaración responsable ante el órgano competente, cuando sea preceptivo.

l) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal de los órganos de administración, gestión, representación y dirección.

m) La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.

n) La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.

ñ) La carencia o falta de cumplimentación de cualquiera de los libros-registro obligatorios.

o) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal o domicilio.

p) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los representantes legales en el artículo 22.2.

q) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas.

r) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2 empleando personal no habilitado que utilice distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada.

s) El incumplimiento de los requisitos impuestos a las empresas de seguridad informática.

t) La prestación de servicios incumpliendo lo dispuesto en el artículo 19.4.

u) La actuación de vigilantes de seguridad en el exterior de las instalaciones, inmuebles o propiedades de cuya vigilancia o protección estuvieran encargadas las empresas de seguridad privada con motivo de la prestación de servicios de tal naturaleza, fuera de los supuestos legalmente previstos.

v) No depositar la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente, en caso de cierre del despacho de detectives privados.

w) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

x) La publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.

y) La prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.

3. Infracciones leves:

a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.

b) La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.

c) La falta de diligencia en la cumplimentación de los libros-registro obligatorios.

d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.

b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.

c) La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.

d) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

e) La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.

f) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.

g) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

h) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.

i) La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.

j) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.

k) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.

l) La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.

m) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4.

n) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

2. Infracciones graves:

a) La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo conforme a lo dispuesto en el artículo 38.5, o al margen de los despachos de detectives.

c) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

d) El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6.

e) La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.

f) La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b).

g) La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.

h) La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.

i) La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.

j) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.

k) La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.

l) El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.

m) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

n) La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.

3. Infracciones leves:

a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.

b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.

c) La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.

Los usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Muy graves:

a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.

b) La utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

c) El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y condiciones exigidos en la declaración responsable, o impartir cursos sin haberla presentado.

d) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en la realización de las funciones inspectoras de las medidas de seguridad, de los centros de formación y de los establecimientos obligados.

e) La no adecuación de los cursos que se impartan en los centros de formación a lo previsto reglamentariamente en cuanto a su duración, modalidades y contenido.

f) La falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias.

g) La falta de comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la información y las comunicaciones, cuando sea preceptivo.

h) La contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad o la utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación.

i) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

j) La entrada en funcionamiento, sin previa autorización, de centrales receptoras de alarmas de uso propio por parte de entidades públicas o privadas.

k) Obligar a personal habilitado contratado a realizar otras funciones distintas a aquellas para las que fue contratado.

2. Graves:

a) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad obligatorias que tengan instalados.

b) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.

c) La no comunicación al órgano competente de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación.

d) La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros de formación.

e) El anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la seguridad pública o a terceros.

f) La utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación.

g) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

h) El incumplimiento, por parte de los usuarios de seguridad privada, de la obligación de situar al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad, en contra de lo previsto en el artículo 36.2.

3. Leves:

a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o cuando su funcionamiento cause daños o molestias desproporcionados a terceros.

b) El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad que se tengan instalados.

c) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos.

d) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 60. Colaboración reglamentaria.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 61. Sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 30.001 a 600.000 euros.

b) Extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable, que comportará la prohibición de volver a obtenerla o presentarla, respectivamente, por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.

c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 30.000 euros.

b) Suspensión temporal de la autorización o de la declaración responsable por un plazo de entre seis meses y un año.

c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Artículo 62. Sanciones al personal.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 58, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 6.001 a 30.000 euros.

b) Extinción de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 1.001 a 6.000 euros.

b) Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 1.000 euros.

Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 59, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.

b) Cierre del centro de formación, que comportará la prohibición de volver a presentar la declaración responsable para su apertura por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.

c) La clausura, desde seis meses y un día a dos años, de los establecimientos que no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 20.000 euros.

b) Suspensión temporal de la declaración responsable del centro de formación por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Artículo 64. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formación o establecimiento contra el que se dicte la resolución sancionadora, y la capacidad económica del infractor.

Artículo 65. Aplicación de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa.

2. La aplicación de sanciones pecuniarias tenderá a evitar que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 66. Competencia sancionadora.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponderá:

a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables.

b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.

c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.

Cuando, en el curso de las inspecciones por parte de la Guardia Civil de los cursos para guardas rurales, impartidos por centros de formación no exclusivos de éstos, se detecten posibles infracciones, la sanción corresponderá al Director General de la Policía.

d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este personal.

e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que se determinen en cada caso.

3. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 67. Decomiso del material.

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Artículo 68. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Artículo 69. Medidas cautelares.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción.

b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias, o la suspensión, en su caso, de la eficacia de las declaraciones responsables.

c) La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada.

También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Las medidas cautelares previstas en los párrafos b) y c) del apartado anterior no podrán tener una duración superior a un año.

Artículo 70. Ejecutoriedad.

1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se haya previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensión temporal y extinción de la eficacia de autorizaciones, habilitaciones o declaraciones responsables y prohibición del ejercicio de la representación legal de las empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días hábiles ni superior a dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Artículo 71. Publicidad de las sanciones.

Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad.

Artículo 72. Multas coercitivas.

1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades competentes relacionadas en el artículo 66 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo.

2. La cuantía de estas multas no excederá de 6.000 euros, pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

3. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse y compatibles con ellas.

Disposición adicional primera. Comercialización de productos.

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un acuerdo de asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se atenderá a los estándares previstos por las entidades de certificación acreditadas que ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y a que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.

Disposición adicional segunda. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.

1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223.f).

Disposición adicional tercera. Cooperación administrativa.

En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.

Disposición transitoria primera. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno.

2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se entenderán hechas a la nueva categoría de guardas rurales.

Disposición transitoria segunda. Personal de centrales receptoras de alarmas.

Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna acreditación específica.

Disposición transitoria tercera. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad.

Los ingenieros y técnicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el artículo 5.1.f) podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditación específica a la que se refiere el artículo 19.1.c).

Disposición transitoria cuarta. Plazos de adecuación.

1. Las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, los despachos de detectives privados y sus sucursales, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso a la entrada en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos de adecuación, computados a partir de su entrada en vigor:

a) Dos años respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones y de los despachos de detectives privados y sus sucursales.

b) Diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados.

c) Un año para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4.

2. Las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley tendrán una validez indefinida, hasta el final de su vida útil; no obstante, deberán ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte.

3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad física, electrónica e informática que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán cumplir todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria quinta. Actividad de planificación y asesoramiento.

1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas únicamente para la actividad de planificación y asesoramiento contemplada en el artículo 5.1.g) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispondrán de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para solicitar autorización para cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 5.1 de la misma, excepto la contemplada en el párrafo h).

2. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior que, transcurrido dicho plazo, no hubieran solicitado la mencionada autorización, serán dadas de baja de oficio, cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente.

3. En el caso de las empresas de seguridad que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran autorizadas e inscritas para la actividad de planificación y asesoramiento y, además, para cualquier otra contemplada en el artículo 5.1, se cancelará de oficio su inscripción y autorización en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente únicamente respecto a dicha actividad de planificación y asesoramiento.

4. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior dispondrán de un plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, para adecuar los respectivos importes del seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera, así como del aval o seguro de caución, en función de las actividades para las que continúen autorizadas e inscritas en los registros correspondientes.

5. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización e inscripción para desarrollar únicamente la referida actividad de planificación y asesoramiento se darán por terminados, procediéndose al archivo de las actuaciones.

6. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización para desarrollar actividades de seguridad privada entre las que se incluya la referida actividad de planificación y asesoramiento, continuarán su tramitación en relación exclusivamente con el resto de actividades solicitadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta ley.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. Procedimiento administrativo.

En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre procedimiento administrativo.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.

b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.

c) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.

d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad privada y del personal acreditado.

e) El régimen de habilitación y acreditación de dicho personal.

f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones.

2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de abril de 2014.

” Los ocho héroes de Irak cumplieron diez años en nuestro recuerdo” El pasado 29 de noviembre del 2013 se cumplieron diez años del mayor drama en la historia de los servicios secretos españoles: siete agentes fueron asesinados en Irak después de que en octubre hubiese muerto otro tiroteado. Entrevista a Flayeh Al Mayali, acusado por el atentado contra agentes del CNI Denuncia por torturas contra los soldados españoles en Iraq

La Ley de seguridad privada 05/2014 aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo http://wp.me/p2n0XE-29b @juliansafety @segurpricat
Julian Flores Garcia siseguridad

Los ocho héroes de Irak

El pasado dia 29 de noviembre del 2013  se cumplieron diez años del mayor drama en la historia de los servicios secretos españoles: siete agentes fueron asesinados en Irak después de que en octubre hubiese muerto otro tiroteado. Tras meses de investigación, este es el relato de lo que realmente pasó, con fotos exclusivas de los fallecidos, las últimas que se hicieron en Irak.

El episodio más negro del servicio secreto español en sus últimos 50 años de historia tuvo lugar a finales de 2003 en Irak. Un agente, José Antonio Bernal, fue asesinado en Bagdad el 9 de octubre y siete espías corrieron la misma suerte el 29 de noviembre en una emboscada.

La historia oculta de esos acontecimientos dramáticos comenzó cuando, meses antes de la invasión de Irak por Estados Unidos, este último país montó una campaña mundial de desprestigio contra Sadam Husein. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía allí una delegación integrada por el consejero de Información Alberto Martínez y su ayudante, José Antonio Bernal.

Los dos descubrieron los motivos que había detrás de la decisión de George W. Bush de atacar el país árabe. Husein había vendido a compañías francesas la mayor parte de los derechos sobre su petróleo. Cuando los estadounidenses se enteraron recordaron la primera Guerra del Golfo y se pusieron ciegos de ira: “No permitiremos que nosotros pongamos los muertos y otros se lleven los beneficios”. Sus informaciones también explicaban la postura contraria a la invasión que mostraban Francia, Rusia y Alemania, a los que les interesaba por motivos económicos que el dictador siguiera al frente del país.

La situación dio un giro definitivo cuando EEUU promovió la sospecha de que Husein estaba fabricando armas de destrucción masiva. Martínez y Bernal movieron a sus confidentes, indagaron por todo el país y, al final, informaron a sus jefes de que era falso. Los dos se quedaron de piedra cuando el presidente José María Aznar se sumó a la alianza de Estados Unidos y Gran Bretaña y defendió exactamente lo contrario de lo que ellos habían contado. Bernal aseguró en aquellos momentos a una persona cercana: “Aznar no sabe lo que está haciendo, aquí no hay armas de destrucción masiva, de ninguna manera”.

La situación de los espías cambió radicalmente en los meses previos al ataque. La supuesta amistad entre Irak y España se convirtió en una quimera. Las fuentes que tanto tiempo les había costado conseguir empezaron a recelar de ellos. Los dos se convirtieron en objetivo de los partidarios de Husein. Volvieron a España antes de la invasión, que se inició el 20 de marzo, y regresaron en mayo a un Irak tomado por los estadounidenses. Durante el verano, el Gobierno decidió enviar tropas y aumentó la presencia de agentes del CNI. Bernal se quedó en Bagdad y Martínez, con el agente Luis Ignacio Zanón, se fue a Nayaf, mientras que Carlos Baró y Alfonso Vega se desplegaron en Diwaniya.

El 9 de octubre tuvo lugar la primera tragedia en Bagdad. Bernal escuchó cómo llamaban a la puerta de su casa. El guarda al que le tocaba turno le había pedido llegar más tarde esa mañana –sin duda le habían amenazado para que no estuviera allí–, así que se acercó él a abrir. Comprobó previamente que era un clérigo chií al que conocía desde hacía tiempo. Al abrir, el religioso comenzó a hablarle con agresividad y Bernal pensó que habían ido a secuestrarle o a matarle. Rápido de reflejos, entendió que su única posibilidad era huir. Apartó al clérigo de un empujón y a los dos hombres que le acompañaban y emprendió una carrera enloquecida. Pero tropezó, lo que permitió a un cuarto hombre pegarle un tiro en la cabeza.
La insurgencia quería vengarse de Bernal, Martínez y los espías españoles, pues les habían convencido de que eran amigos y luego les traicionaron al posicionarse con Estados Unidos. Nadie pareció entender el significado del asesinato hasta mucho tiempo después, cuando ya era tarde.

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Cuatro sin experiencia.

El 26 de noviembre otros cuatro agentes llegaron a Irak: José Merino, José Carlos Rodríguez Pérez, José Lucas Egea y José Manuel Sánchez Riera. Iban a permanecer menos de una semana en un viaje de reconocimiento del terreno previo a la misión que comenzarían a principios del año siguiente, en sustitución de los cuatro que estaban allí.

El sábado 29 de noviembre, según el plan previsto y aprobado por su jefe, el teniente coronel Jorge, los cuatro agentes destinados y sus relevos fueron a Bagdad para hacer diversos trámites. Era un día tranquilo que aprovecharon para hacerse fotos como recuerdo de su estancia en el que era el país más conflictivo del mundo. Unas fotografías que son la última imagen de todos ellos y que Tiempo saca a la luz en exclusiva con motivo del décimo aniversario de los hechos, junto a otras de su estancia en Irak.

Un rato antes de lo previsto, los ocho se montaron en sus dos todoterrenos, un Nissan Patrol blanco y un Chevrolet Tahoe azul. Desgraciadamente, ninguno de los coches estaba blindado. Les esperaban 200 kilómetros de carretera. Podían haber viajado por separado, pero habían acordado con Jorge que harían el trayecto juntos porque así tendrían más posibilidades de hacer frente a un ataque. Una decisión que expertos militares nunca han comprendido.

Unos cuarenta minutos después de salir de Bagdad, tras el coche que conducía Vega, unos centenares de metros detrás del de Martínez, apareció un Cadillac blanco que hizo una extraña maniobra de adelantamiento, acompañada del fuego de fusiles de varios de sus cinco ocupantes. Vega pisó el acelerador, evitó la primera embestida y consiguió eludir a sus perseguidores. A toda velocidad adelantó al coche de sus compañeros para avisarlos del ataque y ganar tiempo para situarse en posición de tiro lateral, algo que no consiguió. El todoterreno de Martínez apenas tuvo segundos para reaccionar. Alberto Martínez fue el primero en morir y José Lucas Egea recibió un tiro en la cabeza. Las ráfagas de Kalashnikov destrozaron también las ruedas y el coche acabó en el arcén.

El sedán blanco persiguió al otro todoterreno, al que dio caza consiguiendo idéntico resultado: sus ocupantes asesinaron al conductor, Alfonso Vega, e hirieron al comandante Rodríguez en el estómago. El coche se quedó sin mando, se salió por el arcén y quedó atrapado en una hondonada enfangada. El coche de los atacantes frenó en seco en mitad de la carretera y sus ocupantes continuaron disparando. Los cuatro que no habían sufrido daños saltaron de los vehículos y repelieron la agresión con sus pistolas, lo que hizo retroceder a los atacantes, que abandonaron la escena y se perdieron en Latifiya, una ciudad aneja al lugar de la agresión.

“Mierda, nos han atacado”.

Merino, ayudado por Zanón, llevó su vehículo lentamente al encuentro del otro para reagruparse. Se encontraron con Baró, que tomó el mando. Dejó a los heridos en los coches en que viajaban y llamó al número de teléfono del teniente coronel Jorge. “¡Mierda, nos han atacado –gritó Baró–! Tenemos por lo menos dos muertos. Avisa a la brigada, que manden helicópteros”. La tensión también era evidente en el receptor de la llamada, que en ese momento –sábado– estaba… en El Corte Inglés, de compras. No había plan de respuesta frente a un ataque. La comunicación se cortó.

Los agresores se habían guarnecido en dos casas bajas que había cerca del terreno en que estaban los dos coches averiados. Esta vez el fuego era con ametralladoras y lanzagranadas. Baró sacó el único subfusil que tenían y repitió la llamada al coordinador en Madrid: “¡Mierda hay cuatro muertos… o tres! Te damos nuestras coordenadas” y sin pensárselo dos veces le pasó el teléfono Thuruya a Zanón, pero este no pudo dárselas porque la comunicación se interrumpió nuevamente.

Todos fueron cayendo poco a poco. Baró fue alcanzado por el fuego enemigo y murió. Poco después fue Merino el que resultó herido. Zanón, un militar sin preparación guerrera, optó por quedarse con Merino, herido de muerte, aun a sabiendas de que eso supondría su propia muerte. Sánchez Riera, por el contrario, optó por buscar una salida. Cruzó al otro lado de la carretera y se escondió entre unos matorrales, alejado del fuego enemigo. No contaba con que los iraquíes que habían parado sus coches para contemplar la escena se acercaran a él e intentaran lincharle. Pero la suerte que no habían tenido sus compañeros le sobrevino a él. Un hombre bien vestido hizo exageradamente el gesto de besarle. La turba se frenó. El hombre, un notable de la zona colaborador del espionaje inglés, había hecho el gesto de amistad para que todos supieran que estaba bajo su protección. Los mismos que un momento antes le golpeaban ahora le ayudaron a levantarse y le metieron en un taxi salvador.

El 2 de diciembre se celebró el funeral de Estado en la sede del CNI. Estuvieron presentes las principales autoridades del Estado, encabezadas por los Reyes, el Príncipe y el presidente del Gobierno. Don Juan Carlos impuso a los fallecidos la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Un momento emocionante que no lo fue para todos. El motivo estaba en que los fallecidos eran militares y muchos de los presentes echaron en falta una condecoración castrense. Esta llegó tiempo después: la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. Un reconocimiento escaso justificado por el hecho de que el Gobierno del PP defendía que en Irak no había guerra. La decisión fue corregida cuando el PSOE llegó al poder y el nuevo ministro, José Bono, la sustituyó por la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.

Las peticiones de información sobre los asesinatos llevaron al ministro Federico Trillo a anunciar que “los presuntos autores del ataque a los españoles fueron detenidos diez días después en una acción conjunta entre fuerzas de la coalición y la policía iraquí”. Una información que le sirvió para salir del paso con efectividad, pero la realidad fue otra bien distinta. Las tropas de Estados Unidos habían organizado una operación en Latifiya contra grupos resistentes, pero su objetivo no fue capturar a los que tendieron la trampa a los españoles. Los familiares de las víctimas siguen esperando una explicación.

El traductor, torturado.

Unos meses después, el 22 de marzo de 2004, soldados españoles destinados en Diwaniya detuvieron a Flayeh Abdul Zarha Anyur Al Mayali, que durante varios años había sido el traductor de Alberto Martínez. Fue interrogado por personal del CNI durante cuatro días sin conseguir arrancarle una confesión inculpatoria. Al Mayali denunciaría posteriormente que esos días le colocaron una capucha en la cabeza, le impidieron dormir y le sometieron a insultos e interrogatorios constantes. Posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses, que le tuvieron once meses encerrado. Como no consiguieron obtener pruebas de su participación en el asesinato de los agentes españoles, le pusieron en libertad sin cargos.

El 14 de julio de 2004, en la sede central del servicio en Madrid, el ministro Bono inauguró un monumento, una llama de bronce colocada sobre un muro de acero, con los nombres de los ocho asesinados en Latifiya y Bagdad. El último reconocimiento a los héroes del CNI.

 

Fuente: Fernando Rueda

 

Entrevista a Flayeh Al Mayali, acusado por el atentado contra agentes del CNI
Denuncia por torturas contra los soldados españoles en Iraq

Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la mano izquierda.
Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro.
LOS INTERROGATORIOS: “Había un hombre bajito, gordo y bastante burro que sólo preguntaba
tonterías”
MENSAJE A LOS ESPAÑOLES: “He pasado casi un año detenido sin culpa y quiero que las
familias sepan que soy inocente”
Flayeh Al Mayali fue acusado de colaborador necesario en el atentado contra los agentes del CNI
asesinados en Iraq en noviembre del 2003 y ha estado encarcelado durante once
meses, hasta el
pasado jueves, en que fue liberado sin cargos. Este traductor, que había trabajado para los
agentes españoles, asegura que recibió un trato inhumano y degradante por parte de militares
españoles durante su interrogatorio en Base España en Diwaniya.
¿Cómo se siente tras haber sido liberado? Estoy muy contento porque ya salí de la cárcel, pero
la pesadilla aún no ha concluido. Nunca olvidaré que basaron la acusación en flagrantes mentiras.
Es imposible que yo participara en el atentado porque el comandante Alberto Martínez era como
un hermano.
¿Qué les diría a los familiares de los siete agentes asesinados? Quiero decirles que soy inocente
y nada tuve que ver con el atentado. Sobre todo quiero que lo sepa la familia de Alberto.
¿Qué le diría al Gobierno español? He pasado casi un año detenido sin culpa y he dejado a mi
familia en la indigencia. Los servicios de inteligencia españoles me detuvieron y me acusaron sin
pruebas. Querían justificar que estaban realizando una investigación en profundidad y me usaron
comoc hivo expiatorio. Quiero limpiar mi imagen ante las familias de los fallecidos y ante los
españoles, incluidos los responsables del Gobierno y el Estado de un país al que amo.
¿Cuál era su relación con los españoles? Mi familia y yo mismo nos esforzamos en evitar que se
produjesen actos de violencia contra los soldados españoles en Diwaniya y Najaf. Ningún soldado
español murió en esas dos provincias por actos de terrorismo durante los meses que duró la
misión.
¿Quién era su interlocutor en la Brigada Plus Ultra? El capitán Diego López, responsable de
seguridad de Base Al Andalus en Najaf. Organicé encuentros con todos los partidos políticos, los
jefes tribales más respetados, los religiosos más prominentes, incluso con los responsables de los
grupos paramilitares vinculados a los partidos confesionales chiíes. Siempre les insistí en que los
españoles habían venido para ayudar en la reconstrucción y que nunca actuarían como ocupantes.
¿Qué relación contractual tenía con el ejército español? Firmé diez contratos por un valor de
300.000 dólares para reconstruir escuelas y centros cívicos, tres de ellos antes de la emboscada.
Mi primer interlocutor fue un tal comandante Ucha. Tras el asesinato de Alberto y sus compañeros
del CNI firmé otros siete contratos con el capitán Diego López.
¿Cuándo fue detenido? El 22 de marzo del 2004 acudí a Base España en Diwaniya. Allí me
esperaban cuatro personas del CNI. Fui interrogado durante tres días. Me hicieron 30 veces la
misma pregunta en relación con mi trabajo con Alberto Martínez durante la época de Saddam

Hussein. Les repetí una y otra vez que era el encargado de traducir del árabe al español textos
aparecidos en los diarios locales según indicaciones del propio Alberto.
¿Cómo fue tratado? Me pusieron una capucha, me ataron las manos a la espalda y me pegaron
bofetadas en las mejillas y golpes en la cabeza. Entre ellos había un hombre bajito, gordo y
bastante burro que sólo preguntaba tonterías. Así estuve los tres días de interrogatorio.
¿Qué pasó después? El cuarto día me quitaron la capucha y me entregaron a la sección de la
policía militar. Me metieron en una habitación muy húmeda y me impidieron dormir. Me llamaban
“perro” cuando les pedía que me dejaran ir al servicio.
¿Quién le llevó a la cárcel de Abu Ghraib? Me llevaron el 27 de marzo del 2004 de Diwaniya a
Bagdad. Durante el camino los soldados españoles no dejaron de repetir que era un “hijo de puta” y un “maricón”. Cuando yo les preguntaba por qué me trataban así, ellos me gritaban: “No abras la boca, cabrón”. Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la
mano izquierda. Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro.
¿Qué pasó en Abu Ghraib? Me metieron en una tienda con otros 20 detenidos, incluidos varios
acusados de terrorismo y algunos criminales. En todo momento tuve que esconder mi relación con
los soldados españoles. De saberlo, me hubieran acusado de colaboracionista y me hubieran
matado allí mismo.
¿Qué ha pensado en la cárcel? Me preguntaba cómo era posible que estuviese encarcelado si
era inocente. Ha sido un año de infierno. Hubo momentos en que temí por mi vida. Había días que
me desesperaba y me ponía a llorar como un niño.
¿Volvieron a interrogarle sobre el caso? Durante cuatro meses sólo hubo una respuesta a mis
peticiones: “Acusado de atentar contra las fuerzas de coalición y sometido a las investigaciones de
la inteligencia militar de Estados Unidos”.
¿Fue interrogado de nuevo por miembros de los servicios de inteligencia españoles? Nunca.
Ninguna autoridad española civil o militar me volvió a interrogar desde mi traslado a Abu Ghraib.
¿Cómo evolucionó su situación? Varios meses después pedí una entrevista con los
responsables de la inteligencia militar de Abu Ghraib. Al cabo de unos días, el 24 de septiembre
del 2004, los estadounidenses me interrogaron durante media hora. Me preguntaron por las
personas que conocía en la embajada española en Bagdad y por mi relación con el atentado contra
los miembros del CNI. Les dije que no tenía nada que ver.
¿Cómo fue el trato? Muy correcto y con preguntas lógicas. Un oficial muy amable me ofreció
una pepsicola y me dio dos cigarrillos. Me dijo que estaban estudiando mi situación y que
probablemente quedaría en libertad. Aunque pasaron otros dos meses sin noticias. De nuevo,
apelé al general responsable de la prisión y se comprometió a darme una respuesta lo antes
posible.
¿Estuvo siempre en la misma prisión? El 2 de diciembre del 2004 fui trasladado con otros 200
detenidos al centro de detención Camp Bucca, a la salida de la localidad de Um Qasr, a 600
kilómetros de Bagdad. El 12 de enero de este año conseguí hablar con un general estadounidense
responsable del campo de prisioneros. Días después me dijeron que mi caso iba a ser examinado
por una comisión mixta estadounidense-iraquí con potestad para resolver casos de prisioneros
encarcelados durante meses. El 17 de enero me anunciaron que la comisión había decidido….

Mas información http://www.rebelion.org/noticias/2005/2/11708.pdf

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Un pensamiento en “Acerca de Segurpricat Consulting”

Para laConsultoria de seguridad Segurpricat Consulting nuestro compromiso con la Seguridad Integral y gestión de riesgos en el proceso de internacionalización de empresas.

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La movilidad internacional en los processos de internacionalización de empresas que deben enviar a sus trabajadores a paises extranjeros  implica para el trabajdor expatriado una exposición a determinados riesgos motivados por situaciones de inestabilidad social y política en los paises a los cuales son desplazados, precisa de Planes de Seguridad y prevención que los minimizen, con ello reaccionar con eficacia, Seguridad y con la urgència que se requiere.

Consideramos Segurpricat necesario el Tecnico de Seguridad y prevención, que realiza y previene sitauciones, que diseña procedimientos de actuación, las obligaciones del empresario de una empresa española no se refiere unicamente a sus trabajadores españoles desplazados sino tambien a  los trabajadores extranjeros que la empresa contrata dentro y fuera de España, asumiran respecto a dichos trabajadores las obligaciones y responsabilidades previstes en la legislación española, con independència del lugar en que radique la empresa de trabajo temporal o empresa prestataria de los Servicios, la movilidad internacional presenta un reto para la empresa al trabajar en filiales de otros paises.

Debemos realizar la coordinación de actividades con las mismas exigèncias, garantizando la información reciproca sobre los riesgos del lugar de Trabajo y los Asociados a las actividades de ambas empresas.

Dirección de oficines: Carrer de Pau Claris, 97‎ 08004 Barcelona Spain

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HomeSeguridad InternacionalProteccion de Personas

Segurpricat consulting  realiza la protección y escolta de los directivos y las personas de responsabilidad de su empresa.

Protección de todo el personal de su empresa que se encuentre en comisión de Servicios profesionales en Latinoamerica en especial aquellos que sean directivos  expatriados o cargos de responsabilidad  por su mayor vulnerabilidad :

Consideramos necesario establecer una buena planificación a traves de diferentes estrategias para establecer una Seguridad preventiva proactiva que permita “garantizar” la finalidad perseguida quie es la protección del personal expatriado y la continuidad  de su proyecto empresarial  en el extranjero, como realizamos un Manual de protección y protocolos de actuación. Son medidas de precaución bàsicas puntuales de actuación ante situaciones de riesgo.

Es necesario la preparación de un dispositivo de Seguridad, sobretodo durante los desplazamientos al destino de sus instalacciones, planificar las operaciones y equipo de apoyo con las siguientes actuaciones:

-La evaulación general de las situaciones de riesgo previamente.

-Establecer contactos con la delegación diplomàtica:  En el Consulado español, con los responsables de la Seguridad  del Ministerio de Interior de España: Cuerpo Nacional de Policia y la Guardia civil destinados en Latinoamerica  con el “Plan Plus Ultra” y los Servicios de información e inteligencia nacionales y extranjeros.

-La comunicación directa con contactos locales: Policias y militares en la zona de operaciones.

-La determinación de las necesidades logisticas.

– Establecer las Ordenes de Trabajo y despliegue inical de apoyo del operativo.

Realización de planes de evacuación y de crisis para todos aquellos  empleados desplazados en el extranjero a traves de diferentes escenarios de riesgo:

-Evacuaciones oficiales por via diplomaticas y consulares.

-Evacuaciones propias por otras vies no oficiales a traves de planes propios de Segurpricat.

Tiene relevància establecer un plan de crisis en la cual se tengan previsto situaciones excepcionales: catàstrofes natuales , huracanes, terremotos, golpes de estados y revueltas Civiles, secuestros y extorsiones….problemas de enfermedades como  pandèmias, contando con la cooperación de la embajada e consulado español en el país latinoamericano.. y el gobierno  , se determinaran unas actuaciones o otras.

El empresario tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de Seguridad y riesgos por parte de las empreses contratistas o subcontratistas de obras y Servicios correspondientes a su pròpia actividad y que se desarrollen en su propio centro de Trabajo e la empresa española en el extranjero.

Realizar auditorías periódicas en Proyectos es el cometido principal de Segurpricat Consulting Julian Flores Garcia Como Socio Director de Seguridad.

– Compilar y actualizar un juego de directrices de Seguridad de proceso, para uso del personal de mantenimiento de las instalacciones en la planta.

– Preparar y emitir un Plan de HSE para el proyecto encomendado por nuestro cliente.

– Asegurar el cumplimiento del Plan de Ejecución del Proyecto referido al área que le ha sido assignada nuestro cliente a Segurpricat Consulting.

– Hacer el seguimiento de las actuaciones de HSE en los proyectos que se le encomienden, desde la fase de oferta hasta la entrega final al cliente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

– Preparar y emitir un Estudio de Seguridad para las obras que así lo requieran

– Preparar informes mensuales para la Comisión General de Seguridad en obra, sobre la situación de HSE en  la misma obra.

– Asistir en la gestión y tramitación de los diferentes permisos de obra y verificar que estos se emiten correctamente estableciendo poliricas y prácticas.

– Gestionar el programa de control de accidentes en la Obra y emitir las estadísticas correspondientes.

– Realizar investigaciones de incidentes y los correspondientes informes a nuestro cliente.

– Coordinar las actividades entre las obras y la oficina central y realiza auditorías en obras cuando así se le requiera.

• Seguridad en la misma obra de plantas industriales  de Petroleo y gas (industria de proceso)

• Capacidad de familiarización con trabajos en entornos culturales Internacionales diferentes.

• Conocimiento y manejo de normativa, códigos, estándares y buenas prácticas de países nacionales e internacionales.

• Experiencia en HSE en operación de plantas Industriales

Resumen :Las empresas dentro del proceso de movilidad internacional de sus trabajadores presentan riesgos Asociados a situaciones de inestabilidad social y política en los paises donde son desplazados como expatriados, donde  van a trabajar los mismos durante unos meses, nuestra organización Segurpricat Consulting es  requerida por nuestros clientes para reaccionar a tiempo con eficàcia y Seguridad donde se le pide, diseñando a medida planes de seguridad, autoprotección y emergencia adecuados para minimizar los riesgos  y procedimientos de actuación tratando de aportar una visión pràctica sobre la gestión necesaria a nivel preventivo, de manera que garantize unas condiciones óptimas de seguridad y salud  para los tabajadores expatriados, sin olvidar a los trabajadores extranjeros sucontratados.

Consideramos en la Consultoria de Seguridad Segurpricat consulting como parte fundamental del servicio de seguridad integral, un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para las personas, siendo la prioridad la protección de la vida humana.

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Segurpricat Consultoria de Seguridad Internacional:

Consideramos como parte fundamental del servicio de seguridad integral,  un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para las personas, siendo la prioridad la protección de la vida humana.

Desarrollamos e implantamos los siguientes servicios:

– Diagnostico del riesgo país :

Realizamos un informe previo del diagnostico del riesgo del pais teniendo en cuenta las condiciones especificas del sector de su empresa  y la localización del proyecto que la empresa desea llevar a cabo con este anàlisis de seguridad integral internacional permitira a nuestros clientes potenciales prevenir riesgos y utilizar los medios necesarios para solucionarlos de forma proactiva antes de instalarse desde el primer momento con la  evaluación y gestión de riesgos externos Internacionales que le ofrecemos facilitara disponer de una estratègia a seguir planificar,ejecutar, auditar y mejorar.

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-Sistema de Control y supervisión : Normas Técnicas.

OBJETIVO: Controlar toda la operación de los sistemas integrados de seguridad en su área, siguiendo las normas técnicas aplicables principalmente las que establecen directrices de auditoría, calidad, gestión ambiental y gestión en salud y seguridad.

1. La Gestión en seguridad. Generalidades

2. NTC ISO 19011 – Directrices de auditoria.

3. ISO 9001. Versión 2008 – Sistema de Gestión de Calidad.

4. ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental

5. Gestión en seguridad BASC

6. Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad. OHSAS 18001

Para Segurpricat consulting como Directores de Seguridad Internacional   valoramos e apreciamos la relación professional  con la Policia e Fuerzas de Seguridad  latinoamericanas consideramos que nuestra red de relaciones publicas como comerciales y contactos internacionales son fundamentales en el desarrollo de nuestro negocio:

-El valor de una buena red de relaciones.

-Que sean puntuales, habituales y permanentes.

-Relación que debe perdurar en el tiempo

-Relación con todas las partes de “ganar”: Empresa transnacional en su negocio gana el Consultor-Director de Seguridad gana el Gobierno-Policia-Ejercito-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  ganan, todos somos beneficiados de esta relación.

-Debe ser una relación de “complicidad e cordialidad” y de confidencialidad: clave en la relación comercial y personal.

-Las relaciones de éxito basades en el saber estar de ambas partes, adecuada  comunicación/trato mùtuo.

-Capacidad de interrelación con cargos/funciones y caràcteres/personalidades de Venezuela diferenciades però unidos con lazos/interès professional/personal.

-La confianza en que la màxima de protección de las personas y del patrimonio de la empresa transnacional corresponde al Director de Seguridad, con la màxima y reciproca colaboración con el staff de la empresa y autoridades policiales .

-Debemos realizar una interpretación de normativa ambigua con criterios de objectividad y adaptación al riesgo real existente .

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¿Quien soy?

Julian Flores Consultor de seguridad Ceo socio Director de la Consultoria de Seguridad Segurpricat consulting -Se- cuya misión y objetivos es la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada de sistemas de información y comunicación TIC,s, nacional e internacional a las empresas

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¿Quien soy?

Me llamo Julián Flores respondo al perfil de consultor de Seguridad aquel profesional de la Seguridad privada que contribuye a la minoración de posibles riesgos asociados a la actividad industrial o mercantil de las empresas como una medida de anticipación y prevención apostando por la integración de las distintas seguridades en un concepto de Seguridad integral Corporativa

El objetivo final clave de nuestra consultoria de Seguridad internacional:

-Exigir medidas de Seguridad efectivas y equilibradas al proyecto de internacionalización de la empresa que nos contrate, en base al riesgo real existente del mismo.

-Màxima colaboración y “complicidad” de la empresa, del Director de Seguridad y de la Policia e Fuerzas de Seguridad .

-Debemos ser  Segurpricat consulting como Director de Seguridad internacional un colaborador y no como una figura con interès contrapuestos, para demostar a la empresa y la  Policia del Gobierno lo que podemos aportar desde nuestra función y competencias con humildad:

– Resultados reputacionales: Minimizar la repercusión delictiva diversa que pudiera afectar al proyecto.

Consideramos Segurpricat Consulting como parte fundamental  del servicio de consultoria  Seguridad nacional e internacional integral que ofrecemos el análisis de las situaciones de riesgo para  la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para los empleados e directives en latinoamerica  y  para su proyecto de negocio.

Refiriéndonos a los riesgos y la gestión de seguridad en Latinoamerica hemos considerado necesario diferenciarlos dependiendo en cada caso de cada país o zona geográfica donde su empresa disponga de Centros de Trabajo o Delegaciones como teniendo en cuenta los proyectos Industriales, todo ello conlleva la implantación de planes de seguridad específicos para el personal de la empresa expatriados o no y planes de seguridad para los bienes como las instalaciones de cada pais.

Programas de evaluación del riesgo de cada país recopilando información a través  la implementación de la metodologia de las nuevas herramientas tecnologicas –TIC,s-  para la detección, filtrado, anàlisis de la información, tambien a traves de diversos conductos: contactos con el Cuerpo Consular y con otras empresas establecidas, siendo necesario fijar un calendario  con reuniones informativas con el personal destinado al extranjero, formación y adiestramiento con la confección de manuales de seguridad.

Consideramos que la protección de los empleados y ejecutivos de la empresa no solo es una obligación establecida por ley , a  la gerència de la empresa como de la dirección del departamento de Recursos Humanos RRHH sinó mejora la confiança en el desarrollo del proyecto de internacionalización de su empresa, debemos proporcionar a los empleados en el extranjero una excelente protección reduciendo a mínimos los riesgos para su seguridad física y personal, consideramos que el  mayor valor como capital de una empresa son las ideas y la inteligencia del equipo humano que la compone.

Debemos asegurar la viabilidad de los proyectos de la empresa en el extranjero, la organización de un servicio de seguridad idóneo que sepa como actuar en el casos de secuestros, toma de rehenes de los empleados y situaciones de crisis, de todo ello nuestra consultoria Segurpricat  tiene experiencia y ha desarrollado planes de seguridad en países emergentes en Latinomérica y Africa.

Consultoria de Seguridad nacional e internacional Segurpricat Consulting Advisory “Care on safety”

Segurpricat Consulting Advisory “Care on safety”

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La Ley de seguridad privada 05/2014 aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo http://wp.me/p2n0XE-29b @juliansafety @segurpricat
Julian Flores Garcia siseguridad

SEGURPRICAT CONSULTING ADVISORY “CARE ON SAFETY” Noticias y articulos relacionados con la seguridad privada y pública nacional e internacional de la empresa Segurpricat consulting Advisory “Care on safety”, queríamos tambien abrir un nuevo canal de comunicación con aquellas personas interesadas en el sector de la seguridad privada y pública, y el conjunto de usuarios de la seguridad con el fin de divulgar y dar a conocer dichas noticias de manera directa teniendo la opción de añadir comentarios.

Consultoria de seguridad nacional e internaciona Segurpricat Consulting

 

Ventajas de Segupricat Consulting

Ventajas de Segupricat Consulting

Las ventajas o elementos diferenciadores de nuestra consultoria de seguridad nacional e internacional para Latinoamerica  se encuentran  en la aplicación y la implantación de las metodologias que nos permiten las nuevas herramientas de anàlisis de inteligencia tecnologicas –TIC,s- para la detección y analisis de la información …

Avantages de Conseils Segupricat

Avantages de Conseils Segupricat

Avantages et différencier les éléments du paragraphe conseil de sécurité nationale et internationale si l’Amérique latine sont l’application et les méthodes de mise en œuvre que nous les nouveaux outils d’analyse permettent • la technologie Intel ligincia – TIC pour les s- la détection et l’analyse des…

Avantatges de Segupricat Consulting

Avantatges de Segupricat Consulting

Les Avantatges o Elements diferenciadors de la  consultoria de seguretat nacional i internacional paràgraf Llatinoamèrica si troben a l’Aplicació i la implantació de les Metodologies Que ens permeten Les Noves Eines d’Anàlisi d’Intel · ligincia Tecnològics – TIC , s- per a la deteccions i anàlisi de la Informació…

Anàlisis de Riesgos Internacional

Anàlisis de Riesgos Internacional

Segurpricat Consulting Consultoria de Seguridad Internacional le asesoramos en el de su empresa: Consideramos como parte fundamental del servicio de seguridad integral,  un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad…

L'analyse des risques internationaux

L’analyse des risques internationaux

Segurpricat Sécurité International Consulting vous conseille sur l’analyse du risque international de votre entreprise : Nous considérons comme une partie fondamentale du service de sécurité complet , une analyse complète des situations de risque pour la planification de l’ horaire des spectacles que l’introduction et la mise en…

  • Ventajas de Segupricat Consulting

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  • Avantages de Conseils Segupricat

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Target Marketing

Seguridad TIC

Los sistemas de información se han convertido en algo fundamental para las empresas, y no nos podemos imaginar una empresa que no utilice en absoluto por su actividad . Además, desde hace unos años la Administración está impulsando la utilización de canales de comunicación electrónicos con empresas y usuarios, así como la utilización de las tecnologías de la información en general en los procesos empresariales.

Target Marketing

Sécurité des TIC

Les systèmes d’information sont devenus essentiels pour les entreprises, et nous ne pouvons pas imaginer une entreprise qui n’utilise pas du tout de leur activité. En outre, au cours des dernières années, l’administration est de promouvoir l’utilisation de canaux de communication électronique avec les entreprises et les utilisateurs, ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans les processus généraux de l’entreprise.

Target Marketing

Seguretat TIC

Els sistemes d’informació s’han convertit en alguna cosa fonamental per a les empreses, i no ens podem imaginar una empresa que no utilitzi en absolut per la seva activitat. A més, des de fa uns anys l’Administració està impulsant la utilització de canals de comunicació electrònics amb empreses i usuaris, així com la utilització de les tecnologies de la informació n en general en els processos empresarials.

Online Support

Seguridad Nacional

El Plan de Seguridad y autoprotección es un documento de carácter clasificado que recoge las caracteristicas especificas del sistema de seguridad de las instalaciones de una empresa en todas y cada unas de sus dependencias, las medidas organizativas, los recursos humanos y los medios humanos y los técnicos necesarios .

Online Support

Sécurité Nationale

Le plan de sécurité est un document et la nature auto-classés de la collecte des spécificités du système des locaux d’une entreprise à chaque la sécurité une de ses dépendances, les organisations, les ressources humaines et les ressources humaines et techniques nécessaire

Online Support

Seguretat Nacional

El Pla de Seguretat i autoprotecció és un document de caràcter classificat que recull les característiques especifiques del sistema de seguretat de les instal · lacions d’una empresa en totes i cadascunes de les seves dependències, les mesures organitzatives, els recursos humans i els mitjans humans i els tècnics necessaris.

Creative Solutions

Seguridad Internacional

Consideramos como parte fundamental del servicio de seguridad integral, un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para las personas

Creative Solutions

sécurité Internationale

Nous considérons comme une partie fondamentale du service de sécurité complet, une analyse complète des situations de risque pour la planification de l’horaire des spectacles comme implantacióny exécution de services de sécurité appropriées, avec études et des conseils de sécurité sur les situations qui peuvent causer des risques pour les personnes

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Seguretat Internacional

Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral, una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantacióny realització dels serveis de seguretat adequats, amb la realització d’estudis i assessorament de seguretat sobre situacions que puguin ocasionar risc per a les persones

Nuestros Clientes

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Adjunto enlaces a los doce Posts más vistos en este Blog Segurpricat org durante el pasado año 2013

Adjunto enlaces a los doce Posts más vistos en este Blog Segurpricat org durante el pasado año 2013, por Julian Flores Garcia  Consultor de seguridad

La Guardia Civil ha imputado por intrusismo profesional, tras tener que rescatarlo, a un falso guía de alta montaña que carecía de la titulación necesaria y que se ofrecía a través de una página web. Como consecuencia de una de las actividades de montaña que ofrecía resultaron con heridas graves una mujer y el propio guía. Actividades de montaña sin seguro sanitario More stats 1.245
La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen More stats 895
¿Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad? Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas More stats 773
Presentación del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (PDF) Archivo More stats 773
Mustafa Ahmed Abdeselam, alias ‘Tafa Sodia’, de 39 años, al que la Policía presentaba desde hace 15 años como supuesto “cabecilla de un grupo de narcotraficantes y extorsionadores” local es asesinado a tiros en la calle. More stats 505
Ingreso en el Cuerpo Guardia civil Convocatoria de las pruebas More stats 418
Agentes del GRS de la Guardia Civil: La sección más ‘trepidante’ de la Guardia Civil celebra sus 25 años More stats 340
Subastas de armas pendientes de la Guardia Civil durante 2013 More stats 318
Localidad de Arties, tras las lluvias de esta noche por desbordamiento More stats 308
Competencias de la Guardia Civil en Seguridad Privada More stats 257
El desbordamiento del Garona en Val d’Aran, en directo More stats 216
Escoltas privados: Funciones y forma de prestar el servicio. Temario, Formación, Requisitos More stats 206
Con la reforma de la Ley de Seguridad Privada podría haber una sustitución completa Una posibilidad que se empezará a hacer realidad a partir del próximo mes de abril, cuando los primeros miembros de seguridad privada comiencen a prestar su labor en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía. More stats 183
El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española. Proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 29/2011 More stats 177
Temario: Temas comunes para todas las modalidades de Guardas particulares del campo More stats 173
Nuevo Temario Vigilantes de seguridad 2013

SEGURPRICAT CONSULTING ADVISORY INTERNACIONAL

 

SEGURPRICAT CONSULTING ADVISORY INTERNACIONAL

diciembre 28th, 2013

 
 

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HomeSeguridad InternacionalConsulting Internacional

Consultoria de Seguridad Internacional:

Consideramos como parte fundamental del servicio de seguridad integral,  un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para las personas

Desarrollamos e implantamos los siguientes servicios:

– Diagnostico del riesgo país de latinoamerica:

Realizamos un informe previo del diagnostico del riesgo del pais teniendo en cuenta las condiciones especificas del sector de su empresa  y la localización del proyecto que la empresa desea llevar a cabo con este anàlisis de seguridad integral internacional permitira a nuestros clientes potenciales prevenir riesgos y utilizar los medios necesarios para solucionarlos de forma proactiva antes de instalarse desde el primer momento con la  evaluación y gestión de riesgos externos Internacionales que le ofrecemos facilitara disponer de una estratègia a seguir planificar,ejecutar, auditar y mejorar.

-Sistema de Control y supervisión : Normas Técnicas.

OBJETIVO: Controlar toda la operación de los sistemas integrados de seguridad en su área, siguiendo las normas técnicas aplicables principalmente las que establecen directrices de auditoría, calidad, gestión ambiental y gestión en salud y seguridad.

1. La Gestión en seguridad. Generalidades

2. NTC ISO 19011 – Directrices de auditoria.

3. ISO 9001. Versión 2008 – Sistema de Gestión de Calidad.

4. ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental

5. Gestión en seguridad BASC

6. Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad. OHSAS 18001

Para Segurpricat consulting como Directores de Seguridad Internacional   valoramos e apreciamos la relación professional  con la Policia e Fuerzas de Seguridad  latinoamericanas consideramos que nuestra red de relaciones publicas como comerciales y contactos internacionales son fundamentales en el desarrollo de nuestro negocio:

-El valor de una buena red de relaciones.

-Que sean puntuales, habituales y permanentes.

-Relación que debe perdurar en el tiempo

-Relación con todas las partes de “ganar”: Empresa transnacional en su negocio gana el Consultor-Director de Seguridad gana el Gobierno-Policia-Ejercito-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  ganan, todos somos beneficiados de esta relación.

-Debe ser una relación de “complicidad e cordialidad” y de confidencialidad: clave en la relación comercial y personal.

-Las relaciones de éxito basades en el saber estar de ambas partes, adecuada  comunicación/trato mùtuo.

-Capacidad de interrelación con cargos/funciones y caràcteres/personalidades de Venezuela diferenciades però unidos con lazos/interès professional/personal.

-La confianza en que la màxima de protección de las personas y del patrimonio de la empresa transnacional corresponde al Director de Seguridad, con la màxima y reciproca colaboración con el staff de la empresa y autoridades policiales .

-Debemos realizar una interpretación de normativa ambigua con criterios de objectividad y adaptación al riesgo real existente .

El objetivo final clave de nuestra consultoria de Seguridad internacional:

-Exigir medidas de Seguridad efectivas y equilibradas al proyecto de internacionalización de la empresa que nos contrate, en base al riesgo real existente del mismo.

-Màxima colaboración y “complicidad” de la empresa, del Director de Seguridad y de la Policia e Fuerzas de Seguridad .

-Debemos ser  Segurpricat consulting como Director de Seguridad internacional un colaborador y no como una figura con interès contrapuestos, para demostar a la empresa y la  Policia del Gobierno lo que podemos aportar desde nuestra función y competencias con humildad:

– Resultados reputacionales: Minimizar la repercusión delictiva diversa que pudiera afectar al proyecto.

 
 
 

SEGURPRICAT CONSULTING ADVISORY ANÀLISIS DE RIESGOS INTERNACIONAL

diciembre 28th, 2013

 
 

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Home

Segurpricat Consulting Consultoria de Seguridad Internacional le asesoramos en el de su empresa:

Consideramos como parte fundamental del servicio de seguridad integral,  un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo para la planificación de la programación de las actuaciones como la implantación y realización de los servicios de seguridad adecuados, con la realización de estudios y asesoramiento de seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo para las personas

Desarrollamos e implantamos los siguientes servicios:

– Diagnostico del riesgo país de latinoamerica:

Realizamos un informe previo del diagnostico del riesgo del pais teniendo en cuenta las condiciones especificas del sector de su empresa  y la localización del proyecto que la empresa desea llevar a cabo con este anàlisis de seguridad integral internacional permitira a nuestros clientes potenciales prevenir riesgos y utilizar los medios necesarios para solucionarlos de forma proactiva antes de instalarse desde el primer momento con la  evaluación y gestión de riesgos externos Internacionales que le ofrecemos facilitara disponer de una estratègia a seguir planificar,ejecutar, auditar y mejorar.

– Sistema de Control y supervisión : Normas Técnicas.

OBJETIVO: Controlar toda la operación de los sistemas integrados de seguridad en su área, siguiendo las normas técnicas aplicables principalmente las que establecen directrices de auditoría, calidad, gestión ambiental y gestión en salud y seguridad.

1. La Gestión en seguridad. Generalidades

2. NTC ISO 19011 – Directrices de auditoria.

3. ISO 9001. Versión 2008 – Sistema de Gestión de Calidad.

4. ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental

5. Gestión en seguridad BASC

6. Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad. OHSAS 18001

Para Segurpricat consulting como Directores de Seguridad Internacional   valoramos e apreciamos la relación professional  con la Policia e Fuerzas de Seguridad  latinoamericanas consideramos que nuestra red de relaciones publicas como comerciales y contactos internacionales son fundamentales en el desarrollo de nuestro negocio:

– El valor de una buena red de relaciones.

– Que sean puntuales, habituales y permanentes.

– Relación que debe perdurar en el tiempo

– Relación con todas las partes de “ganar”: Empresa transnacional en su negocio gana el Consultor-Director de Seguridad gana el Gobierno-Policia-Ejercito-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  ganan, todos somos beneficiados de esta relación.

– Debe ser una relación de “complicidad e cordialidad” y de confidencialidad: clave en la relación comercial y personal.

– Las relaciones de éxito basades en el saber estar de ambas partes, adecuada  comunicación/trato mùtuo.

– Capacidad de interrelación con cargos/funciones y caràcteres/personalidades de Venezuela diferenciades però unidos con lazos/interès professional/personal.

– La confianza en que la màxima de protección de las personas y del patrimonio de la empresa transnacional corresponde al Director de Seguridad, con la màxima y reciproca colaboración con el staff de la empresa y autoridades policiales .

– Debemos realizar una interpretación de normativa ambigua con criterios de objectividad y adaptación al riesgo real existente .

El objetivo final clave de nuestra consultoria de Seguridad internacional:

– Exigir medidas de Seguridad efectivas y equilibradas al proyecto de internacionalización de la empresa que nos contrate, en base al riesgo real existente del mismo.

– Màxima colaboración y “complicidad” de la empresa, del Director de Seguridad y de la Policia e Fuerzas de Seguridad .

– Debemos ser  Segurpricat consulting como Director de Seguridad internacional un colaborador y no como una figura con interès contrapuestos, para demostar a la empresa y la  Policia del Gobierno lo que podemos aportar desde nuestra función y competencias con humildad:

– Resultados reputacionales: Minimizar la repercusión delictiva diversa que pudiera afectar al proyecto.

 
 
 

Ventajas y dieferencia de Segupricat Consulting Advisory

diciembre 15th, 2013

 
 

http://www.segurpricat.com.es

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Las ventajas o elementos diferenciadores de nuestra consultoria de seguridad nacional e internacional para Latinoamerica  se encuentran  en la aplicación y la implantación de las metodologias que nos permiten las nuevas herramientas de anàlisis de inteligencia tecnologicas –TIC,s- para la detección y analisis de la información  como posterior toma de decisiones de  los posibles riesgos de Seguridad Corporativa en la internacionalización  de su empresa en Latinoamerica.

Disponemos de una amplia red de contactos   profesionales de la Seguridad  pùblica y privada,  con colaboradores con presencia nacional en  Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia  e internacional en Latinoamerica:  en el estado Colombia en su capital Bogota y  en la población de Cúcuta,  como en el estado Venezuela : en su capital Caracas.

Pero sobre todo basandonos en nuestra  orientación en aportar valor añadido a nuestros clientes con la experiencia de quince años como  tecnicos consultores de Seguridad nacional e internacional , con la formación en tecnologias de la información,   de prevención de riesgos laborales, administracción y control de perdidas, humant intelligent,  formación  en el sector de Seguridad  pública y privada en la gestión de riesgos en el area internacional para empresas transnacionales, en los conocimientos y formación de nuestros consultores como profesionales cualificados acreditados como Directores de Seguridad  http://segurpricat.org/2013/05/18/directores-de-seguridad-funciones-habilitacion-requisitos-generales-y-especificos/   conociendo nuestras funciones  http://segurpricat.org/2013/08/27/funciones-del-director-de-seguridad/,  tecnicos competentes para elaborar planes de autoprotección acreditados por la administracción  http://segurpricat.org/2013/05/22/que-tecnicos-son-competentes-para-elaborar-planes-de-autoproteccion/,  personal colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas,  expertos en Criminología y  formadores acreditados por el Ministerio  de Interior indistintamente la Dirección General de la Policía  http://segurpricat.org/2013/11/06/profesores-acreditados-por-la-direccion-general-de-la-policia-para-impartir-ensenanzas-en-centros-de-formacion-actualizacion-y-adiestramiento-del-personal-de-seguridad-privada-se-han-de-reunir-los-s/ y la Guardia Civil  http://segurpricat.org/2013/04/01/habilitacion-de-profesores-de-centros-de-formacion/, conocemos la seguridad  pública y privada Internacional  en Latinoamerica por todo ello disponemos de capacidad y inteligencia corporativa  a su  alcance.

Ceo Socio Directo Segurpricat

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Julian Flores Garcia

 
 
 
 

Segurpricat Consulting Advisory :Misión y Valores

diciembre 15th, 2013

 
 
 

Misión

En Segurpricat Consulting   prestamos servicios especializados de consultoria de seguridad nacional e internacional para empresas transnacionales o empresas que tengan previsto su internacionalización en Latinoamerica  , en la linea orientada que la mejora de su Seguridad Corporativa es esencial para la estrategia de eficiencia,  mejora y competitividad de su empresa.

Valores

Como Consultoria de Seguridad nacional e internacional estamos  especializados en la  planificación, consultoria y asesoramiento en materia de Seguridad privada nacional e internacional en latinoamerica, que consistirà en la elaboración de estudiós e informes de Seguridad Corporativa, anàlisis de riesgos y planes de Seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, asi como en auditorias sobre la prestación de los Servicios de Seguridad nacional, internacional y  de herramientas de anàlisis de inteligencia TIC,s.

Ofrecemos ayudar y facilitar a nuestros clientes un servicio de seguridad integral  nacional e internacional en seguridad privada potenciando unos principios y  valores éticos de conducta con una planificación organizada y gestionada para la excelencia en el análisis como la evaluación de los riesgos, destacándonos por los resultados por el compromiso y implicación que transmitimos.

Dentro del marco de nuestros  principios y valores se encuentran el compromiso de confidencialidad y de cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales, el de atención al cliente, una comunicación permanente  desarrollando todas nuestras habilidades y competencias para la excelencia de nuestros servicios de consultoría y formación en seguridad privada corporativa.

Ofrecemos ayudar y facilitar a nuestros clientes un servicio de seguridad integral  nacional e internacional en seguridad privada potenciando unos principios y  valores éticos de conducta con una planificación organizada y gestionada para la excelencia en el análisis como la evaluación de los riesgos, destacándonos por los resultados por el compromiso y implicación que transmitimos.

Dentro del marco de nuestros  principios y valores se encuentran el compromiso de confidencialidad y de cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales, el de atención al cliente, una comunicación permanente  desarrollando todas nuestras habilidades y competencias para la excelencia de nuestros servicios de consultoría y formación en seguridad privada corporativa.

Ceo socio Director Julian Flores Garcia
 
 
Home La Empresa Misión y Valores
 
 
 
 

Segurpricat Consulting es una empresa de Servicios especializados de consultoria de seguridad nacional siendo su actividad la planificación, consultoria y asesoramiento en materia de Seguridad privada e Seguridad internacional para empresas que tengan previsto su internacionalización en Latinoamerica

diciembre 14th, 2013

 
 
 

Segurpricat Consulting Quiénes somos

Segurpricat Consulting   es una empresa de Servicios especializados de consultoria de seguridad nacional siendo su actividad la planificación, consultoria y asesoramiento en materia de Seguridad privada e  Seguridad internacional para empresas  que tengan previsto su internacionalización en Latinoamerica  , en la linea con la mejora de su Seguridad Corporativa  como aspecto esencial para la estrategia de eficiencia,  mejora y competitividad de su empresa en el mercado exterior. Nuestra consultora cuenta con tres lineas de negocio:

La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

– Seguridad de la información- TIC,s-.

-Seguridad nacional.

-Seguridad internacional

Consideramos que las Empresas deben acudir a nosotros como consultores de Seguridad  nacional e internacional para Latinoamerica http://segurpricat.org/2013/09/29/que-es-un-consultor-de-seguridad/    para asesorarse porque podemos aportarles el valor añadido de la Seguridad Corporativa  para su plan de negocio  internacional para Latinoamerica  con la implementación  de  su  propio plan estrategico de Seguridad e inteligencia –TIC,s- corporativa para la toma de decisiones adecuadas para una  internacionalización  a medida de los intereses de su empresa,  es primordial la información para la toma de decisiones,  como necesario que cuiden de potenciar su reputación comercial , financera, social tambien en la red,  como de  la seguridad de sus directivos y empleados expatriados( http://www.jefedeseguridad.net) …. un concepto de Seguridad integral completo  lleva a considerar que el proceso de internacionalización no sólo “conlleva” la conciencia sobre la mayor o menor seguridad jurídica, la situación política o las condiciones sanitarias de los países donde se pretende crecer sino que, además, las empresas tienen que valorar el “nivel de seguridad de sus trabajadores en este proceso de internacionalización”, necesitan una buena estrategia de Seguridad y autoproteccion  (http://siseguridad.co) , y el seguro de secuestro e extorsión, conocido por sus siglas en inglés “K&R” (Kidnap and Ransom) entre otras medidas.

Si lo desea nos encontramos a su disposición no dude en poner en contacto con nosotros le facilitaremos una mayor información sin compromiso.

Julian Flores Garcia

Socio-Director en Segurpricat Consulting

 
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Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia

junio 11th, 2013

 
 

Los tres pilares del crecimiento inteligente  Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.

Desarrollamos e implantamos planes y proyectos de seguridad integral internacional, permitiendo a nuestros clientes potenciales prevenir riesgos y utilizar los medios necesarios: Evaluación y gestión de riesgos externos internacionales(1) , formación de personal de seguridad (2), manuales de formación de seguridad e inteligencia (3), planes de autoprotección del personal expatriado como planes de evacuación basados en la seguridad preventiva y reactiva.

Consideramos que es de suma importancia alinear la seguridad con el negocio del cliente y concebirla como parte fundamental del mismo, es necesario ganar y contar con la confianza de la alta dirección por ello es necesario transformar la “seguridad” en el de “resistencia” o robustez integral del cliente, tenemos tambien la cooperación del Consulado de España en estos paises, de la Agregaduria de Seguridad del Ministerio de Interior: Cuerpo Nacional de Policia y Guardia Civil, por ello consideramos que dicho interlocutor sea la figura del Director de Seguridad (5) habilitado por el Ministerior Interior.

SEGURPRICAT conoce de la necesidad de proyectos de seguridad internacional idoneos en paises con mercados emergentes por la variedad de la normativa de seguridad pública y privada, la dificultad de estandarizar y la diversidad de provedores de seguridad con diferentes modelos de gestión en estos paises, como evaluar y gestionar los riesgos internacionales, el Director de Seguridad Corporativo es el responsable de la seguridad integral debe estar presente en la evacuaciones, contar con información global e informes de inteligencia y riesgo politico, realizar investigaciones de sus incidentes y gestionar la formación de su propio personal en materia de seguridad para ello le ofrecemos nuestro asesoramiento pongase en contactocon nosotros.

Director

D.Julian Flores Garcia

Contacto Segurpricat.es Pueden comunicarse con nosotros por correo postal a la siguiente dirección de contacto: D.Juliàn Flores Garcia Apartado de Correos 3005 C/Cotonat núm. 57 08904 Hospitalet de Llobregat Barcelona Comunicarse por telefono al numero 657 28 32 66 director@siseguridad.es

Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas:  Los tres pilares del crecimiento inteligente

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Seguridad de la Sanidad privada y pública ¿Esta España al borde de una crisis de la salud pública? El gobierno español recortó el gasto en un sistema de atención de salud ya relativamente magra. (Gastos de atención de salud pública es el 7% del PIB frente a una media del 7,6% en toda la Unión Europea , el 8,4% en Alemania y el 9,5 % en Dinamarca . ) El gasto se redujo un 13,7 % en 2012 y un 16,2 % en 2013 (incluyendo servicios sociales). Algunas regiones imponen recortes adicionales de hasta un 10%.Esto podría crear una gran crisis de salud pública en el futuro muy cercano, advierten los investigadores de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical ( LSHTM ) .

 

La asistencia sanitaria en España
¿Es España al borde de una crisis de la salud pública? 16 de diciembre 2013 , 17:49 por S.N.
A principios de este año , un inmigrante en España no se sentía bien y fue al hospital con síntomas de tuberculosis ( TB). Se le negó pruebas y enviado a casa. No mucho más tarde que se sentía tan mal que él se apresuró a la sala de urgencias , donde de nuevo se le dio la espalda. Luego murió . 
La asistencia sanitaria en España.


Como muchos inmigrantes ilegales , el hombre vivía en un pequeño espacio con otras diez personas . Como la tuberculosis es una enfermedad contagiosa , los diez se encuentran ahora también están en riesgo . Es poco probable que obtener cualquier ayuda en España : tras las medidas de austeridad y un cambio legislativo en 2012, el gobierno no va a proporcionar cualquiera de los cerca de 873.000 inmigrantes no registrados con la atención de salud no sea de emergencia . Esto podría crear una gran crisis de salud pública en el futuro muy cercano, advierten los investigadores de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical ( LSHTM ) .


Un artículo publicado el 14 de diciembre en la revista The Lancet , una revista médica , sonó una alarma en el estado de la atención de salud español . Hasta ahora la atención mediática europea se ha centrado en el impacto de la austeridad en el cuidado de la salud en Grecia , con informes de un aumento espectacular en el VIH , las enfermedades mentales , la tuberculosis y el regreso de la malaria. Grecia hizo sus recortes dos años antes de España lo hizo, por lo que su impacto se hizo evidente antes. Pero la situación en España es igual de preocupante , advierte Helena Legido – Quigley de la LSHTM , quien teme que si el Gobierno no cambia de rumbo pronto , brotes similares podría muy bien suceder en España .


A medida que el golpe de la crisis , el gobierno español recortó el gasto en un sistema de atención de salud ya relativamente magra. (Gastos de atención de salud pública es el 7% del PIB frente a una media del 7,6% en toda la Unión Europea , el 8,4% en Alemania y el 9,5 % en Dinamarca . ) El gasto se redujo un 13,7 % en 2012 y un 16,2 % en 2013 (incluyendo servicios sociales). Algunas regiones imponen recortes adicionales de hasta un 10%. Como resultado, una parte significativa de la población española está excluida de la atención básica de la salud, que a su vez podría conducir a problemas de salud pública para toda la población .
Elena Urdaneta , de Médicos del Mundo , una organización sin fines de lucro , dice que la política no sólo es injusto , sino también extremadamente peligroso para la salud pública. “Se puede excluir a las personas , pero no se puede excluir a las enfermedades . ” No vacunar a los hijos de los migrantes, por ejemplo, no es sólo decir , sino también ineficiente. Es mucho más barato vacunar que tratar con el brote de una enfermedad contagiosa. Y sin embargo, esto está empezando a ocurrir en varias regiones.
Incluso para aquellos que todavía tienen derecho a la atención médica, más tratamientos , incluidos los necesarios para la hepatitis C y algunos tipos de cáncer, ahora requieren que el paciente para pagar parte de la medicación. Esto ha llevado a más personas que no toman los medicamentos que necesitan , pero sienten que no pueden permitirse.
A medida que el impacto de estas políticas en la salud tiende a ir por un par de años , la crisis de salud pública real sólo se hacen evidentes cuando ya es demasiado tarde, advierte la Sra. Legido – Quigley . Profesionales de la salud temen que si no se hace nada para revertir estas políticas , España está encabezada por una pronunciada pendiente .
El costo de controlar un brote de tuberculosis en la ciudad de Nueva York en la década de 1990 , la friolera de $ 1,2 mil millones, demostró el valor de la prevención, que habría costado un estimado de una décima parte de eso, y salvó a mucha miseria en el proceso. Los recientes recortes de servicios de salud de España socavan los esfuerzos de prevención. Corren el riesgo de desmantelar un sistema que hasta hace muy poco era uno de los mejores de Europa , en términos de valor por dinero.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha defendido hoy que la seguridad pública se verá “beneficiada” y “reforzada aún más si cabe” con la futura Ley de Seguridad Privada, cuyos servicios serán siempre “complementarios y subordinados” a los de las fuerzas de seguridad del Estado.

Cosidó: La seguridad pública, más reforzada con la Ley de Seguridad Privada

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha defendido hoy que la seguridad pública se verá “beneficiada” y “reforzada aún más si cabe” con la futura Ley de Seguridad Privada, cuyos servicios serán siempre “complementarios y subordinados” a los de las fuerzas de seguridad del Estado.Durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre alarmas en la que participan hoy unos 150 representantes de empresas de seguridad privada y de centrales de estos dispositivos, Cosidó se ha referido a la Ley de Seguridad Privada, aprobada en el Congreso y que ahora tendrá que pasar el trámite del Senado.

Según Cosidó, el proyecto se enmarca en la mejora y potenciación del sistema de seguridad actualmente vigente, con el objetivo de sumar algunos servicios de las empresas privadas, que “serán previamente comunicados a la seguridad pública y, en su caso, autorizados por la Policía Nacional”.

“La ley supone un avance”, ha continuado el director de la Policía para quien el modelo de colaboración público-privada que establece la futura norma es “un ejemplo a seguir” por las legislaciones de otros estados de la UE y de Iberoamérica.

Un ejemplo de esta colaboración “inteligente” ya existente entre las fuerzas de seguridad públicas y las empresas privadas de seguridad es la gestión de las alarmas, en la que la Policía Nacional trabaja con estas compañías.

En declaraciones a los periodistas y tras ser preguntado por las críticas de la oposición que advierten de esta ley abre la puerta a la privatización de la seguridad, Cosidó ha sido tajante: “Nunca se ha pensado en una sustitución de seguridad pública por seguridad privada. Se están hablando bajo un principio de colaboración”.

En esta línea, ha sostenido que los vigilantes privados colaboran ya de forma muy activa para que las fuerzas de seguridad desarrollen mejor su trabajo y ha defendido que la norma fijará elementos más eficaces de supervisión de las empresas privadas, un control del que es competente la Policía.

Tampoco esta ley, ha dicho Cosidó, responde a una demanda de la seguridad ciudadana, pues los datos muestran “una clara mejora” con cifras descendentes de los delitos e infracciones penales que al término de este año podrían estar en torno una disminución del 4 por ciento en lo que se refiere a las competencias de la Policía.

“En absoluto esta ley responde a una demanda ciudadana de seguridad. Todo lo contrario pero nuestra obligación es que, bajo esos principios de subordinación y colaboración, trabajar para tener una seguridad aún mejor”, ha concluido.

Fuente:Efe

Segurpricat consulting Advisory Segurpricat Consulting Formación de seguridad para el personal de su empresa Julian Flores Ceo Director de Seguridad

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Julian Flores Ceo Director de Seguridad

Comisiones Obreras (CCOO) considera que el contenido del proyecto de Ley de Seguridad Privada que Francisco Márquez defendió la semana pasada en el Congreso es “lesivo” para los vigilantes porque “incrementa sus funciones sin la correspondiente protección jurídica, garantías de formación o una mejora de sus condiciones laborales acordes a las nuevas competencias asignadas”, según augura.

El proyecto de ley de Seguridad Privada “aumenta la desprotección” de los vigilantes, según CCOO
martes, 17 de diciembre de 2013
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Pinche sobre la imagen para consultar el proyecto de Ley.

 

 

– La Federación de Servicios Privados de Comisiones Obreras detecta “al menos tres carencias básicas” que “perjudican notablemente la inseguridad jurídica y laboral” del profesional privado

– “Incrementa de manera arbitraria las competencias de los trabajadores de Seguridad Privada pero en absoluto acompaña ese criterio con las medidas complementarias que requeriría”, critica

Comisiones Obreras (CCOO) considera que el contenido del proyecto de Ley de Seguridad Privada que Francisco Márquez defendió la semana pasada en el Congreso  es “lesivo” para los vigilantes porque “incrementa sus funciones sin la correspondiente protección jurídica, garantías de formación o una mejora de sus condiciones laborales acordes a las nuevas competencias asignadas”, según augura.

En un comunicado, el sindicato ha alertado de que “la norma desregula la Seguridad y privatiza, en línea con otras responsabilidades públicas, su gestión”. Además, la Federación de Servicios Privados opina que el teto “incrementa de manera arbitraria las competencias de los trabajadores de Seguridad Privada, pero en absoluto acompaña ese criterio con las medidas complementarias que requeriría”.

CCOO detecta “al menos tres carencias básicas” que “perjudican notablemente la inseguridad jurídica y laboral del vigilante”. La primera, que “equipara su condición a la de agente de la autoridad pero no se les dota de una protección jurídica adecuada que impida su desprotección legal”; la segunda, que se asignan nuevas funciones en el área de la vigilancia en espacios o vías públicas “sin que previamente se intensifique su formación en una actividad que puede chocar con libertades o derechos fundamentales”.

Además, la central ha denunciado que el incremento de tales competencias “no se corresponde con la situación laboral del sector, cuyos sueldos y derechos se encuentran en clara inferioridad respecto a las nuevas exigencias, y a enorme distancia de los percibidos por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad Estado”.

“Es más, un régimen sancionador desproporcionado es otro elemento añadido en perjuicio del vigilante”, ha añadido Comisiones, que entiende que “sólo desde el desconocimiento de la realidad del sector, la urgencia por ampliar el negocio de las empresas se seguridad, o un excesivo afán privatizador, se pueden plasmar estas modificaciones”.

CCOO formuló una seria de enmiendas al proyecto pero “ninguna de ellas ha sido tenida en consideración”. “Lamentamos”, ha concluido la nota de Comisiones, “que el Gobierno no haya sido más sensible no sólo a nuestras demandas, sino a las posiciones que desde un principio han pretendido buscar un equilibrio entre la reordenación del sector y el respeto a las libertades ciudadanas y a los derechos de los trabajadores”.

El Ministerio del Interior ha decidido crear una “experiencia piloto” impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que servirá para evaluar la validez de sus servicios de vigilancia en el perímetro de los centros penitenciarios por las empresas de seguridad privadas

Seguridad privada para los centros penitenciarios

Seguridad privada para los centros penitenciarios
El fin de la actividad armada de ETA en 2011 con su comunicado y la crisis económica que estamos pasando desde hace ya unos años ha hecho que desciendan el número de personal privado destinado a labores de escolta, por lo que ante esto, el Ministerio del Interior ha decidido crear una “experiencia piloto” impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que servirá para evaluar la validez de sus servicios de vigilancia en el perímetro de los centros penitenciarios.
Una posibilidad que empezó a hacerse realidad en abril de este año 2013, y que durará 9 meses, para la gran mayoría de las prisiones se han designado dos puestos que han de ser cubiertos todos los días de la semana durante las 24 horas.
Los centros penitenciarios se convertirán en 2014 en un nuevo ámbito de actuación para la Seguridad Privada. Varias empresas del sector han participado en este iniciativa y del resultado dependerá que se extienda esta práctica al resto de presidios de España.
Los vigilantes de seguridad privada están situados en el perímetro, donde realizan labores complementarias a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, realizando tareas específicas como el control de las puertas (accesos, intrusiones), vigilar desde puestos fijos y garitas observando el entorno y operar los sistemas del circuito cerrado de televisión a través de los monitores.
Una remodelación sin precedentes que lleva servida en la mesa desde mediados de este año, la intención del Gobierno es comprobar si funciona el cambio y si los nuevos trabajadores son capaces de desempeñar estas tareas que no son cualificadas. De ser así, el Ejecutivo se plantea, a largo plazo, liberar a uniformados de sus tareas en las cárceles.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado “rotundamente” que la futura ley de Seguridad Privada faculte a los vigilantes a realizar identificaciones, interrogatorios y cacheos en la vía pública, y ha dicho que solo desempeñarán sus funciones en la calle en supuestos excepcionales

 

Ley de Seguridad Ciudadana

Fernández Díaz niega “rotundamente” que los vigilantes puedan cachear

El ministerio de Interior matiza que sólo desempeñarán sus funciones en la calle en “supuestos excepcionales”.

Efe, Madrid | Actualizado 18.12.2013 – 14:01

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado “rotundamente” que la futura ley de Seguridad Privada faculte a los vigilantes a realizar identificaciones, interrogatorios y cacheos en la vía pública, y ha dicho que solo desempeñarán sus funciones en la calle en supuestos excepcionales. “Niego rotundamente que se faculte al personal de seguridad privada de hacer identificaciones a los ciudadanos, función que está reservada a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado“, ha respondido tajante el ministro en la sesión de control del Congreso a una de las dos preguntas del PSOE que ha criticado las iniciativas del Gobierno en materia de seguridad. El diputado socialista Juan Carlos Corcuera ha acusado al Ejecutivo de restringir las libertades con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y de responder a intereses particulares de las empresas con la Ley de Seguridad Privada, iniciativa ya aprobada en el Congreso, y que ha sido objeto también de otra pregunta del diputado del PSOE Antonio Trevín.
Para Trevín, el derecho a la seguridad, que se convierte en “una mercancía”, se privatiza con esta norma, con la que se pretende justificar un “inexistente problema de seguridad” y homologar a España con países más inseguros de nuestro entorno. “Se empieza privatizando la seguridad y se acaba privatizando la patria”, ha denunciado el diputado socialista que ha alertado de la capacidad que tendrán los vigilantes de seguridad de actuar en la vía pública con la autorización correspondiente.
Tras insistir en que la seguridad privada será “subordinada” a la pública, Fernández Díaz ha reprochado al PSOE sus críticas a este proyecto, pues ni presentaron enmienda a la totalidad del mismo ni pusieron de manifiesto su oposición a las modificaciones pactadas con CiU. Solo ha coincidido con el diputado socialista en que España es “un país seguro”, antes de defender que el Gobierno no se puede conformar y debe emprender iniciativas para reformar leyes de hace veinte años. Con todo, la respuesta del ministro se ha centrado en “eliminar” las dudas sobre la Ley de Seguridad Privada y en determinar “con precisión” la facultad que tendrán los vigilantes privados con la nueva ley. En primer lugar, Fernández Díaz ha querido dejar claro que los vigilantes podrán desempeñar excepcionalmente sus funciones en espacios públicos como zonas comerciales peatonales y siempre con autorización expresa.
Respecto a la facultad de estos trabajadores de identificar y cachear, el titular de Interior ha defendido que son funciones que no figuran en el proyecto de ley, mientras que ha asegurado que la norma sí recoge la posibilidad de detener y de poner a disposición de las agentes públicos a los delincuentes que infrinjan la ley en el lugar objeto de su protección. “Es cierto que los vigilantes van a poder practicar controles de documentación para el acceso a inmuebles de cuya seguridad están encargados en los mimos términos que actualmente”, ha asegurado. Y ha concluido: “Es falso, absolutamente falso que los vigilantes puedan comprobar los datos personales de los ciudadanos más allá de los que significa la estricta comprobación de la identidad de las personas” en lugares donde cumplen sus funciones.

El ministro del Interior Jorge Fernandez Diaz ha trasladado al senador Cascallana que el Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana va a ser “la ley de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos, la ley de quienes se manifiestan ejerciendo su derecho y respetan la libertad de quien no lo hace”.

El ministro del Interior afirma que los ciudadanos no tienen por qué soportar los actos de vandalismo, incivismo e insolidaridad

17 / 12 / 2013 MADRID

Sesión de control al Gobierno en el Senado

Jorge Fernández Díaz defiende en el Senado el nuevo texto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El ministro del Interior señala que la nueva ley será la de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos, la ley de quienes se manifiestan ejerciendo su derecho y respetan la libertad de quien no lo hace”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respondido hoy a dos preguntas parlamentarias durante la sesión del control al Gobierno en el Senado formuladas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.

En respuesta a la interpelación del senador del Grupo Parlamentario Socialista, Enrique Cascallana, “sobre la política de seguridad desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la separación de poderes”, el ministro del Interior ha señalado que la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es obligada por la modificación en trámite del Código Penal, que elimina de su ámbito actuaciones hasta ahora calificadas como faltas.

Jorge Fernández Díaz ha explicado que algunas de esas faltas relacionadas con los hurtos y con la delincuencia patrimonial, debían recibir una sanción mayor y convertirse en delitos en la nueva categoría de delitos leves, “dando así respuesta a la demanda de los ciudadanos que no entienden por qué en nuestro país queda impune la multirreincidencia delictiva”, ha subrayado el ministro.

El ministro del Interior ha señalado que la imposición de sanciones estará rodeada de todas las garantías constitucionales exigidas por el Tribunal Constitucional. Así, Jorge Fernández Díaz ha explicado que esta Ley no modifica ni una sola letra de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, aprobada en 1983, sino que establece un nuevo marco jurídico para proteger mejor la seguridad ciudadana.

El ministro del Interior ha trasladado al senador Cascallana que el Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana va a ser “la ley de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos, la ley de quienes se manifiestan ejerciendo su derecho y respetan la libertad de quien no lo hace”.

En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha destacado que, por primera vez, el nuevo texto define el concepto de seguridad ciudadana a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y enumeran los fines que debe perseguir la actuación de los poderes públicos en lo que se refiere a garantías del ejercicio de derechos y libertades, protección de personas y bienes, erradicación de la violencia. Asimismo, se enumeran los principios rectores de esta actuación pública como son el principio de legalidad, de proporcionalidad, de igualdad, de control jurisdiccional o de no discriminación.

Fernández Díaz ha señalado que el nuevo texto legal impide que se produzcan identificaciones masivas, indiscriminadas o no motivadas y le ha recordado al Grupo Parlamentario Socialista que en 2005 más de 13,5 millones de ciudadanos fueron identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2006 algo más de 12 millones, mientras que en el año 2012 no llegaron a 8 millones de identificaciones.

Asimismo, el ministro ha querido detallar en el Pleno del Senado algunos de los aspectos del contenido de la nueva ley. De esta manera, Fernández Díaz ha explicado que en materia de regulación de las órdenes y prohibiciones, el nuevo texto es más garantista que la Ley de 1992 ya que añade que las órdenes y prohibiciones han de ser motivadas, proporcionadas y perseguir un fin constitucionalmente legítimo. En cuanto a la regulación de la entrada y registro en el domicilio, el texto es más garantista ya que añade a la legislación vigente que se debe recabar siempre consentimiento previo y, en su defecto, autorización judicial.

Además, en relación a la regulación de la identificación de personas, se exige una mayor motivación y se impone el estricto cumplimiento de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

En cuanto a las diligencias de cacheo e identificación, se exige el respeto al principio de mínima injerencia y se imponen los mismos principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

Durante su intervención, el ministro del Interior ha tachado al Grupo Parlamentario Socialista de establecer “una idea parcial, sesgada, manipulada de este Anteproyecto de Ley, un relato que no se corresponde con la realidad” y ha afirmado que el Anteproyecto “es mucho más que un régimen sancionador, aunque ustedes hayan querido silenciar esta parte del debate”.

En este aspecto referido al régimen sancionador, Jorge Fernández Díaz ha explicado que se considera como infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, siempre que lleven aparejado riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento.

Asimismo, ha señalado que el anteproyecto califica como infracción grave otras conductas tales como provocar incendios en la vía pública, portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o el deslucimiento grave de bienes muebles o inmuebles dedicados al uso o servicio público

En este contexto, el ministro del Interior ha afirmado que “los ciudadanos no tienen por qué soportar los actos de vandalismo que son la máxima expresión del incivismo y de la insolidaridad ni tampoco tienen por qué pagar la factura de la violencia urbana”. “La futura ley sólo puede inquietar a quien pretenda incumplirla”, ha concluido Fernández Díaz.

Preguntas orales de los Grupos Parlamentarios en el Senado

PREGUNTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA

  • Propuestas del Gobierno español al Consejo Europeo de diciembre en materia de inmigración irregular en el Mediterráneo

En respuesta a la pregunta realizada por el senador Joan Sabaté, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, sobre “qué propuestas va a llevar a cabo el Gobierno español al Consejo Europeo de diciembre después de las crisis migratorias vividas recientemente en el Mediterráneo y la presión constante sobre la frontera española”, el ministro del Interior le ha recordado que este asunto ya fue abordado en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI) del pasado mes de octubre celebrado en Luxemburgo, donde se decidió constituir la “Task Force para el Mediterráneo”.

En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha señalado que España ha mantenido una posición protagonista desde el principio en este asunto e incluso “lo ha liderado con el apoyo de otros Estados miembros”. Fernández Díaz ha afirmado que esta iniciativa supuso, además, que en el último Consejo Europeo de Bruselas se dedicara un apartado específico sobre los flujos migratorios en sus Conclusiones y ha asegurado que en este próximo Consejo, los Jefes de Estado y de Gobierno debatirán de nuevo el asunto migratorio tras el informe sobre el trabajo realizado por la “Task Force”.

Además, en su respuesta, el ministro del Interior ha detallado que la posición de España en el próximo Consejo Europeo en materia de inmigración en el Mediterráneo se basará en la responsabilidad compartida, esto es, colaboración y solidaridad de todos los socios comunitarios; el trabajo conjunto con los países tanto de origen como de tránsito de la inmigración para apoyar sus esfuerzos y reforzar sus capacidades de control de sus fronteras marítimas y terrestres; la necesaria financiación de la Unión Europea de los programas nacionales de lucha contra la inmigración irregular, y la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos.

PREGUNTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV)

  • Iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción electoral de cara a las Elecciones Europeas

El senador  del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Iñaki Anasagasti, ha preguntado al ministro del Interior sobre “si el Gobierno va a presentar alguna iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción de cara a las Elecciones Europeas”, el ministro del Interior ha señalado que la circunscripción para la elección de diputados del Parlamento Europeo está determinada en el  artículo 214 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, que establece que la circunscripción es el territorio nacional.

En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que la postura que mantiene el Gobierno en este asunto “y que han mantenido todos los Gobierno anteriores”, ha recordado, es fruto de un amplio acuerdo entre todas las formaciones políticas y, por tanto, cualquier modificación que pudiera realizarse, deberá ser fruto de un consenso político.

Además, el ministro del Interior ha subrayado que los Estados son los que están representados en el Parlamento Europeo y el territorio nacional es, por tanto, la circunscripción más apropiada.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención en el Senado / FOTO: ARCHIVOEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención en el Senado / FOTO: ARCHIVO             Descarregar


GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA (Parte 1): Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a llevar al Consejo Europeo de diciembre de 2013 en relación con las crisis migratorias en el Mediterráneo.             Descarregar



La Guardia Civil en una Operación internacional dirigida por Interpol y Europol que inmoviliza más de 500 toneladas de alimentos por irregularidades en su comercialización o distribución

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CONVOCATORIA DE PRENSA: La Guardia Civil inmoviliza más de 500 toneladas de alimentos por irregularidades en su comercialización o distribución

Operación internacional dirigida por Interpol y Europol

Responsables de Policía Judicial y del SEPRONA de la Guardia Civil ofrecerán mañana en rueda de prensa los resultados de la denominada operación OPSON sobre seguridad alimentaría

En España se han inmovilizado más de 500 toneladas de alimentos y otros productos de consumo habitual en las fiestas navideñas como embutidos, carnes o vinos

Día:

Jueves, 19 de diciembre de 2013

Hora:

10’30 horas Acreditación de medios 10’00 horas

Lugar:

Sala del edifício de Apoyo C/ Guzmán el Bueno nº 110 Madrid


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidirá hoy jueves, 19 de diciembre, a las 12:00 horas, el acto de jura y entrega de títulos profesionales a la nueva Promoción de Comisarios del Cuerpo Nacional de Policía.

CONVOCATORIA DE PRENSA: El ministro del Interior preside el acto de jura de 24 nuevos Comisarios del Cuerpo Nacional de Policía

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidirà hoy jueves, 19 de diciembre, a las 12:00 horas, el acto de jura y entrega de títulos profesionales a la nueva Promoción de Comisarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta promoción está compuesta por 24 nuevos comisarios, 20 hombres y 4 mujeres, y es la segunda que se ha formado en el Centro de Altos Estudios Policiales.

Durante este acto, que tendrá lugar en la sede de la División de Formación y Perfeccionamiento, en Madrid, Jorge Fernández Díaz estará acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entre otras autoridades y responsables policiales.

Los medios que deseen cubrir este acto, deberán presentarse a las 11:35 horas.

Día:

Jueves, 19 de diciembre de 2013

Hora: 

11:35 horas  (Acreditación periodistas) 12:00 horas  (Inicio del acto)

Lugar: 

División de Formación y Perfeccionamiento Avda. Pío XII, 50 Madrid


 

 

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 60 personas por defraudar más de 4.000.000 de euros a través de 95 empresas ficticias. Con esta operación se ha logrado desmantelar una trama empresarial en Barcelona y la zona del Besós dedicada a la simulación de contratos de trabajo para poder acceder a prestaciones y subsidios

La Policía Nacional detiene a 60 personas por defraudar más de 4.000.000 de euros a la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo

19 / 12 / 2013 Barcelona

A través de 95 empresas ficticias en Barcelona y la zona del Besós

Ciudadanos extranjeros pagaban hasta 8.000 euros por los contratos falsos de trabajo que les permitieran solicitar la concesión de diferentes prestaciones o subsidios, y regularizar su situación en España

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 60 personas por defraudar más de 4.000.000 de euros a través de 95 empresas ficticias. Con esta operación se ha logrado desmantelar una trama empresarial en Barcelona y la zona del Besós dedicada a la simulación de contratos de trabajo para poder acceder a prestaciones y subsidios de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, y regularizar su situación en España. Esta organización daba de alta masivamente a extranjeros extracomunitarios empleando documentos falsificados, previo pago de hasta 8.000 euros.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron un falso contrato de trabajo durante la tramitación de un permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario, como pareja de hecho, entre una ciudadana alemana y un ciudadano de Ghana.

Venta de contratos de trabajo falsos

Los investigadores averiguaron que los responsables y captadores de la trama ofrecían en locutorios y otros lugares de reunión social contratos de trabajo fraudulentos a extranjeros extracomunitarios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros. La finalidad era darse de alta en la Seguridad Social y así adquirir los derechos para percibir prestaciones sociales y subsidios por desempleo, además de regularizar su situación administrativa en España.

Tras realizar numerosas pesquisas los agentes identificaron y detuvieron a los nueve responsables de la organización y procedieron al registro de dos locutorios en Badalona y Santa Coloma de Gramanet, además de un domicilio en la ciudad condal.

Indagaciones posteriores constataron que la red habría creado hasta 95 empresas ficticias de servicios desde el año 2008 con administradores como testaferros a cambio de una cierta cantidad de dinero. De esta manera dieron de alta fraudulentamente a 3.059 extranjeros extracomunitarios a partir de contratos de trabajo falsos, de las que al menos 257 han llegado a cobrar el subsidio por desempleo. El perjuicio económico causado al erario público supera los 4.000.000 de euros por impagos de cuotas a la Seguridad Social, fraude del IVA y percepciones fraudulentas de subsidios y prestaciones sociales. Además de las estafas cometidas a operadoras de telefonía móvil, financieras y entidades bancarias consecuencia de la utilización de documentaciones falsificadas en las aperturas de cuentas corrientes, solicitud de créditos al consumo y adquisición de terminales de última generación.

Regularizaciones fraudulentas

En la mayoría de los casos, los detenidos presentaban los contratos y otros documentos falsificados con el fin de obtener el permiso de residencia por arraigo social o laboral, o bien como familiar de ciudadano comunitario argumentando un vínculo marital que resultaba ser de complacencia. La operación policial se ha saldado con la detención de 60 personas de 17 diferentes nacionalidades, principalmente pakistaníes e indios. Además se ha intervenido abundante documentación -escrituras notariales, certificados de empresa, contratos de trabajo, nóminas, volantes de empadronamiento, 25 pasaportes, cartas de identidad y documentos oficiales falsificados- y diverso utillaje empleado en las falsificaciones.

Las investigaciones han sido realizadas por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Territorial de Sant Adrià de Besós (Barcelona), en colaboración con la UCRIF de la Brigada Regional de Extranjería y Fronteras de Barcelona, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Subdelegación del Gobierno en Barcelona

MINISTERIO DEL INTERIOR

Segurpricat Consulting Plan de Seguridad Nacional

Segurpricat consulting realizamos  Planes de  Seguridad  nuestros  servicios sirve para establecer las pautas para conseguir y mantener una organización de seguridad eficaz, definiendo con precisión funciones, actividades, tareas, atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles del componente humano de seguridad.

Además, el plan de Seguridad Integral indica los elementos técnicos y de centralización necesarios, y los estructurales y organizativos precisos, para la oportuna información y toma de decisiones por parte de la Dirección de Seguridad de la empresa ante situaciones de contingencia o crisis.

Otro de los objetivos principales, es elaborar normas generales y sus procedimientos de aplicación de modo que los cambios que se produzcan en los medios humanos de la organización no afecten a la eficacia del sistema.

El Plan de Seguridad Integral engloba los siguientes contenidos:

Establecimiento de Criterios y Política de Seguridad de la Organización.

Estudio de la Organización: Actividades/ Departamentos/ Organigrama/ Instalaciones.

Auditoria de Seguridad: Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades.

Planes Específicos de Seguridad:

– Control de Accesos / Intrusión.

– Vigilancia / Protección de personas.

– Protección de la Información / Comunicaciones.

– Manuales de Procedimientos Operativos.

Plan de actuación ante emergencias. Plan de Contingencias. Gestión de Crisis. Mantenimiento del plan.

MEDIOS TÉCNICOS

Diectores de Seguridad acreditados por el Ministerio de Interior siendo  titulados  por la Univesidad den Dirección de Seguridad.

Consejero de Seguridad en Transporte de Mercancías Peligrosas.

Técnicos Superiores en PRL.

Titulados en Seguridad Contra Incendios.

Herramientas de Control de Proyectos.

Herramientas para Análisis y Gestión de Riesgos.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Disponer de un documento que integre los distintos planes específicos de seguridad.

Disponer de una visión global de la seguridad de su organización. Dirección y Gestión de Recursos.

APLICACIONES:

Grandes clientes, con estructura propia de segurida y con desarrollos muy amplios en la protección de determinadas áreas de actividad, pero que necesitan una visión integradora y global de la misma.

Clientes, que comienzan a desarrollar áreas nuevas de negocio (bien por actividad, área geográfica o contratos especiales (UTES)), que necesitan que les acompañemos en el diseño de su seguridad desde el principio y usando el PSI como herramienta de desarrollo y planificación.

Fernández Rancaño como presidente del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia ha destacado que la futura Ley de Seguridad Privada supondrá “un importante hito” para el sector, al que ha augurado un “notable éxito” después de que en los últimos cinco años el volumen de negocio de estas empresas haya caído un 30%.

Interior defiende que la Ley de Seguridad Privada consolidará un sector en pleno auge

Para el número dos del ministerio “conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”

Política | 11/12/2013 – 16:50h | Última actualización: 11/12/2013 – 16:56h 

Madrid. (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado este miércoles que la Ley de Seguridad Privada pretende ayudar a la consolidación de un sector en pleno auge, que contribuirá de forma decisiva y bajo los principios de subordinación y coordinación a la mejora de la seguridad pública.

Martínez se ha referido así a la Ley de Seguridad Privada aprobado ayer en el Congreso ante unos 300 representantes de empresas de este sector durante la entrega de los XXVII Trofeos de la Seguridad convocados por la revista Seguritecnia.

Para el número dos de Interior “conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”, que es precisamente la que guía la iniciativa del Gobierno para actualizar la normativa en torno a la seguridad privada, vigente desde 1992. Según Martínez, el proyecto que se remitirá al Senado tras su aprobación ayer en la Cámara baja “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada”, que da empleo a unas 90.000 personas y que factura anualmente más de 3.600 millones de euros.

A pesar de las dificultades que en su opinión han padecido estas empresas como consecuencia de la crisis económica, el secretario de Estado ha añadido que el sector está “en pleno auge”. Es por ello por lo que la futura ley persigue dar respuesta a los nuevos retos de seguridad para alcanzar “la meta ambiciosa” de coordinar la seguridad pública con la privada, de forma que el trabajo de esta última sea subordinada y complementaria de la primera. “El Gobierno tiende la mano para que el marco legal redunde en beneficio de todos”, ha añadido Martínez.

Por su parte, el presidente del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, Miguel Ángel Fernández Rancaño, ha agradecido al Ejecutivo la reforma de la normativa emprendida, que ha tenido en cuenta sus demandas. Fernández Rancaño ha destacado que la futura Ley de Seguridad Privada supondrá “un importante hito” para el sector, al que ha augurado un “notable éxito” después de que en los últimos cinco años el volumen de negocio de estas empresas haya caído un 30%.

“El sector sigue vivo y podemos volver al crecimiento”, ha hecho hincapié, antes de insistir en que el nuevo “ciclo” que se pondrá en marcha gracias a la normativa “abre grandes expectativas en el mundo de la seguridad”.

Liberado en México un empresario de Castellón víctima de un secuestro virtual

Liberado en México un empresario de Castellón víctima de un secuestro virtual

Una vez que la Guardia Civil pudo contactar desde España con la víctima se la orientó para que se dirigiera a las autoridades mejicanas

El secuestro virtual se había producido en la ciudad de Monterrey (Mexico)

Liberado en México un empresario de Castellón víctima de un secuestro virtual
 

La Guardia Civil en colaboración con autoridades mejicanas ha liberado a un empresario natural de Castellón que había sido víctima de un secuestro virtual en la ciudad de Monterrey (México).

Las investigaciones se iniciaron cuando un familiar del empresario denunió ante la Guardia Civil que habían recibido diversas llamadas telefónicas en las que el interlocutor se identificaba como miembro de una organización criminal mejicana, y manifiestaba tener secuestrado a su familar, exigiendo para su liberación una importante cantidad de dinero que tenía que ser ingresada en pequeñas cantidades en una determinada agencia de envío de dinero.

Inmediatamente, tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil activó todos los protocolos de actuación (contactos y asesoramiento a la familia, comunicación del presunto secuestro a las autoridades mejicanas, etc. ).

Al comprobar los agentes que podría tratarse de un “secuestro virtual”, se adoptaron extremas medidas de seguridad para preservar la vida de la persona extorsionada y se le asesoró sobre la manera de llevar a cabo la negociación con los secuestradores.
 
Una vez que los agentes localizaron el lugar donde se hallaba el empresario retenido y asegurados de que su vida no corría peligro, se contactó telefónicamente con él para darle instrucciones sobre cómo abandonar la habitación donde se encontraba encerrado y dirigirse a un lugar seguro donde las autoridades mejicanas se harían cargo de la situación.

Falsos agentes mejicanos de seguridad

Los secuestradores llamaron por teléfono a la habitación del hotel donde se encontraba alojada la víctima, identificándose como agentes de un departamento de seguiridad mejicano.
 
En la conversación telefónica le informaron que debido a una importante operación policial que se iba a desarrollar en ese hotel, por su seguridad era conveniente que lo abandonara.
 
Telefónicamente los secuestradores le manifestaron que tenía que adquirir un teléfono móvil en un lugar previamente establecido para poder estar en permanente contacto.
 
Una vez que el empresrio llegó al lugar establecido para adquirir el teléfono móvil los falsos agentes le advirtieron que se trataba de un secuestro y que estaba siendo vigilado, amenzándole de muerte si no colaboraba con ellos y advirtiéndole que no debía desconectar el teléfono en ningún momento 
 
A partir de este momento los secuestradores realizaron diversas llamadas telefónicas a un familiar del empresario, manifestándole que para su liberación tenía que realizar varios ingresos de dinero en una agencia de envío de dinero.
 
La operación ha sido desarollada por la Guardia Civil de Castellón y  El Equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
 

El Equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

 
El Equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se encarga de investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con secuestros y extorsiones, con las premisas de la preservación de la vida y de la integridad física del secuestrado y con el objetivo principal de la pronta liberación de la víctima.
 
Los componentes del Equipo son investigadores con elevada experiencia profesional y gran formación en negociación con secuestradores, asesoramiento a familiares, situaciones de crisis, metodologías de investigación, etc.
 
Este Equipo tiene representación en diferentes foros internacionales, lo que facilita enormemente la labor operativa sobre el terreno. En el ámbito Iberoamericano, la Guardia Civil ocupa la Secretaría permanente de la Red Iberoamericana Antisecuestros, compuesta por grupos de investigación de países con raíces latinas (América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y El Caribe).
 
En el ámbito de la Unión Europa, la Guardia Civil forma parte del Comité Ejecutivo de EUNAT (European Union Network Advisory Teams) Red especializada en secuestros y extorsiones.
 

Consejos a víctimas y familiares ante un secuestro virtual

 
Debido al incremento de esta tipología delictiva extendida principalmente en México y algún otro país sudamericano, la Guardia Civil aconseja a las personas y familiares que viajen a estos países, que en caso de ser víctima de un secuestro virtual actúen de la siguiente manera:
 
1. Escuchar lo que diga el extorsionador: No proporcionarle ninguna información  sobre uno mismo u otros familiares, ya que esto le facilitaría el trabajo.
 
2. Tranquilizarse y no alterarse cuando traten de amenazarle, pretenden intimidarle y que caiga en crisis.
 
3. Formular alguna pregunta de comprobación a los extorsionadores para averiguar el nivel de información que poseen y, de esta manera, poder determinar si nos encontramos únicamente ante una extorsión. Si se hubieran identificado como policías o jefes de seguridad de algún establecimiento, informarle que para comprobarlo va a colgar, avisar a un cuerpo policial y devolver la llamada.
 
4. No pagar  el dinero que exijan para el supuesto rescate del secuestrado, ya que al tratarse de una extorsión, la víctima no corre un peligro real.
 
5. Si la persona que está recibiendo la llamada se encuentra fuera de nuestras fronteras, contactará con la Guardia Civil en España, y a su vez, informará mediante llamada de emergencia a las autoridades policiales de dicho país.
 
A todos los efectos, este tipo de secuestro está considerado como un secuestro real, toda vez que la persona secuestrada mantiene conversación telefónica permanente con los delincuentes, sintiéndose amenazada con morir si desconecta el móvil o no cumple, ella o sus familiares, las exigencias econónicas de los secuestradores.  

Para más información pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, teléfono es 91 503 13 27.

 

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Liberado en México un empresario de Castellón víctima de un secuestro virtual
 
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