La compañía Segur Ibérica colocaba vigilantes de seguridad sin TIP titulación o “fantasmas”

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La principal compañía de seguridad privada en España, Prosegur, contempla la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) a un millar de sus trabajadores si no logra un acuerdo con los sindicatos para descolgarse del convenio colectivo.

Según la información publicada por El Economista la empresa se encontraría al borde de las pérdidas en el país si se ve obligada a cumplir el convenio pactado con sus empleados en 2012. Poner en práctica ese acuerdo supondría un aumento de los salarios de casi un 5%, una cifra que la empresa no está en condición de poder asumir, según sus responsables.

De llevarse finalmente a cabo el ERE, afectaría al 3,7% de su plantilla española, compuesta por 27.000 trabadores. La empresa cuenta en total, incluidos todos los países donde opera, con 120.000 empleados.

El acuerdo entre patronal y sindicatos que estaba prevista aplicar este 2014 contemplaba el mencionado incremento del 5% para compensar la congelación de salarios que afecta prácticamente desde 2009 –a excepción de una subida del 1% en 2010– al sector. A ello se sumó una reducción lineal de 283 euros de las nóminas anuales de los trabajadores. Las empresas del sector consideran que este alza salarial previsto provocaría una significativa pérdida de rentabilidad.

Prosegur lleva desde el 10 de febrero negociando con los sindicatos, a los que envió una carta anunciando su intención de emprender despidos si no aceptaban el descuelgue del convenio colectivo.

Cinco empresas afectadas

Otras empresas del sector, como Segurisa, Eulen, Segur Ibérica y Sabico Seguridad también planean descolgarse del convenio. En su información, El Economista recuerda que de momento cinco de las trece empresas asociadas a la patronal del sector Aproser, ya han propuesto esta salida para tratar de solventar parte de sus problemas.

El diario Faro de Vigo recoge hoy que Prosegur ha paralizado de momento el ERE ante un pacto firmado el viernes entre patronal y sindicatos sobre el convenio.

Las partes acordaron, apunta el periódico, “aplicar con efectos del 1 de enero de 2014 los importes de las tablas de retribuciones y demás conceptos económicos que se han estado aplicando durante 2013” y las empresas del sector se comprometieron a asumir “el coste de la cotización del Plus de Transporte, como resultado de la aplicación del real decreto 16/2013 de 20 de diciembre de 2013”.

Compra del 3% por Bill Gates

Este mismo mes el magnate estadounidense Bill Gates adquirió alrededor del 3% de Prosegur, lo que hizo subir sus acciones en la bolsa de Madrid.

La compra se realizó a través de un fondo de inversiones y, por el momento, se desconoce el precio o el porcentaje exacto de la toma de posición del fundador de la multinacional Microsoft, informó el diario Expansión.

Foto: Prosegur

NUEVA CAUSA ABIERTA CONTRA LA EMPRESA DE SEGURIDAD

Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

La magistrada-juez de instrucción 19 de Barcelona ha citado a José Luis Novales por una estafa que podría superar los 450.000 euros. En la actualidad hay abiertas cuatro causas contra Segur Ibérica en juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia. La compañía colocaba vigilantes sin titulación o “fantasmas”

<a title="Relacionado: Auto de admisión a trámite de la querella Auto de admisión a trámite de la querella
  • El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

    Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.

    En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

    Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

    Según un representante de ASPACOM, “esta es una práctica al parecer común llevada a cabo por Segur Ibérica desde 2006 hasta al menos 2010 o 2011, en un gran número de empresas tanto públicas como privadas y que en varios casos, como con la Universidad Complutense o la Generalitat de Cataluña se están instruyendo las correspondientes diligencias judiciales”.

    Para acreditar los hechos denunciados ASPACOM contó con los servicios de un detective privado de la empresa Gestaltia que consiguió analizar miles de cuadrantes de servicios y cruzar estos datos con informaciones procedentes de ficheros públicos e informes de Seguridad Privada del Ministerio del Interior solicitados a instancias de varios juzgados en casos similares. Como consecuencia de ese análisis de datos concluyó la existencia de un presunto fraude, que incluía también la alteración del programa informático que controlaba los servicios programados y facturados”.

    Según la querella, “Segur Ibérica facturaba a ADIF en Barcelona y ADIF abonaba a Segur Ibérica, SA, éstas con conceptos y detalles de las facturas que no correspondían con los servicios efectivamente prestados, ni las condiciones de los contratos suscritos entre estas dos entidades”.

    De forma mensual Segur Ibérica, S.A. presentaba una factura de los servicios de seguridad prestados durante ese mes por cada uno de los contratos y un resumen oficial de las horas realizadas que validaba con un Responsable de ADIF (el cual era visado y firmado por ADIF) por cada uno de los contratos. Cada factura y resumen mensual de los contratos, eran validados por un Responsable de ADIF y otro de Segur Ibérica, S.A. en un documento denominado Acta Oficial firmado por ambos responsables”.

    Manipulación a su antojo

    Asimismo, según denuncia ASPACOM “Segur Ibérica, S.A. modificaba a su antojo los valores que aparecían en los resúmenes mensuales, aumentando las horas realizadas, suponiendo la intervención de trabajadores (ficticios o reales) que no habían prestado servicio y así poder facturar más importe mensual del que realmente se había prestado y evitando la sanción incluida en una de las estipulaciones de los contratos correspondiente del 4%, si no se cubrían completamente los servicios contratados. Para aumentar el número de horas realizadas de los resúmenes se utilizaban tres procedimientos diferentes que denominamos casos:

    – CASO 1. Se facturaban horas de más, aunque realmente no correspondían con las del cuadro resumen mensual. Se produce en los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2.009. Este caso es minoritario y muy simple de comprobar aritméticamente con las facturas, cuadrantes y Actas Oficiales.

    – CASO 2. Se facturaban horas de más, aunque no se habían realizado. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Diciembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive).

    – CASO 3. Se facturaban horas realizadas por personal NO HABILITADO por el Ministerio del Interior (en adelante FALSOS VIGILANTES), que no están autorizados a realizar trabajos de vigilancia y seguridad. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive). No se han incluido los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.009 por no disponer de los cuadrantes de trabajo.

    El total del fraude cometido por los tres casos descritos en el período comprendido entre el mes de Enero de 2.009 y Octubre de 2.010 suma 451.709,20 € “

    Un aspecto clave para sus propósitos, según la querella de ASPACOM, “era un programa informático llamado KSPRO que ejecutaba una acción denominada “EFECTO FACTURACIÓN”, “para engañar y defraudar a ADIF”.

    Según denuncian “a lo largo del mes de junio de 2.008, la empresa Segur Ibérica implantó en todas sus delegaciones la Aplicación Informática KSPRO y desde esa fecha utiliza ésta, para gestionar los cuadrantes de trabajo de todos los servicios de sus clientes, entre los que se encuentran muchos de carácter público, a los cuales les viene facturando Segur Ibérica, S.A., por los mismos”.

    Un programa informático de gestión de cuadrantes se utiliza para asignar un servicio en un cliente, con horarios o turnos de trabajo determinado a sus empleados. “KSPRO, había sido diseñado para Segur Ibérica, S.A., para que permitiera mediante la utilidad EFECTO FACTURACIÓN el asignar a un código de empleado, en Barcelona era el 108, turnos de servicios solapados y repetidos, que no pertenecen a ningún empleado, por lo que se puede considerar una utilidad o programa para gestionar vigilantes ficticios, que nunca van a realizar el servicio asignado en el cliente”.