El Gobierno aprobará el próximo 10 de septiembre el Plan Nacional Integral de Seguridad Ferroviario .Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

Visita el perfil de Julián Flores @juliansafety de Pinterest.//assets.pinterest.com/js/pinit.js
En una entrevista en Cadena Cope la ministra de Fomento Dª Ana Pastor, ha recalcado que España “es uno de los pocos países que dedica muchos recursos a la seguridad”. “Entre aeropuertos y ferrocarril, hay casi 8.000 personas de seguridad privada”, ha señalado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Fomento acudieron el pasado sábado a la reunión de responsables de seguridad que tuvo lugar en París para evaluar la situación tras los atentados registrados para discutir vías para reforzar la seguridad ferroviaria.

Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor han participado en la reunión ministerial celebrada en París sobre cooperación transfronteriza en materia de terrorismo y seguridad ferroviaria

Ministerio del Interior

París (Francia), 29/08/2015

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, han asistido hoy, en París, a la reunión de urgencia convocada por Francia sobre cooperación transfronteriza en materia de terrorismo y seguridad ferroviaria con los máximos responsables del Interior y de Transportes de 9 países europeos, además del coordinador antiterrorista de la Unión Europea, el comisario europeo de Asuntos de Interior y la presidencia luxemburguesa de la UE.

Los ministros del Interior y Transporte de Francia, España, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Suiza han acordado este sábado reforzar el control de la identidad de los pasajeros, así como la inspección visual y el control de equipajes tanto en las estaciones de trenes como en los vagones y promover patrullas mixtas integradas por efectivos de las fuerzas de seguridad de varios países en trayectos de trenes internacionales en respuesta al atentado frustrado en el tren de alta velocidad Thalys el pasado 21 de agosto.

En la declaración conjunta, que ha leído el ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, los ministros de los nueve países europeos que han participado en esta reunión han asegurado que “para aumentar la eficacia y reforzar nuestra capacidad de detectar y prevenir los movimientos de individuos que representan una amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos, es indispensable poner en marcha operaciones coordinadas y simultáneas de controles en ciertos trayectos determinados”.

Los nueve países también se han comprometido a evaluar las consecuencias de una generalización de los billetes nominativos para los trenes internacionales de larga distancia y a evaluar la posibilidad de autorizar a los agentes de policía ferroviaria a consultar las bases de datos pertinentes durante su labor en los transportes.

Además, han pedido a la Comisión Europea que considere las opciones para promover una mayor cooperación entre los Estados miembros y que estudie una eventual iniciativa dedicada específicamente a la seguridad en el transporte ferroviario.

A su salida del encuentro, se anunció que el Gobierno aprobará el próximo 10 de septiembre el Plan Nacional Integral de Seguridad Ferroviario que incluirá “muchas” de las medidas discutidas en la reunión.

Contiene muchas de las medidas que se han debatido hoy, al tiempo que incorpora la experiencia de los últimos años en España”, ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa con la ministra de Fomento, Ana Pastor, tras participar en la reunión de París.

El ministro ha recordado que España es “el país que más ha padecido la lacra del terrorismo yihadista, en particular en el sector ferroviario” y ha puesto en marcha “numerosas medidas de seguridad” tras los atentados del 11M, el mayor atentado ferroviario en Europa. “De esa trágica experiencia también hemos aprendido“, ha precisado, al tiempo que ha asegurado que “desde el 11 de marzo de 2004 en España se han detenido a más de 600 terroristas”.

“Es evidente que la experiencia española es muy valorada por el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido”, ha explicado Díaz, que ha incidido en que “muchas de las medidas” discutidas este sábado “que se pretenden adoptar, en España las tenemos adoptadas desde hace mucho tiempo”.

Interés por el modelo español de seguridad ferroviaria

Por su parte, la Ministra de Fomento Pastor ha asegurado que el modelo de seguridad ferroviaria español “suscita mucho interés” en otros países y ha avanzado que “algunos colegas en el mes de septiembre van a visitar la estación de Atocha, una de las estaciones de alta velocidad que tiene los sistemas de seguridad más completos de la Unión Europea”.

“A lo largo de los años, hemos tenido y hemos aprendido mucho y hoy las estaciones españolas son motivo de acercamiento de otros países para ver cómo se están haciendo las cosas en España”, ha explicado Pastor, que ha admitido que el sistema de seguridad es “más” elevado en las principales capitales de provincia y en todas las estaciones del AVE, que cuentan con “escáner, aparatos rayos X para los equipajes y de control de los trenes y de control también en el sistema de taquillas”.

“Nos queda mucho por avanzar”, ha avisado no obstante Pastor, que ha insistiendo en la necesidad de “seguir trabajando” con el objetivo de mantener un sistema ferroviario “abierto, cómodo, accesible a todos los ciudadanos y a la vez lo más seguro posible”.

Respecto al acuerdo de los nueve países para reforzar los controles de identidad y equipaje en los trenes, Pastor ha confirmado que se reforzarán en ambos casos si bien ha insistido en que “lo más importante” es “el control de lo que llevan las personas”, es decir, “equipajes” y “lo que llevan las personas en su cuerpo”, tal y como hace España.

Pastor recordado que “España destina muchísimos recursos en materia de seguridad, no sólo en la parte tecnológica” sino también en personal, tras recordar que “casi 8.000” agentes de seguridad prestan servicios en “todos” los modos de transporte y ha incidido en la necesidad de “reforzar los mecanismos de colaboración” a nivel europeo en los trenes transfronterizos.

Billetes nominativos

La ministra de Fomento Ana Pastor también ha explicado que, en el caso de los billetes nominativos que los nueves países se han comprometido a estudiar, “todos” coinciden en que “sería un método muy eficaz” para afianzar la seguridad “pero tiene muchos problemas de implantación” tras recordar que sólo en España se producen 450 millones de viajes en tren al año, aunque ambos Ministerios estudiarán su posibilidad. Un grupo de expertos de la UE también presentará “en unos meses conclusiones” sobre “cómo se puede avanzar en este terreno”.

“Creo que es un camino no solo a explorar sino a hacer propuestas y planteamientos”, ha explicado Pastor, que ha destacado el caso “muy positivo” en España, donde “todos los billetes que se sacan a través de la red tienen esta opción” y “ya más del 50 % de los viajeros lo hacen través de la red”. Además, se está empleando “especialmente para niños que viajan gratis con billete para que estén registrados”.

El ministro del Interior JOrge Fernandez Diaz también ha subrayado la coincidencia de todos en la necesidad “imprescindible” de crear un registro de pasajeros “sospechosos”, bloqueado en el Parlamento Europeo, pueda ser “una realidad” antes de finales de año.

Aunque los países han “hablado” de ampliar el registro también a los pasajeros ferroviarios porque la propuesta actualmente debatida sólo cubre los pasajeros aéreos, Fernández ha admitido que aunque sería “lo ideal” podría retrasar la aprobación de la propuesta actual, que quieren “cuanto antes”.

El ministro de interior Fernandez Dias ha dejado claro que “el riesgo cero no existe” y “hay que hacer compatible la libertad con la seguridad”. “Vamos a seguir preservando el Código de Fronteras Schengen con una interpretación y una aplicación del mismo que permita hacer compatible y de forma equilibrada la libertad de circulación y la seguridad”, ha concluido, insistiendo en que el espacio sin fronteras en Europa “forma parte del ADN de la Unión Europea”.

Los Gobiernos europeos seguirán discutiendo en octubre cómo poner en práctica las medidas abordadas en la reunión de París con vistas a afianzar la cooperación en la seguridad ferroviaria. “En Europa, tenemos que avanzar de esta forma. Cuando se producen desgracias se da un nuevo impulso”, ha concluido Díaz, en alusión al ataque frustrado en el Thalys

La Generalitat de Catalunya reformó el articulado de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y asignó el estatuto de agente de la autoridad pública, al igual que mossos o policías locales a los vigilantes de seguridad que  presten sus servicios en servicios ferroviarios

Considero que seria una buena medida necesaria para incluirla  de una forma expresa en la futura Ley que establezca el Plan Nacional de  seguridad ferroviario adquiriendo el personal de seguridad habilitado y los Vigilantes de seguridad la condición de agente de la autoridad a todos los efectos, y se les reconozco en el Plan Nacional de Seguridad Ferroviario como lo son Cataluña, seria una intersante medida para la eficacia de la seguridad que prestan dicho personal a los viajeros .Julian Flores Segurpricat Siseguridad.

Me parece interesante volver a recordar un post en este Blog del mes de Abril 2014 para promocionar  “El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad todo el personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones  es especial para el  Vigilante de seguriad VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO”

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas rurales , incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-.

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

Me llamo Julián Flores, soy consultor de seguridad . Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y profesor acreditado por la Dirección general de la Policia y la Dirección General de la Guardia Civil para impartir formación en Centros Habilitados de Seguridad Privada de formación de personal de seguridad privada, como experto univesitario en Dirección de Seguridad Integral. Con estudios de Economia y Relaciones Laborales.Me interesa el mundo de las empresas de seguridad, de los recursos humanos y de la mejora en la dirección de equipos de trabajo.

http://segurpricat.eu/2014/04/28/la-generalitat-de-catalunya-reformo-el-articulado-de-la-ley-de-seguridad-y-asigno-el-estatuto-de-agente-de-la-autoridad-publica-al-igual-que-mossos-o-policias-locales-2/

Consultoria de formación en prevención de seguridad y …

Reunión sobre cooperación transfronteriza en materia d antiterrorismo # seguridad # ferroviario # Paris http://wp.me/p2n0O4-35e vía @segurpricat.

Blog siseguridad.es

siseguridad.es/blog
 – La formación que imparte Segurpricat Siseguridad en seguridad y …. ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las …

Consultoria de Formación de prevención en seguridad y …

Consultoria de Formación de prevención en seguridad y autoprotección integral de personas Segurpricat

29 abr. 2013 – Subido por Siseguridad y Autoprotección Integral de Personas

Consultoria de seguridad y Autoprotección integral de Personas http://www.siseguridad.com.es Segurpricat

Seguridad y Autoprotección integral Segurpricat …

segurpricat.eu/author/juliansafety/
Leer todas las entradas por Seguridad y Autoprotección integral Segurpricat … La compañía ferroviaria Renfe y los Mossos d’Esquadra han acordado hoy …

Los vigilantes de seguridad y los interventores de los trenes …

segurpricat.eu/…/los-vigilantes-de-seguridad-y-los-interventores-de-los-tr…

La compañía ferroviaria Renfe y los Mossos d’Esquadra han acordado hoy renovar los protocolos de seguridad para dar una respuesta más …
..

2 Comentarios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s