CORRUPCIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA La Guardia Civil haya un documento de #Sumarroca que demuestra el pago del 3% a #CDC

La Guardia Civil haya un documento de Sumarroca que demuestra el pago del 3% al particdo de Convergencia Democratica – CDC- de Cataluña

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El secretario de Estado de Seguridad destaca “la extraordinaria eficacia y absoluta independencia profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la corrupción”

Ministerio del Interior

Sevilla, 28/04/2015

El secretario de Estado de Seguridad ha inaugurado hoy en Sevilla el seminario “La lucha contra la delincuencia económica en un mundo global”, en el que se ha presentado la II Fase del Plan de Lucha contra la Delincuencia Económica y la Corrupción”

Durante este acto, en el que Francisco Martínez ha estado acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el secretario de Estado ha afirmado que “saber que en España  no existe impunidad para el corrupto o el delincuente más avieso, da cuenta de la robustez del pacto social y de la fortaleza de las instituciones democráticas”

El secretario de Estado de Seguridad ha destacado la “extraordinaria eficacia y absoluta independencia profesional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción”.

En 2014, la Policía Nacional ha iniciado 1.466 investigaciones por delincuencia económica, un 6,5% más respecto al año anterior, y durante el primer trimestre de 2015 se han puesto en marcha 322. La mayoría están relacionadas con el blanqueo de capitales, propiedad industrial, la receptación y el fraude al ente público. En total, en estos tres años de vigencia del Plan de Acción se ha detenido a 13.000 personas en toda España y se han bloqueado más de 1.700 cuentas bancarias, confiscado 770 inmuebles e incautado casi 28 millones de euros.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha inaugurado hoy en Sevilla un seminario en el que se ha presentado la II Fase del Plan de Lucha contra la Delincuencia Económica y la Corrupción. Al comienzo de su intervención, Martínez ha destacado que el compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción y de independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquirido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al comienzo de la legislatura, “es y seguirá siendo inequívocamente la línea de trabajo que vamos a seguir hasta el final, caiga  quien caiga”.

Asimismo, ha destacado que “saber que en España no existe impunidad para el corrupto o el delincuente más avieso, da cuenta de la robustez del pacto social y de la fortaleza de las instituciones democráticas”. Porque, – ha añadido- “el peor efecto de la corrupción no es de naturaleza económica, ya que erosiona algo más valioso en una democracia como es la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus representantes y en los poderes que han de garantizar la vigencia del Estado social y Democrático de Derecho”. En este sentido, ha puesto de relieve  la “extraordinaria eficacia y absoluta independencia profesional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción”.

Durante este acto, en el que Francisco Martínez  ha estado acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el secretario ha afirmado que la corrupción ocasiona un  perjuicio económico para las arcas del Estado y el bienestar de los ciudadanos, y como ejemplo , se ha referido a los datos ofrecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) según los cuales, el producto de las actividades ilícitas en el mundo asciende aproximadamente al 3,6% de todo su PIB, mientras que el flujo de dinero blanqueado equivaldría aproximadamente al 2,7% del PIB mundial.

Delincuencia organizada

Francisco Martínez ha señalado que “la delincuencia organizada cada vez se parece más a un actor económico global, con un fuerte espíritu mercantil, orientado a proveer de todos los tipos de bienes y servicios inimaginables”. Según ha explicado, estas organizaciones delictivas han ido ampliando progresivamente su radio de acción a escala internacional, aprovechando las oportunidades  que les han ofrecido la apertura de las fronteras interiores de la Unión Europea, así como la globalización económica y el conjunto de las tecnologías de la información y la comunicación.
En esta línea, el secretario de Estado de Seguridad ha explicado que España forma parte de la Red Europea Anti-corrupción, a través de una delegación en la que, -ha dicho- “juega un papel protagonista el CITCO, en representación del Ministerio del Interior”. Asimismo, se ha referido a la resolución sobre delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de capitales  que el pasado 23 de octubre aprobó el Parlamento Europeo y que se pondrá en marcha a través de un plan de acción que abarcará desde el 2014 hasta el 2019.Respecto al ámbito nacional, ha destacado la potenciación y mejora de las investigaciones policiales en materia de blanqueo de capitales y de lucha contra el crimen organizado, que establece la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013.

Colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia organizada

El secretario de Estado de Seguridad ha explicado que gracias a la colaboración internacional y al intercambio de información  durante 2013 se ha podido identificar y poner a disposición judicial a 984 personas físicas y 250 personas jurídicas. Respecto al 2014,  ha destacado un aumento tanto de las personas físicas, que pasan a ser 1293, como de las personas jurídicas que ascienden a 475. Asimismo, ha destacado que el valor económico de los bienes identificados y localizados en nuestro país en los dos últimos años supera los 133 millones de euros.

Casi 5.000 investigaciones sobre delitos económicos en tres años

La Policía Nacional tiene en marcha un Plan de Acción contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales, -presentado por Cosidó en abril de 2012 ante la Asamblea General de Interpol en Roma-, cuya finalidad es adecuar la respuesta policial a estos fenómenos delictivos para mejorar la eficacia operativa e incorporar nuevas herramientas informáticas para su investigación.

Desde el año 2012 hasta el momento actual, el número de investigaciones iniciadas por los delitos recogidos en el Plan de acción contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales se ha ido incrementando año tras año: desde las más de 1.200 investigaciones en el año 2012, las casi 1.400 en el año 2013 y las casi 1.500 en el año 2014. En total casi 5.000 investigaciones por delincuencia económica en este período 2012-2015.

A lo largo del año 2014, los agentes especializados de la Policía Nacional han iniciado 1.466 investigaciones por este tipo de delitos, un 6,5% más respecto al año anterior, y durante el primer trimestre de 2015 se han puesto en marcha 322. De esas 1.466 investigaciones iniciadas el pasado año, la mayoría están relacionadas con el blanqueo de capitales (461) –casi el 40%-, la propiedad industrial (242), la receptación (220) y el fraude al ente público (148).

En cuanto a personas investigadas, los datos arrojan un aumento superior al 15%, con 11.449 personas investigadas dadas de alta en las bases de inteligencia policial por hechos delictivos incluidos en este Plan de Acción y poco más de 6.000 empresas investidas, un 34% más que en 2013. En lo que va de año ya son 828 las personas investigadas y 1.066 las empresas.

Las investigaciones vinculadas a delincuencia económica son complejas y requieren, en la mayoría de las ocasiones, estudios económicos-financieros exhaustivos, prolongándose en el tiempo. Del total de investigaciones iniciadas, en 2014 se finalizaron 846 operaciones con un total de 4.834 detenidos, la mayoría por blanqueo de capitales y fraude al ente público.

En total, en estos tres años de vigencia del Plan de Acción se ha detenido a 13.000 personas en toda España y se han bloqueado más de 1.700 cuentas bancarias, confiscado 770 inmuebles e incautado casi 28 millones de euros.

Martínez ha concluido su intervención poniendo de relieve que en España “hay tolerancia cero frente a la delincuencia y que los denominado delitos de cuello blanco no son excepción.” Asimismo, ha subrayado que “no existe impunidad alguna para los corruptos, ni fronteras que resten un ápice de contundencia a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia en la persecución del crimen organizado”.

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Julian Flores Garcia
Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad

     

Julián Flores

@juliansafety

Formador, analista de riesgos, director fundador de la Consultoria

Pau Claris 97 Barcelona Spain

La Guardia Civil está practicando varios registros y detenciones en sociedades públicas del Grupo SAGESSA-SALUT

Se han realizado 16 registros simultáneos en las localidades de Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Cambrils, La Selva del Camp y Riudecols y hasta el momento hay 7 detenidos

Se investigan delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales

Durante la mañana de hoy la Guardia Civil, en el marco de la operación CURATIO-CIRUGÍA, tutelada por el Juzgado de Instrucción número tres de Reus (Tarragona) y la Fiscalía de Tarragona, está practicando simultáneamente 16 entradas y registros en las localidades de Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Cambrils, La Selva del Camp y Riudecols, fruto de una investigación por la posible comisión de los delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Hay 7 personas detenidas hasta el momento, pero no descartan nuevas detenciones durante el transcurso de la investigación.
Los registros se han realizado en la unidad administrativa del Hospital Sant Joan de Reus; en todas las sedes del grupo Sagessa; en el Hospital comarcal de Amposta; en los Ayuntamientos de Reus y Cambrils; en el Insituto Pere Mata de Reus; en la sede de la empresa Activa Mutua de Tarragona; en la empresa Ambulancias Reus, en empresas privadas relacionadas con el ámbito sanitario de Tarragona y Reus y en varios domicilios de las personas implicadas. También se han efectuado requerimientos de documentación a otras mercantiles y al Ayuntamiento de Torre del Español.
Las actuaciones forman parte de la pieza número 4 del caso Innova (pieza que afecta al Hospital de Reus y que está declarada secreta) y cuenta con el despliegue de 150 Agentes de la Guardia Civil y la participación, en funciones de auxilio judicial, de personal de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
Para más información se puede establecer contacto con la Oficina de Periférica de Comunicación de la Comandancia de Tarragona en el número 977 23 77 77.

La corrupción sanitaria golpea a CiU a un mes de las elecciones municipales

Detenida la primera teniente de alcalde de Reus implicada en el ‘caso Innova’

La Guardia Civil arresta también a seis cargos de la sociedad municipal y dos empresarios

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Innova

Registro en el hospital universitario Sant Joan de Reus. / JOSEP LLUÍS SELLART

La Guardia Civil asestó este martes un nuevo golpe contra la la corrupción en la sanidad pública catalana al detener en Reus (Baix Camp) a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU), a seis cargos sanitarios y a dos empresarios. La operación, que se prolongó hasta primeras horas de la pasada madrugada y fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, profundiza en la extensa trama del caso Innova, que en tres años de investigación acumula más de 50 imputados en una decena de piezas separadas. Entre los implicados destaca el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), ex altos cargos de la Generalitat, una treintena de concejales, centros sanitarios públicos y empresas del sector.

La entrada de los agentes en el hospital municipal Sant Joan a las 9.30 marcó el inicio de una larga jornada con más de 20 registros, entre ellos los Ayuntamientos de Reus, Amposta (Montsià) y Cambrils (Baix Camp); tres hospitales; varias empresas proveedoras; y domicilios particulares, como el de Gomis. En el Consistorio de Cambrils la irrupción de la comitiva judicial obligó a suspender por unas horas el último pleno del mandato.

Además de Gomis, fueron detenidos seis directivos de la empresa municipal Sagessa, dedicada a gestionar una veintena de hospitales y centros de salud en el Baix Camp y las Tierras del Ebro. Se trata de Lluís Nualart, exdirector del hospital Sant Joan; José Augusto García Navarro, ex director general de Sagessa; Joan Maria Benet, actual gerente; Enric Agustí, director general; Antonio Foz, director de compras; y Carles Abelló, director financiero.

La operación de ayer, bautizada como Curatio, trata de desenmarañar una compleja trama de cohechos, adjudicaciones a dedo, contratos fraudulentos y facturas falsas e hinchadas que rodean al hospital Sant Joan de Reus, propiedad de Sagessa, financiado por la Generalitat e inaugurado hace cinco años bajo el mandato de Marina Geli al frente del Departamento de Salud. Las pesquisas están incluidas en la pieza separada 4 del sumario, aún bajo secreto. Uno de los asuntos a resolver es el coste que tuvo el hospital, del que aún quedan por pagar más de 90 millones. El exalcalde, el socialista Lluís Miquel Pérez, cifró en su día la inversión total en 170 millones, pero el actual Consistorio lo rebaja hasta 129 millones.

Entre los detenidos también está el director de la mutua laboral Activa Mutua 2008, Miquel Àngel Puig, y Luís Márquez, propietario de una empresa de productos ortopédicos y de traumatología. Traider, SL, que hoy está en concurso de acreedores, causó el pasado mes de noviembre una alerta sanitaria que obligó a revisar cientos de pacientes de prótesis que no contaban con los permisos pertinentes.

Teresa Gomis, primera teniente de alcalde de Reus, detenida, ayer por la Guardia Civil. / JOSEP LLUÍS SELLART

La detención de Nualart es destacada: trabajó durante tres décadas en la sanidad de Reus. Fue compañero desde los inicios del principal imputado en el caso Innova, Josep Prat, cerebro del entramado de empresas municipales de Reus, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector del Servicio Catalán de la Salud. Prat está imputado en la causa, entre otros motivos, por el pago de 720.000 euros desde Innova Reus a otro exdirector del CatSalut, Carles Manté, entre 2007 y 2011, por trabajos supuestamente no realizados de asesoramiento en las obras del hospital Sant Joan y otros centros de Sagessa.

La de García Navarro es otra de las detenciones relevantes, ya que además de su cargo en Sagessa ocupa la dirección general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ente público que gestiona centros sanitarios por toda Cataluña.

Aunque el grueso de los hechos conocidos hasta ahora —la mayor parte del caso sigue bajo secreto de sumario— corresponden al mandato de Pérez, los últimos avances de la investigación están girando el foco hacia el Gobierno de la Generalitat y varios alcaldes de CiU en Tarragona. Esto ha llevado a la federación nacionalista, que en un inicio desdeñó el caso, a mantener una posición cada vez más beligerante contra el juez instructor. El último ejemplo fue cuando el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, trató de cuestionar la labor de Diego Álvarez de Juan con una información falsa. “Este mismo juez imputó a todo el Ayuntamiento de Vila-seca y después la Audiencia Provincial dijo que no había ningún motivo para ello”, afirmó Homs. En realidad, lo que dictó la Audiencia fue un cambio de juzgado al estimar que el de Reus no era competente para investigar al presidente de la Diputación de Tarragona, que sí sigue imputado.

La Guardia Civil extiende la investigación a Amposta, también gobernada por CiU

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, insistió en que la Generalitat trata de arreglar “desde hace tiempo” las irregularidades, que achacó al anterior gobierno local del PSC. En la misma línea se manifestó el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), quien días atrás ya decidió no incluir a Gomis en su lista para las próximas municipales. “Todo esto no viene de ahora. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido tapar agujeros”, dijo ayer Pellicer. Sin embargo, el juez del caso ha tenido que advertir a la Generalitat para que dejara de obstruir las investigaciones con constantes autos de reproche. Gomis y el resto de detenidos están siendo investigados por falsedad documental, malversación, prevaricación, soborno, tráfico de influencias y blanqueo.

Las pesquisas se centran cada vez en hechos más recientes. Gomis, por ejemplo, ya estaba imputada en el caso Innova por la liquidación de Shirota, una empresa de investigación nutricional en la que Reus ha enterrado más de tres millones de dinero público. Ayer los agentes también registraron el Ayuntamiento y el Hospital Comarcal de Amposta, presidido por el alcalde, Manel Ferré (CiU). Este es también, a su vez, presidente del CSC.

Una auditoría detectó en el Hospital de Amposta, gestionado por Sagessa, 4,1 millones de euros en adjudicaciones irregulares realizadas durante el año 2013. Los contratos en entredicho abarcan desde el suministro eléctrico al mantenimiento de maquinaria pasando por el servicio de ayuda domiciliaria o el de restauración.

ERC, en la oposición local, llevó hace unos meses al Tribunal de Cuentas la externalización del servicio de transporte adaptado, que fue ortogado a Ambulàncies Baix Ebre. El dueño de esta empresa, Bernardo Coslado, también está imputado por cohecho en el caso Innova por pagos opacos a Prat por valor de 5.000 euros mensuales.

La Policía Española de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga la llegada a España de fortunas que la mafia rusa desde Chipre

Los expertos en delitos económicos de la Policía atribuyen la mayor parte de esas fortunas transferidas desde Chipre a organizaciones criminales y a oligarcas vinculados con Vladimir Putin
Foto: Imagen de Marina Port Vell.

Imagen de Marina Port Vell.

La Policía Nacional está investigando la llegada a Andorra de miles de millones de euros de la mafia rusa y el posterior desvío a España de gran parte de esos fondos. El dinero tendría su origen en los depósitos que los jerarcas y organizaciones criminales de Moscú ocultaban en Chipre y que sacaron rápidamente de ese país cuando estalló la crisis de su sistema financiero en marzo de 2013. Según ha podido saber El Confidencial, la Policía ha detectado que un elevado porcentaje de esos depósitos se instalaron en Andorra y fueron luego canalizados hacia España mediante complejas operaciones financieras e inmobiliarias.

Entre esas operaciones se encontraría la ampliación del puerto del centro de Barcelona Marina Port Vell, que como desveló El Confidencial, ha sido adquirido por sociedades instrumentales que tenían como objetivo ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios, tres exdirectivos de la mayor petrolera rusa, Lukoil. La entrada del capital ruso se produjo a través de una sociedad pantalla ubicada precisamente en Chipre, Salamanca Nine, para ocultar la verdadera identidad de los responsables del proyecto, aunque tras la publicación de las informaciones se vieron obligados a reestructurar todo el entramado.

Hasta 40.000 millones

Los tres exdirectivos de Lukoil no serían los únicos jerarcas rusos que habría alojado su dinero en Andorra. Los expertos en delitos económicos de la Policía atribuyen la mayor parte de esas fortunas transferidas desde Chipre tanto a organizaciones criminales como a oligarcas estrechamente vinculados con el presidente ruso Vladimir Putin. Aunque oficialmente había 20.000 millones en rusos en Chipre cuando implosionó su sistema bancario, otras estimaciones elevan la cifra real hasta los 40.000 millones, una cantidad que explicaría la atención con la que Moscú siguió el proceso.

EEUU tiene máximo interés en desmantelar las estructuras criminales que han crecido a la sombra de Putin y que se extienden por el mundo

“Estamos hablando de miles de millones de euros que se movieron casi en bloque desde Chipre a Andorra cuando estalló la crisis. El Principado se convirtió en el nuevo refugio de las fortunas rusas porque ofrecía la opacidad que necesitaban sin tener que salir de Europa”, asegura una de las fuentes consultadas por este diario. “Pero el dinero no se quedó quieto en Andorra. Desde se movió a otros países, España entre ellos”.

Colaboración de Washington

Las pesquisas acaban de arrancar. Según ha podido saber este diario, la Policía Nacional está contando con la colaboración de especialistas en delitos financieros de Estados Unidos, que tienen máximo interés en desmantelar las estructuras criminales que han crecido a la sombra de Putin y se extienden por todo el mundo buscando multiplicar sus patrimonios. Fuentes policiales aseguran que ese fue el verdadero motivo que llevó a FinCEN, el organismo contra la corrupción del Tesoro estadounidense, a denunciar que Banca Privada de Andorra (BPA) estaba siendo utilizada para canalizar fondos procedentes del crimen organizado. La nota oficial también mencionaba a la mafia china y al dinero procedente del cobro de comisiones ilegales en Venezuela, pero la prioridad de Washington el dinero de los círculos de Putin.

Fuentes próximas al caso afirman que, además de con la denuncia de FinCEN, que provocó la intervención de BPA, Estados Unidos también está colaborando con España suministrando información sobre los movimientos que habrían realizado los jerarcas rusos a través de sus cuentas en Andorra. Entre los datos facilitados figuran los movimientos a territorio español pero también transferencias desde el Principado a entidades suizas.

Banca Privada de Andorra. (Reuters)
Banca Privada de Andorra. (Reuters)

Investigación española

Por lo pronto, la denuncia de FinCEN ha servido para impulsar una investigación judicial en España contra la filial de BPA en suelo nacional, Banco Madrid. Las pesquisas, que se apoyan en un informe del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) dependiente del Ministerio de Economía, están siendo dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El documento del Sepblac ya recoge entre las operaciones sospechosas realizadas por Banco Madrid la concesión de un crédito de un millón de euros a la sociedad mercantil DDC, administrada por el ruso Andrei Petrov. Se trata de la misma persona que fue detenida por la Guardia Civil en 2013 en el marco de la operación Clotilde acusada de liderar una red de blanqueo de la mafia rusa en la costa catalana.

Los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registraron la sede de Banco Madrid en la capital y copiaron los datos de sus servidores. Los agentes todavía están en la fase de análisis de toda la documentación que han recopilado.

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