Segurpricat :El artículo 550 del Codigo Penal tipifica los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos en el derecho penal español

La reforma del código penal; Delitos de Atentado, Resistencia y Desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos

ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

 

    Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad viene regulados en los articulos 550 al 556 del Código Penal

Artículo 550. 

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

  1. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
  2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

Artículo 551.-

«Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que en el atentado se cometa:  1. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.

  1. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
  2. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.»
  3. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.» 

Artículo 554

«1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las fuerzas armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado.

  1. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.
  2. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:
  3. a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.
  4. b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» 

Se suprimen los  Artículos 552 y 555.  El artículo 553 no se modifica.

    Una vez vista la expuesta la nueva regulación del delito de atentando contra la autoridad pasamos a hacer un breve análisis jurídico;

En esta nueva redacción del artículo 550, lo primero que llama la atención es que desaparece el término resistencia activa por;  con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad. Antes estaba claramente diferenciado la resitencia activa  de la pasiva, pues nos hayariamos ante la primera cuando el autor realize alguna acción violenta y en el segundo caso estariamos hablando de desobediencia civil o no violenta. Sin embargo ahora se incluye también la intimidación, término que genera una inseguridad jurídica nada aconsejable en la jurisdiccón penal, ¿cuando habría intimidación? ¿puede alguien imaginarse a una chica de 27 años y 65 kilos intimidado a un policía de la UIP ( coloquialmente antidisturbios )? 

En cuanto a los sujetos pasivos del delito, se incluyen(artículo 554), los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública, los bomberos, militares y miembros de la seguridad privada cuando estén identificados y actuando bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. También se incluye a los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad pues el legislador considera que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o funcionario, o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o de gran relevancia social, debe recibir una protección equivalente a la de aquéllos que intervienen con carácter oficial. 

También (aunque ya los había incluido la jurisprudencia) pueden ser víctimas de este delito los profesores y a los médicos, pero solo cuando sean funcionarios. Error.  Si eres un contratado laboral, o estas sustituendo a un compañero o si eres un M.I.R entonces ¿ya no puedes ser sujeto pasivo del delito de atentado? ¿Por qué?

Los delitos de atentado pueden ser cometidos por medio de conductas muy diferentes cuya gravedad puede ser muy desigual. Por esta razón, se opta por modificar las penas con las que se castigan estos delitos reduciendo el límite inferior de la pena que puede ser impuesta. Este artículo englobaría, con sus modificaciones, lo regulado en el artículo 550 y 551 (redacción punto 2, en vigencia desde el 24 de Diciembre del 2.000).

Se amplían, o se mejor dicho se especifican más, aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva su especial reprochabilidad: a la utilización de armas u objetos peligrosos, se añade; lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos; acometimiento con un vehículo de motor; y, finalmente, cualquier otra acción que conlleve un peligro para la vida o que pueda causar lesiones graves.

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA PASIVA 

 

Artículo 556.-

«Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»

2.Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»

   La principal modificación en cuanto a los delitos de desobediencia grave y resistencia pasiva, ahora toda aquella que no este acompañada de violencia o intimidación, es que se incluye como sujeto pasivo al igual que en el delito de atentado a los miembros de las seguridad privada.

También que con la desaparición de las faltas, el hecho de faltar al respeto a un policía se convierte en delito. 

Desobediencia

Por otro lado hay que destacar que el artículo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana indica que:  La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Siendo la pena prevista para estos hechos una multa ente 601 y 30.000€.

   Como ya vimos, la pena para la resistencia o desobediencia pasiva grave, es una multa de 6 a 18 meses, si convertimos esta pena en dinero, tomando como referencia una multa de  5€ día nos saldría, en la vía penal, una pena de entre 900 y 2.700€.

Por lo que podemos comprobar que es muy plausible que la sanción impuesta a alguien por una desobediencia leve sea superior a la que te impondrían si la desobediencia grave. Esto sin tener en cuenta que, en penal, para calcular la cuantía de la multa, se tienen en cuenta las circunstancias del autor y que la sanción la impone un juez después de un procedimiento con todas las garantías procesales, circunstancias que no suceden en vía administrativa.

   Ya sin entrar en una razonamiento jurídico, de que no puede ser más grave una sanción administrativa que una penal, podemos decir que con estas nueva regulación estamos atacando a la lógica y la coherencia más elemental de cualquier ordenamiento jurídico, cuanto más grave es una acción más dura debe ser su sanción y no al revés

DESÓRDENES PÚBLICOS:

 

Artículo 557

« 1.Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

2.Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.»

Artículo 557 Bis: 

«Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una pena de uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.

4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje.

5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo.»

Articulo 557 ter 

«1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª o 5.ª del artículo 557 bis.»

Se suprime el supuesto agravado de la anterior redacción, del artículo 557.2 y 558, entendiendo estos comprendidos dentro del tipo del actual artículo 557

Artículo 559.-

«La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.»

Se suprime la anterior redacción del artículo 559, por la que se castigaba a quien perturbe gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. Esta conducta se incluye en las acciones tipificadas en el artículo 557.

Articulo 561

«Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.».

 

   Una vez expuesta la nueva regulación del delito de desórdenes públicos pasemos a analizar las modificaciones más importantes;

   La definición de «alteración del orden público», parte de la referencia del sujeto plural, al igual que lo hacía la anterior redacción, pero se añade “la actuación de una persona individual amparada en grupo” y en cuanto al tipo conductual, se aplica con carácter general para quien ejecute actos de violencia sobre personas o cosas.

   Otro hecho novedoso es la sanción expresa a la conducta de aquéllos que no participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros, o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo.

   Aqui no encontramos ante la figura penal de la provocación del artículo 18 del Código Penal, el cual distingue entre provocación e inducción, estaríamos en el primer supuesto cuando alguien incita a un tercero a cometer un delito pero este no llega a cometerlo y en el caso de que si lo perpetrara estaríamos ante inducción al delito castigado en el articulo 28 CP. Sin embargo en este caso da igual que se perpetre o no el delito por el ”provocado”, pues en ambos casos se considerara al provocador como autor del delito.

  No vamos a entra en un debate más profundo de cuando estaríamos ante incitación a un delito y cuando esta incitación es lo suficientemente efectiva como para cambiar el ánimo del autor material de los desórdenes, eso lo harán los jueces y su jurisprudencia.

En los nuevos  artículos 557 bis y ter.- Se tipifican los supuestos agravados y los atenuados. Se consideran supuestos agravados: los de porte de armas, exhibición de armas de fuego simuladas, realización de acciones violentas especialmente peligrosas para la vida o la integridad de las personas,  comisión de actos de pillaje, llevar el rostro tapado… Y como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos.

 A través de la nueva redacción se sancioa la incitación a los desórdenes públicos a traves de la difusión de mensajes o consignas, por lo que nos encontramos ante la misma figura jurídica y misma problématica que la regualda en el 557.2 pero en este caso a través de redes sociales o internet, y solo para los desórdenes públicos agravados del articulo 557 bis

   Se revisa la redacción del actual artículo 561 (aviso falso de bomba), para incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergencia. Se suprime el carácter intencional de la anterior redacción “el que, con ánimo de atentar la paz pública…”. convirtendo el delito en un delito de resultado, es decir solo se cometerá el delito cuando provoque la movilización de la policía, servicios asistenciales…

CONCLUSIONES:

 

    Sin entrar en el complejo debate de si estas figuras delictivas son un arma de represión de la protesta o un medio para regular estas legitimas protestas y sancionar únicamente cuando estas se realicen de manera desproporcionada y usando la violencia. Creo que el principal problema de esta reforma es que genera cierta inseguridad jurídica al no dejar claro cuando estamos ante una resistencia grave o leve, o dicho de otro modo no deja claro cuan dura debe ser nuestra resistencia para ser delito o infracción administrativa y sobretodo deja en evidencia la desproporción de las multas en vía administrativa, que en la mayoría de los casos, serán superiores a las impuestas en vía penal. Lo cual, como ya indique, es un ataque a los principios más básicos de todo ordenamiento jurídico.

Fuente : AvogadosNovosVigo

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Los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos en el derecho penal español

El estudio del delito de atentado es interesante desde el punto de vista de la actuación profesional de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que en muchas intervenciones se podrán plantear situaciones que darán lugar al nacimiento de esta figura delictiva.

El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer:

“Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

De acuerdo con la tipicidad que se recoge en el artículo reseñado, es suficiente con que se lleve a cabo cualquiera de los actos que contempla el mismo para considerar que hay atentado. El AUTO de 22-10-1997, núm. 2065/1997, Recurso de Casación núm. 1114/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en cuanto a los requisitos para que surja este delito, dice lo siguiente:

“Con respecto al delito de atentado inveterada doctrina jurisprudencial ha establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado: a) Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, o resistencia también grave; b) que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de autoridad; c) que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta; d) que exista un «animus» o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad (STS 12 junio 1995)”.

En el estudio que llevaremos a cabo de la mencionada figura delictiva, una vez que hemos expuesto las bases sobre las que se sustenta el delito en cuestión, vamos a analizar su incidencia en las actuaciones de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es por ello, por lo que, en primer término, es conveniente determinar de una forma más pormenorizada en qué consiste esta figura delictiva.

  1. En qué consiste el delito de atentado.

    Es un hecho delictivo que se comete, como señala el artículo 550, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas, que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Una primera cuestión que abordaremos es en torno a los sujetos pasivos, ya que conviene aclarar qué se entiende por:

    Autoridad: la definición la encontramos en el artículo 24 delCódigo Penal que señala que se reputará autoridad al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso , tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.

    Funcionario: sigue diciendo el citado precepto en su apartado 2: Se considerará funcionario público todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.

    Por qué se instaura o tipifica el delito de atentado.

    Hay distintas explicaciones al hecho de por qué se tipifica el delito de atentado. La jurisprudencia más representativa del Tribunal Supremo, a través de una serie de sentencias en las que cabe resaltar las de 6 de octubre de 1.982, 14 de febrero de 1.983, 20 de enero de 1.997, dicen que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad. Es decir se protege, más que a la persona del funcionario policial, a la autoridad que representa. Hay otro sector de la jurisprudencia que opina de manera un tanto diferente a las anteriores sentencias y consideran que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad sino el buen funcionamiento del ejercicio de la autoridad.1

    Una vez aclarado por qué se tipifica este delito y qué se entiende desde el punto de vista penal por“autoridad y funcionario público”, hay que ver dónde se ubica, dentro de estos últimos conceptos, a los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como es evidente, según el texto del artículo 24, tales miembros de las fuerzas del orden no son autoridad, aunque sí son funcionarios públicos; en concreto son agentes de la autoridad, ya que dependen orgánicamente de una autoridad, y tienen la consideración de funcionarios públicos ya que participan de la función pública.

    En este orden de cosas, se han planteado muchas dudas en relación con los funcionarios de la policía en prácticas y los vigilantes de seguridad privada, dudas que giran en torno a si tienen la condición de funcionarios públicos y agentes de la autoridad. La jurisprudencia se ha encargado de aclarar esta cuestión en el siguiente sentido: cuando el delito de atentado se cometía contra un funcionario en prácticas o contratado, se les equiparaba a los funcionarios públicos y los calificaba como funcionarios de hecho, ya que al fin y al cabo realizaban la misma función que los que tenían la plaza como titulares.

    La jurisprudencia, por otro lado, de forma tradicional venía manteniendo que los vigilantes de seguridad privados eran considerados como agente de la autoridad. Sin embargo, la jurisprudencia más moderna, con sentencias entre las que resaltamos las de 25 de octubre de 1.991, 18 de noviembre de 1.992 y 8 de octubre de 1.993, no ha reconocido a dichos profesionales la condición de agente de la autoridad, como había venido haciendo antes. Sin embargo, estos profesionales de la seguridad privada, aunque no se les reconoce su condición de agente de la autoridad, también son objeto de una especial protección cuando sean víctimas de actos de acometimiento o intimidación, cuando acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios, conforme señala el artículo 555 del Código Penal., que indica que las penas previstas en los artículos 551 y 552 serán impuestas en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

    ¿Tiene alguna relevancia de cara a la comisión del hecho delictivo del artículo 550 el que el sujeto pasivo del delito tenga la consideración de autoridad, funcionario público o agente de la autoridad?. Si la tiene, y se pone de manifiesto en el contenido del artículo 551 cuando se establece la pena. Dicho artículo, en su punto primero establece una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses, si el atentado se comete contra una autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Es decir, es más grave, como es obvio, la pena a imponer si el delito se comete contra alguna de las autoridades que se relaciona en el artículo 24 del Código Penal, que si el delito se comete contra un agente de la autoridad, si bien es cierto que en determinadas acciones delictivas se produce un “arco de transformación”, como más adelante veremos, y a los agentes de la autoridad se les considera autoridad a los efectos de imponer la pena, cuando con motivo de la comisión del hecho delictivo se ha puesto en peligro la integridad física del agente, situación muy interesante de analizar que, reitero a continuación estudiaremos.

    Acciones que dan lugar al delito de atentado.

    La comisión del hecho delictivo, en relación con los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se traduce en un ataque que se produce cuando se encuentran ejecutando las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Las acciones que nos ofrece el artículo 550 para la comisión de este hecho delictivo son alternativas, y pueden consistir: en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o resistencia activa también grave. Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, es interesante determinar en qué consisten cada una de las acciones que dan lugar al delito de atentado. Vamos a analizar esta cuestión:

    1.- Qué entiende el Tribunal Supremo cuando el artículo 550 habla de acometimiento.

    Por medio de AUTO de 26-2-1997, dictado en el Recurso de Casación núm. 2041/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en el que no admite el Recurso planteado, se señala lo que se entiende por acometimiento. Así la sentencia dice:

    “Del relato fáctico se deduce la existencia de los elementos que configuran el tipo delictivo por los que fue condenado el recurrente, al constar, y con respecto al primero de los delitos, que el recurrente conocía la condición de agente de la policía local, al que desobedeció cuando le pidió la entrega del arma, realizando los disparos hacia donde se encontraba el agente, lo que supone un acto de acometimiento grave con uso de arma, contra autoridad y no contra agente al haberse empleado un arma de fuego, poniendo en peligro la integridad física del agente”.

    Del anterior texto se desprende que la acción de acometimiento consiste en un ataque violento dirigido contra un policía, que en este caso llega a la situación extrema de que le disparan con un arma. De esta situación resaltaremos lo que anunciábamos en líneas atrás, que hay determinadas acciones en que se produce un “arco de transformación”, a los efectos penológicos, consistente en que el funcionario deja, en los casos en que se ponga en peligro su integridad física, de ser considerado agente de la autoridad para tener la consideración de autoridad, lo que lleva como consecuencia que la pena que se impone al autor de los disparos, es la misma que se le impondría si el atentado lo hubiese cometido contra cualquiera de los funcionarios que reseña el artículo 24, 1 del . Sin embargo el problema radica en la aplicación del artículo 7.2 de la ley. El Tribunal Supremo, con referencia al Código Penal derogado entendía que en el caso de atentado contra agentes de la autoridad con armas la pena a imponer era la básica de los atentados contra la autoridad (artículo 232.2), pero no la del artículo 232, 1.1º, porque de lo contrario se tomaría dos veces con efectos agravatorios el uso de armas, con vulneración del principio “nom bis in idem” (sentencia de 3 de octubre de 1.994). Con arreglo a esta doctrina y en relación con el Código Penal de 1.995, si se aplica el artículo citado de la LOFCS, la pena sería, si se aplica el artículo 551, 1, de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses, pero si se aplica el artículo 552, 1º es de 3 años y un día a 4 años y 6 meses, es decir, superior. Siendo tan especial el artículo 552 como el 7 citado de la LOFCS, no se ha de aplicar éste, sino el primero por el principio de alternatividad del artículo 8, 4º del Código Penal.

    2.- Qué se entiende desde la jurisprudencia por “emplear fuerza”:

    Antes de analizar la jurisprudencia veremos primero lo que dice la doctrina, en este caso encabezada por el profesor FRANCISCO MUÑOZ CONDE, el cual en su obra, “Derecho Penal Parte Especial” dice:

    “Por acometimiento la jurisprudencia entiende la acción de agredir corporalmente. Sin embargo, esta acción de agredir corporalmente se puede confundir en algún momento con la acción de empleo de fuerza, que supone ya el empleo de una violencia corporal efectiva (dar una bofetada, lanzar el automóvil contra un guardia municipal)”.

    Nos sigue diciendo el profesor Muñoz Conde: la distinción es en todo caso superflua, pues el empleo de fuerza supone ya el acometimiento y ambos indistintamente constituyen ya el tipo. Cerezo considera que el “empleo de fuerza” incluye también los casos en que la fuerza se dirige contra cosas materiales, siempre que el funcionario reciba en su cuerpo dicha violencia (arrebatar al funcionario una cosa, dejarlo encerrado en una habitación etc”.

     

    Analisis jurisprudencial del empleo de fuerza.

    Son interesantes dos sentencias:

    1.- Una primera la dictada por el Tribunal Supremo con fecha 24 de noviembre de 1.993, que destaca las diferencias que existen entre los términos “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Al respecto establece el alto Tribunal:

    “PRIMERO.-El delito de atentado a la autoridad del art. 231 del Código Penal no es definido por el legislador, aun siendo como es una de las infracciones que con más frecuencia llegan a los Tribunales de Justicia. Tampoco aparece delimitada la exacta medida de la gravedad requerida en los hechos que lo integran en sus cuatro formas comisivas, cuales son, el empleo de la fuerza, la intimidación, el acometimiento y la resistencia grave, sin perjuicio de lo cual puede afirmarse que el acometimiento, en sus distintas modalidades, representa la más acorde y la más característica con el concepto legal del tipo.

    En ese sentido, y en referencia a los hechos ahora enjuiciados, el acometimiento equivale a agresión, ataque físico en suma, de mayor medida cualitativa y cuantitativa que el simple uso de fuerza. El acometimiento representa un plus de gravedad porque esa fuerza, que incuestionablemente se encontrará en el inicio de aquél, llega a más por su insistencia, por sus efectos, por su consistencia”.

    En esta sentencia se analiza los dos conceptos objeto de estudio, “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Acometimiento, desde el punto de vista jurisprudencial, sería por tanto una acción que implica el empleo de fuerza para agredir, o, dicho de otra manera, supone el empleo de una violencia corporal efectiva, en el que se tiene que dar un contacto corporal entre agresor y agredido, que puede dar lugar a una lesión que revista mayor o menor gravedad. El resultado dañoso sería considerado como otro delito distinto.

    Por el contrario, el empleo de fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad o salud del agente de policía, ya que persigue obligarle a hacer o padecer lo que no desea.7

    2.- La segunda sentencia que analizaremos es la dictada con fecha 28 de febrero de 1.998, en el Recurso de Casación núm. 1707/1997, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal. Dice esta sentencia:

    “Por lo que respecta a la tenencia de objetos inflamables o incendiarios, ya hemos dicho que la utilización de uno sólo de ellos, lanzándolo contra un Agente de la Autoridad pudiera subsumirse en el subtipo agravado del delito de atentado (utilización de medios peligrosos etc.)”

    El “empleo de fuerza”, de acuerdo con esta sentencia, y con lo que dice Cerezo, antes citado, no solo se constriñe a obligar al agente de policía a hacer o padecer lo que no desea. Se considera que el “empleo de fuerza” se daría también en el caso de que se lance contra el agente del orden público objetos peligrosos, aunque no lleguen a impactar contra el mismo. En el caso de que tal impacto se produzca, el resultado lesivo sería constitutivo de un delito de lesiones o falta.

    Producción de un resultado lesivo.

    En el comentario realizado de las anteriores sentencias hacíamos referencia a la posibilidad de que con el empleo de fuerza se produzca un resultado lesivo para el funcionario policial. En estas situaciones nos encontramos con que el sujeto que comete el hecho delictivo, con una sola acción comete dos delitos. Analizaremos esta situación tomando como ejemplo el de la última sentencia, en la que se lanza al funcionario un objeto inflamable y con motivo de tal lanzamiento éste resulta lesionado. En este caso, el sujeto activo del delito ha realizado una sola acción, que es la de arrojar un objeto peligroso al policía y con motivo de la misma éste resulta lesionado.

    En estos casos en que con una sola acción se comete dos delitos, por un lado el de atentado y por otro el de lesiones, se habla de un concurso ideal de delitos, cuyo sustento legal lo encontramos en el artículo 77 del Código Penal. El concurso ideal por definición es la concurrencia de dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto.

    3.- Intimidación grave.

    Es interesante también comentar la “intimidación”, que es otra de las acciones que da lugar al nacimiento del delito de atentado. Para que la intimidación dé lugar al delito de atentado se precisa de forma imprescindible que sea grave, ya que, en caso contrario, no constituiría este delito. ¿En qué caso se puede considerar que la intimidación a un agente del orden público es grave? Se considera grave cuando la intimidación se lleva a cabo a través de una amenaza de realizar un mal inmediato. En el caso de que la amenaza que se lanza al funcionario o agente de la Ley no sea grave, no se puede condenar al autor de tal amenaza por el delito de atentado del artículo 550, si bien puede serlo por el delito previsto y penado en el artículo 556 (delito de resistencia y desobediencia grave).

    La sentencia de 19-2-1997, núm. 230/1997. Recurso de Casación núm. 1261/1995, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal es fiel reflejo de la situación comentada antes. Así, tenemos que esta sentencia señala:

    “Se dice que no hubo delito de atentado cuando en la huida de Fidel, perseguido por un policía de paisano que dio a conocer su cualidad de tal con la reiterada voz «alto, policía», de repente se paró y apuntó con la pistola que llevaba hacia dicho agente de la autoridad”.

    Entendemos que son correctos los extensos razonamientos que hace la sentencia recurrida en su Fundamento de Derecho 8.º para concluir que hubo aquí un acto de intimidación grave que encaja en uno de los supuestos previstos en el art. 231.2.º y que aparece penado en el art. 236. Parece fuera de toda duda el que haya de reputarse amenaza el hecho de apuntar con un arma a otra persona y si ello se hace en el curso de una persecución contra un delincuente, cuando éste se vuelve armado contra quien le persigue, asimismo nos parece correcto calificar como grave tal amenaza. Como la cualidad de agente de la autoridad en relación con la persona amenazada aparece asimismo en los hechos probados, ha de estimarse correcta la aplicación al caso de la sanción propia del delito de atentado que la sentencia recurrida impuso”.

    4.- Resistencia activa grave.

    La resistencia grave es la cuarta de las acciones que puede dar lugar al nacimiento del delito de atentado. Por resistencia grave se puede entender aquella actividad, realizada por parte del sujeto activo del delito, que persigue como finalidad dificultar o impedir la actuación profesional de la policía, actividad que se encuentra a la orden del día en muchas intervenciones profesionales, sobre todo en materia de circulación de vehículos. Lo que ocurre, y por eso efectuamos este paréntesis de forma inmediata, es que no toda actuación que persiga dificultar o impedir una actuación profesional puede ser considerada como constitutiva del delito de atentado, ya que, para encontrarnos ante esta situación, se necesita, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, que esta resistencia sea, además de grave, activa. En el caso de que la resistencia sea no grave nos encontraremos con el delito del artículo 556 (delito de desobediencia y resistencia).

    La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1.993 nos viene a establecer cuándo la resistencia es activa y grave. En este sentido dice:

    “La resistencia que reviste la gravedad de atentado es claramente activa e implica el empleo de una oposición tenaz, resuelta, decidida, con utilización de fuerza real, frente a la actuación del agente o funcionario agredido………”

    Esta misma sentencia también nos dice cuándo la resistencia es no grave, que sería la de la siguiente situación:

    “mientras que la resistencia menos grave tipificada en el artículo 237 (del Código Penal derogado) ofrece un carácter más pasivo, simbolizado por un no hacer inequívoco y merma del principio de autoridad. Suponiendo, pues, la resistencia no grave a que da albergue el artículo 237, no sólo una oposición al mandato o actuación de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios públicos, sino una traba u obstrucción a aquéllos, en persistente y declarada porfía, en tenaz y resuelta rebeldía, en actitud, frecuentemente desafiante, de contrafuerza física o material contrarrestadora o debilitante, sin alcanzar la beligerante agresividad y la formal iniciativa violenta, patente en su hostilidad y relevante en sus consecuencias, característica de la resistencia grave.”

  2. Por qué se produce la protección penal en el delito de atentado.

    Se persigue con la tipificación de este delito la protección de los funcionarios policiales (entre otros funcionarios o autoridades) en el ejercicio de sus funciones como autoridad. Se considera, por tanto, que el bien jurídico que se protege con este delito es el principio de autoridad

    En este orden de cosas, es conveniente aclarar que, si bien un agente del orden público, desde el punto de vista formal, se encuentra revestido del carácter de autoridad, ello no quiere decir que todos sus actos lleven de forma aneja tal carácter. Es decir, los ataques que sufra un agente de la policía fuera de horas de servicio, o por motivos privados, no pueden ser calificados de forma automática de atentado conforme señala el artículo 550 antes reseñado. Ello no quiere decir que tales hechos queden impunes, ya que podrán ser castigados como delitos comunes.

  3. situaciones en que los actos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave a los funcionarios policiales no son constitutivos del delito de atentado.

    Estas situaciones en que, por parte del sujeto activo del delito, se realiza cualquiera de las acciones del artículo 550 que darían lugar al nacimiento del delito de atentado, y que, sin embargo y pese a ello, no se da la antijuridicidad, son aquéllas en las cuales los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se exceden en una intervención profesional. Son los casos, por ejemplo, en que el policía, en una detención que lleva a cabo, emplea violencia innecesaria, la que, en este caso, justifica la reacción del sujeto, que puede realizar un acto de legítima defensa respecto de esa violencia innecesaria que se puede imprimir en su detención. Por tanto, la legítima defensa realizada por un particular ante un exceso policial, como causa de justificación sólo se admite cuando este exceso sea antijurídico. Pero no es cualquier acto antijurídico el que puede dar lugar a una legítima defensa; tiene que ser un acto antijurídico constitutivo de delito..

1 comentario

  1. La reforma del código penal; Delitos de Atentado, Resistencia y Desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos
    ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

    Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad viene regulados en los articulos 550 al 556 del Código Penal
    Artículo 550.

    «1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

    En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

    Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
    No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

    Artículo 551.-

    «Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que en el atentado se cometa: 1. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.

    Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
    Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.»
    Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.»

    Artículo 554

    «1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las fuerzas armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado.

    Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.
    También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:
    a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.
    b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»

    Se suprimen los Artículos 552 y 555. El artículo 553 no se modifica.

    Una vez vista la expuesta la nueva regulación del delito de atentando contra la autoridad pasamos a hacer un breve análisis jurídico;

    En esta nueva redacción del artículo 550, lo primero que llama la atención es que desaparece el término resistencia activa por; con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad. Antes estaba claramente diferenciado la resitencia activa de la pasiva, pues nos hayariamos ante la primera cuando el autor realize alguna acción violenta y en el segundo caso estariamos hablando de desobediencia civil o no violenta. Sin embargo ahora se incluye también la intimidación, término que genera una inseguridad jurídica nada aconsejable en la jurisdiccón penal, ¿cuando habría intimidación? ¿puede alguien imaginarse a una chica de 27 años y 65 kilos intimidado a un policía de la UIP ( coloquialmente antidisturbios )?

    En cuanto a los sujetos pasivos del delito, se incluyen(artículo 554), los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública, los bomberos, militares y miembros de la seguridad privada cuando estén identificados y actuando bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. También se incluye a los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad pues el legislador considera que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o funcionario, o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o de gran relevancia social, debe recibir una protección equivalente a la de aquéllos que intervienen con carácter oficial.

    También (aunque ya los había incluido la jurisprudencia) pueden ser víctimas de este delito los profesores y a los médicos, pero solo cuando sean funcionarios. Error. Si eres un contratado laboral, o estas sustituendo a un compañero o si eres un M.I.R entonces ¿ya no puedes ser sujeto pasivo del delito de atentado? ¿Por qué?

    Los delitos de atentado pueden ser cometidos por medio de conductas muy diferentes cuya gravedad puede ser muy desigual. Por esta razón, se opta por modificar las penas con las que se castigan estos delitos reduciendo el límite inferior de la pena que puede ser impuesta. Este artículo englobaría, con sus modificaciones, lo regulado en el artículo 550 y 551 (redacción punto 2, en vigencia desde el 24 de Diciembre del 2.000).

    Se amplían, o se mejor dicho se especifican más, aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva su especial reprochabilidad: a la utilización de armas u objetos peligrosos, se añade; lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos; acometimiento con un vehículo de motor; y, finalmente, cualquier otra acción que conlleve un peligro para la vida o que pueda causar lesiones graves.
    DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA PASIVA

    Artículo 556.-

    «Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»

    2.Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»

    La principal modificación en cuanto a los delitos de desobediencia grave y resistencia pasiva, ahora toda aquella que no este acompañada de violencia o intimidación, es que se incluye como sujeto pasivo al igual que en el delito de atentado a los miembros de las seguridad privada.

    También que con la desaparición de las faltas, el hecho de faltar al respeto a un policía se convierte en delito.

    Desobediencia

    Por otro lado hay que destacar que el artículo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana indica que: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Siendo la pena prevista para estos hechos una multa ente 601 y 30.000€.

    Como ya vimos, la pena para la resistencia o desobediencia pasiva grave, es una multa de 6 a 18 meses, si convertimos esta pena en dinero, tomando como referencia una multa de 5€ día nos saldría, en la vía penal, una pena de entre 900 y 2.700€.

    Por lo que podemos comprobar que es muy plausible que la sanción impuesta a alguien por una desobediencia leve sea superior a la que te impondrían si la desobediencia grave. Esto sin tener en cuenta que, en penal, para calcular la cuantía de la multa, se tienen en cuenta las circunstancias del autor y que la sanción la impone un juez después de un procedimiento con todas las garantías procesales, circunstancias que no suceden en vía administrativa.

    Ya sin entrar en una razonamiento jurídico, de que no puede ser más grave una sanción administrativa que una penal, podemos decir que con estas nueva regulación estamos atacando a la lógica y la coherencia más elemental de cualquier ordenamiento jurídico, cuanto más grave es una acción más dura debe ser su sanción y no al revés
    DESÓRDENES PÚBLICOS:

    Artículo 557

    « 1.Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

    2.Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.»

    Artículo 557 Bis:

    «Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una pena de uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

    1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

    2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

    3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.

    4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje.

    5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

    6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo.»

    Articulo 557 ter

    «1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª o 5.ª del artículo 557 bis.»

    Se suprime el supuesto agravado de la anterior redacción, del artículo 557.2 y 558, entendiendo estos comprendidos dentro del tipo del actual artículo 557

    Artículo 559.-

    «La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.»

    Se suprime la anterior redacción del artículo 559, por la que se castigaba a quien perturbe gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. Esta conducta se incluye en las acciones tipificadas en el artículo 557.

    Articulo 561

    «Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.».

    Una vez expuesta la nueva regulación del delito de desórdenes públicos pasemos a analizar las modificaciones más importantes;

    La definición de «alteración del orden público», parte de la referencia del sujeto plural, al igual que lo hacía la anterior redacción, pero se añade “la actuación de una persona individual amparada en grupo” y en cuanto al tipo conductual, se aplica con carácter general para quien ejecute actos de violencia sobre personas o cosas.

    Otro hecho novedoso es la sanción expresa a la conducta de aquéllos que no participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros, o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo.

    Aqui no encontramos ante la figura penal de la provocación del artículo 18 del Código Penal, el cual distingue entre provocación e inducción, estaríamos en el primer supuesto cuando alguien incita a un tercero a cometer un delito pero este no llega a cometerlo y en el caso de que si lo perpetrara estaríamos ante inducción al delito castigado en el articulo 28 CP. Sin embargo en este caso da igual que se perpetre o no el delito por el ”provocado”, pues en ambos casos se considerara al provocador como autor del delito.

    No vamos a entra en un debate más profundo de cuando estaríamos ante incitación a un delito y cuando esta incitación es lo suficientemente efectiva como para cambiar el ánimo del autor material de los desórdenes, eso lo harán los jueces y su jurisprudencia.

    En los nuevos artículos 557 bis y ter.- Se tipifican los supuestos agravados y los atenuados. Se consideran supuestos agravados: los de porte de armas, exhibición de armas de fuego simuladas, realización de acciones violentas especialmente peligrosas para la vida o la integridad de las personas, comisión de actos de pillaje, llevar el rostro tapado… Y como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos.

    A través de la nueva redacción se sancioa la incitación a los desórdenes públicos a traves de la difusión de mensajes o consignas, por lo que nos encontramos ante la misma figura jurídica y misma problématica que la regualda en el 557.2 pero en este caso a través de redes sociales o internet, y solo para los desórdenes públicos agravados del articulo 557 bis

    Se revisa la redacción del actual artículo 561 (aviso falso de bomba), para incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergencia. Se suprime el carácter intencional de la anterior redacción “el que, con ánimo de atentar la paz pública…”. convirtendo el delito en un delito de resultado, es decir solo se cometerá el delito cuando provoque la movilización de la policía, servicios asistenciales…
    CONCLUSIONES:

    Sin entrar en el complejo debate de si estas figuras delictivas son un arma de represión de la protesta o un medio para regular estas legitimas protestas y sancionar únicamente cuando estas se realicen de manera desproporcionada y usando la violencia. Creo que el principal problema de esta reforma es que genera cierta inseguridad jurídica al no dejar claro cuando estamos ante una resistencia grave o leve, o dicho de otro modo no deja claro cuan dura debe ser nuestra resistencia para ser delito o infracción administrativa y sobretodo deja en evidencia la desproporción de las multas en vía administrativa, que en la mayoría de los casos, serán superiores a las impuestas en vía penal. Lo cual, como ya indique, es un ataque a los principios más básicos de todo ordenamiento jurídico.
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    Los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos en el derecho penal español

    El estudio del delito de atentado es interesante desde el punto de vista de la actuación profesional de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que en muchas intervenciones se podrán plantear situaciones que darán lugar al nacimiento de esta figura delictiva.

    El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer:

    “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

    De acuerdo con la tipicidad que se recoge en el artículo reseñado, es suficiente con que se lleve a cabo cualquiera de los actos que contempla el mismo para considerar que hay atentado. El AUTO de 22-10-1997, núm. 2065/1997, Recurso de Casación núm. 1114/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en cuanto a los requisitos para que surja este delito, dice lo siguiente:

    “Con respecto al delito de atentado inveterada doctrina jurisprudencial ha establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado: a) Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, o resistencia también grave; b) que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de autoridad; c) que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta; d) que exista un «animus» o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad (STS 12 junio 1995)”.

    En el estudio que llevaremos a cabo de la mencionada figura delictiva, una vez que hemos expuesto las bases sobre las que se sustenta el delito en cuestión, vamos a analizar su incidencia en las actuaciones de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es por ello, por lo que, en primer término, es conveniente determinar de una forma más pormenorizada en qué consiste esta figura delictiva.
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    En qué consiste el delito de atentado.

    Es un hecho delictivo que se comete, como señala el artículo 550, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas, que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Una primera cuestión que abordaremos es en torno a los sujetos pasivos, ya que conviene aclarar qué se entiende por:

    Autoridad: la definición la encontramos en el artículo 24 delCódigo Penal que señala que se reputará autoridad al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso , tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.

    Funcionario: sigue diciendo el citado precepto en su apartado 2: Se considerará funcionario público todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.
    Por qué se instaura o tipifica el delito de atentado.

    Hay distintas explicaciones al hecho de por qué se tipifica el delito de atentado. La jurisprudencia más representativa del Tribunal Supremo, a través de una serie de sentencias en las que cabe resaltar las de 6 de octubre de 1.982, 14 de febrero de 1.983, 20 de enero de 1.997, dicen que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad. Es decir se protege, más que a la persona del funcionario policial, a la autoridad que representa. Hay otro sector de la jurisprudencia que opina de manera un tanto diferente a las anteriores sentencias y consideran que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad sino el buen funcionamiento del ejercicio de la autoridad.1

    Una vez aclarado por qué se tipifica este delito y qué se entiende desde el punto de vista penal por“autoridad y funcionario público”, hay que ver dónde se ubica, dentro de estos últimos conceptos, a los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como es evidente, según el texto del artículo 24, tales miembros de las fuerzas del orden no son autoridad, aunque sí son funcionarios públicos; en concreto son agentes de la autoridad, ya que dependen orgánicamente de una autoridad, y tienen la consideración de funcionarios públicos ya que participan de la función pública.

    En este orden de cosas, se han planteado muchas dudas en relación con los funcionarios de la policía en prácticas y los vigilantes de seguridad privada, dudas que giran en torno a si tienen la condición de funcionarios públicos y agentes de la autoridad. La jurisprudencia se ha encargado de aclarar esta cuestión en el siguiente sentido: cuando el delito de atentado se cometía contra un funcionario en prácticas o contratado, se les equiparaba a los funcionarios públicos y los calificaba como funcionarios de hecho, ya que al fin y al cabo realizaban la misma función que los que tenían la plaza como titulares.

    La jurisprudencia, por otro lado, de forma tradicional venía manteniendo que los vigilantes de seguridad privados eran considerados como agente de la autoridad. Sin embargo, la jurisprudencia más moderna, con sentencias entre las que resaltamos las de 25 de octubre de 1.991, 18 de noviembre de 1.992 y 8 de octubre de 1.993, no ha reconocido a dichos profesionales la condición de agente de la autoridad, como había venido haciendo antes. Sin embargo, estos profesionales de la seguridad privada, aunque no se les reconoce su condición de agente de la autoridad, también son objeto de una especial protección cuando sean víctimas de actos de acometimiento o intimidación, cuando acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios, conforme señala el artículo 555 del Código Penal., que indica que las penas previstas en los artículos 551 y 552 serán impuestas en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

    ¿Tiene alguna relevancia de cara a la comisión del hecho delictivo del artículo 550 el que el sujeto pasivo del delito tenga la consideración de autoridad, funcionario público o agente de la autoridad?. Si la tiene, y se pone de manifiesto en el contenido del artículo 551 cuando se establece la pena. Dicho artículo, en su punto primero establece una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses, si el atentado se comete contra una autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Es decir, es más grave, como es obvio, la pena a imponer si el delito se comete contra alguna de las autoridades que se relaciona en el artículo 24 del Código Penal, que si el delito se comete contra un agente de la autoridad, si bien es cierto que en determinadas acciones delictivas se produce un “arco de transformación”, como más adelante veremos, y a los agentes de la autoridad se les considera autoridad a los efectos de imponer la pena, cuando con motivo de la comisión del hecho delictivo se ha puesto en peligro la integridad física del agente, situación muy interesante de analizar que, reitero a continuación estudiaremos.
    Acciones que dan lugar al delito de atentado.

    La comisión del hecho delictivo, en relación con los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se traduce en un ataque que se produce cuando se encuentran ejecutando las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Las acciones que nos ofrece el artículo 550 para la comisión de este hecho delictivo son alternativas, y pueden consistir: en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o resistencia activa también grave. Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, es interesante determinar en qué consisten cada una de las acciones que dan lugar al delito de atentado. Vamos a analizar esta cuestión:

    1.- Qué entiende el Tribunal Supremo cuando el artículo 550 habla de acometimiento.

    Por medio de AUTO de 26-2-1997, dictado en el Recurso de Casación núm. 2041/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en el que no admite el Recurso planteado, se señala lo que se entiende por acometimiento. Así la sentencia dice:

    “Del relato fáctico se deduce la existencia de los elementos que configuran el tipo delictivo por los que fue condenado el recurrente, al constar, y con respecto al primero de los delitos, que el recurrente conocía la condición de agente de la policía local, al que desobedeció cuando le pidió la entrega del arma, realizando los disparos hacia donde se encontraba el agente, lo que supone un acto de acometimiento grave con uso de arma, contra autoridad y no contra agente al haberse empleado un arma de fuego, poniendo en peligro la integridad física del agente”.

    Del anterior texto se desprende que la acción de acometimiento consiste en un ataque violento dirigido contra un policía, que en este caso llega a la situación extrema de que le disparan con un arma. De esta situación resaltaremos lo que anunciábamos en líneas atrás, que hay determinadas acciones en que se produce un “arco de transformación”, a los efectos penológicos, consistente en que el funcionario deja, en los casos en que se ponga en peligro su integridad física, de ser considerado agente de la autoridad para tener la consideración de autoridad, lo que lleva como consecuencia que la pena que se impone al autor de los disparos, es la misma que se le impondría si el atentado lo hubiese cometido contra cualquiera de los funcionarios que reseña el artículo 24, 1 del . Sin embargo el problema radica en la aplicación del artículo 7.2 de la ley. El Tribunal Supremo, con referencia al Código Penal derogado entendía que en el caso de atentado contra agentes de la autoridad con armas la pena a imponer era la básica de los atentados contra la autoridad (artículo 232.2), pero no la del artículo 232, 1.1º, porque de lo contrario se tomaría dos veces con efectos agravatorios el uso de armas, con vulneración del principio “nom bis in idem” (sentencia de 3 de octubre de 1.994). Con arreglo a esta doctrina y en relación con el Código Penal de 1.995, si se aplica el artículo citado de la LOFCS, la pena sería, si se aplica el artículo 551, 1, de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses, pero si se aplica el artículo 552, 1º es de 3 años y un día a 4 años y 6 meses, es decir, superior. Siendo tan especial el artículo 552 como el 7 citado de la LOFCS, no se ha de aplicar éste, sino el primero por el principio de alternatividad del artículo 8, 4º del Código Penal.

    2.- Qué se entiende desde la jurisprudencia por “emplear fuerza”:

    Antes de analizar la jurisprudencia veremos primero lo que dice la doctrina, en este caso encabezada por el profesor FRANCISCO MUÑOZ CONDE, el cual en su obra, “Derecho Penal Parte Especial” dice:

    “Por acometimiento la jurisprudencia entiende la acción de agredir corporalmente. Sin embargo, esta acción de agredir corporalmente se puede confundir en algún momento con la acción de empleo de fuerza, que supone ya el empleo de una violencia corporal efectiva (dar una bofetada, lanzar el automóvil contra un guardia municipal)”.

    Nos sigue diciendo el profesor Muñoz Conde: la distinción es en todo caso superflua, pues el empleo de fuerza supone ya el acometimiento y ambos indistintamente constituyen ya el tipo. Cerezo considera que el “empleo de fuerza” incluye también los casos en que la fuerza se dirige contra cosas materiales, siempre que el funcionario reciba en su cuerpo dicha violencia (arrebatar al funcionario una cosa, dejarlo encerrado en una habitación etc”.

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    Analisis jurisprudencial del empleo de fuerza.

    Son interesantes dos sentencias:

    1.- Una primera la dictada por el Tribunal Supremo con fecha 24 de noviembre de 1.993, que destaca las diferencias que existen entre los términos “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Al respecto establece el alto Tribunal:

    “PRIMERO.-El delito de atentado a la autoridad del art. 231 del Código Penal no es definido por el legislador, aun siendo como es una de las infracciones que con más frecuencia llegan a los Tribunales de Justicia. Tampoco aparece delimitada la exacta medida de la gravedad requerida en los hechos que lo integran en sus cuatro formas comisivas, cuales son, el empleo de la fuerza, la intimidación, el acometimiento y la resistencia grave, sin perjuicio de lo cual puede afirmarse que el acometimiento, en sus distintas modalidades, representa la más acorde y la más característica con el concepto legal del tipo.

    En ese sentido, y en referencia a los hechos ahora enjuiciados, el acometimiento equivale a agresión, ataque físico en suma, de mayor medida cualitativa y cuantitativa que el simple uso de fuerza. El acometimiento representa un plus de gravedad porque esa fuerza, que incuestionablemente se encontrará en el inicio de aquél, llega a más por su insistencia, por sus efectos, por su consistencia”.

    En esta sentencia se analiza los dos conceptos objeto de estudio, “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Acometimiento, desde el punto de vista jurisprudencial, sería por tanto una acción que implica el empleo de fuerza para agredir, o, dicho de otra manera, supone el empleo de una violencia corporal efectiva, en el que se tiene que dar un contacto corporal entre agresor y agredido, que puede dar lugar a una lesión que revista mayor o menor gravedad. El resultado dañoso sería considerado como otro delito distinto.

    Por el contrario, el empleo de fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad o salud del agente de policía, ya que persigue obligarle a hacer o padecer lo que no desea.7

    2.- La segunda sentencia que analizaremos es la dictada con fecha 28 de febrero de 1.998, en el Recurso de Casación núm. 1707/1997, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal. Dice esta sentencia:

    “Por lo que respecta a la tenencia de objetos inflamables o incendiarios, ya hemos dicho que la utilización de uno sólo de ellos, lanzándolo contra un Agente de la Autoridad pudiera subsumirse en el subtipo agravado del delito de atentado (utilización de medios peligrosos etc.)”

    El “empleo de fuerza”, de acuerdo con esta sentencia, y con lo que dice Cerezo, antes citado, no solo se constriñe a obligar al agente de policía a hacer o padecer lo que no desea. Se considera que el “empleo de fuerza” se daría también en el caso de que se lance contra el agente del orden público objetos peligrosos, aunque no lleguen a impactar contra el mismo. En el caso de que tal impacto se produzca, el resultado lesivo sería constitutivo de un delito de lesiones o falta.

    Producción de un resultado lesivo.

    En el comentario realizado de las anteriores sentencias hacíamos referencia a la posibilidad de que con el empleo de fuerza se produzca un resultado lesivo para el funcionario policial. En estas situaciones nos encontramos con que el sujeto que comete el hecho delictivo, con una sola acción comete dos delitos. Analizaremos esta situación tomando como ejemplo el de la última sentencia, en la que se lanza al funcionario un objeto inflamable y con motivo de tal lanzamiento éste resulta lesionado. En este caso, el sujeto activo del delito ha realizado una sola acción, que es la de arrojar un objeto peligroso al policía y con motivo de la misma éste resulta lesionado.

    En estos casos en que con una sola acción se comete dos delitos, por un lado el de atentado y por otro el de lesiones, se habla de un concurso ideal de delitos, cuyo sustento legal lo encontramos en el artículo 77 del Código Penal. El concurso ideal por definición es la concurrencia de dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto.

    3.- Intimidación grave.

    Es interesante también comentar la “intimidación”, que es otra de las acciones que da lugar al nacimiento del delito de atentado. Para que la intimidación dé lugar al delito de atentado se precisa de forma imprescindible que sea grave, ya que, en caso contrario, no constituiría este delito. ¿En qué caso se puede considerar que la intimidación a un agente del orden público es grave? Se considera grave cuando la intimidación se lleva a cabo a través de una amenaza de realizar un mal inmediato. En el caso de que la amenaza que se lanza al funcionario o agente de la Ley no sea grave, no se puede condenar al autor de tal amenaza por el delito de atentado del artículo 550, si bien puede serlo por el delito previsto y penado en el artículo 556 (delito de resistencia y desobediencia grave).

    La sentencia de 19-2-1997, núm. 230/1997. Recurso de Casación núm. 1261/1995, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal es fiel reflejo de la situación comentada antes. Así, tenemos que esta sentencia señala:

    “Se dice que no hubo delito de atentado cuando en la huida de Fidel, perseguido por un policía de paisano que dio a conocer su cualidad de tal con la reiterada voz «alto, policía», de repente se paró y apuntó con la pistola que llevaba hacia dicho agente de la autoridad”.

    Entendemos que son correctos los extensos razonamientos que hace la sentencia recurrida en su Fundamento de Derecho 8.º para concluir que hubo aquí un acto de intimidación grave que encaja en uno de los supuestos previstos en el art. 231.2.º y que aparece penado en el art. 236. Parece fuera de toda duda el que haya de reputarse amenaza el hecho de apuntar con un arma a otra persona y si ello se hace en el curso de una persecución contra un delincuente, cuando éste se vuelve armado contra quien le persigue, asimismo nos parece correcto calificar como grave tal amenaza. Como la cualidad de agente de la autoridad en relación con la persona amenazada aparece asimismo en los hechos probados, ha de estimarse correcta la aplicación al caso de la sanción propia del delito de atentado que la sentencia recurrida impuso”.

    4.- Resistencia activa grave.

    La resistencia grave es la cuarta de las acciones que puede dar lugar al nacimiento del delito de atentado. Por resistencia grave se puede entender aquella actividad, realizada por parte del sujeto activo del delito, que persigue como finalidad dificultar o impedir la actuación profesional de la policía, actividad que se encuentra a la orden del día en muchas intervenciones profesionales, sobre todo en materia de circulación de vehículos. Lo que ocurre, y por eso efectuamos este paréntesis de forma inmediata, es que no toda actuación que persiga dificultar o impedir una actuación profesional puede ser considerada como constitutiva del delito de atentado, ya que, para encontrarnos ante esta situación, se necesita, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, que esta resistencia sea, además de grave, activa. En el caso de que la resistencia sea no grave nos encontraremos con el delito del artículo 556 (delito de desobediencia y resistencia).

    La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1.993 nos viene a establecer cuándo la resistencia es activa y grave. En este sentido dice:

    “La resistencia que reviste la gravedad de atentado es claramente activa e implica el empleo de una oposición tenaz, resuelta, decidida, con utilización de fuerza real, frente a la actuación del agente o funcionario agredido………”

    Esta misma sentencia también nos dice cuándo la resistencia es no grave, que sería la de la siguiente situación:

    “mientras que la resistencia menos grave tipificada en el artículo 237 (del Código Penal derogado) ofrece un carácter más pasivo, simbolizado por un no hacer inequívoco y merma del principio de autoridad. Suponiendo, pues, la resistencia no grave a que da albergue el artículo 237, no sólo una oposición al mandato o actuación de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios públicos, sino una traba u obstrucción a aquéllos, en persistente y declarada porfía, en tenaz y resuelta rebeldía, en actitud, frecuentemente desafiante, de contrafuerza física o material contrarrestadora o debilitante, sin alcanzar la beligerante agresividad y la formal iniciativa violenta, patente en su hostilidad y relevante en sus consecuencias, característica de la resistencia grave.”
    Por qué se produce la protección penal en el delito de atentado.

    Se persigue con la tipificación de este delito la protección de los funcionarios policiales (entre otros funcionarios o autoridades) en el ejercicio de sus funciones como autoridad. Se considera, por tanto, que el bien jurídico que se protege con este delito es el principio de autoridad

    En este orden de cosas, es conveniente aclarar que, si bien un agente del orden público, desde el punto de vista formal, se encuentra revestido del carácter de autoridad, ello no quiere decir que todos sus actos lleven de forma aneja tal carácter. Es decir, los ataques que sufra un agente de la policía fuera de horas de servicio, o por motivos privados, no pueden ser calificados de forma automática de atentado conforme señala el artículo 550 antes reseñado. Ello no quiere decir que tales hechos queden impunes, ya que podrán ser castigados como delitos comunes.
    situaciones en que los actos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave a los funcionarios policiales no son constitutivos del delito de atentado.

    Estas situaciones en que, por parte del sujeto activo del delito, se realiza cualquiera de las acciones del artículo 550 que darían lugar al nacimiento del delito de atentado, y que, sin embargo y pese a ello, no se da la antijuridicidad, son aquéllas en las cuales los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se exceden en una intervención profesional. Son los casos, por ejemplo, en que el policía, en una detención que lleva a cabo, emplea violencia innecesaria, la que, en este caso, justifica la reacción del sujeto, que puede realizar un acto de legítima defensa respecto de esa violencia innecesaria que se puede imprimir en su detención. Por tanto, la legítima defensa realizada por un particular ante un exceso policial, como causa de justificación sólo se admite cuando este exceso sea antijurídico. Pero no es cualquier acto antijurídico el que puede dar lugar a una legítima defensa; tiene que ser un acto antijurídico constitutivo de delito..
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